El debate sobre el impacto de la tecnología en la educación cobró un nuevo impulso en la provincia de Buenos Aires tras la aprobación de una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias. La medida, que fue sancionada este jueves por la Legislatura bonaerense, responde a la preocupación creciente por los efectos negativos que el uso excesivo de dispositivos digitales tiene en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.
La normativa, impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla, de Unión por la Patria, y Lorena Mandagarán, del GEN, establece que los alumnos de nivel primario, tanto de instituciones públicas como privadas, no podrán utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos educativos, salvo que su uso sea requerido por el personal docente. Había sido aprobada en el Senado bonaerense a principios de este año y ahora fue sancionada en Diputados.
El texto legal especifica que el Poder Ejecutivo provincial dispondrá de un plazo de 180 días desde la sanción para reglamentar la ley, aunque fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, a cargo de Alberto Sileoni, dijeron a Infobae que están analizando la normativa y que aún no se ha definido una fecha concreta para su implementación definitiva. La obligatoriedad podría comenzar a regir en 2026 y afectará a 1,5 millones de estudiantes que cursan la primaria en la provincia.
La decisión bonaerense se suma a restricciones similares ya vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Neuquén y Salta y en otros países, como Francia, Brasil, Alemania, Noruega, China y algunos estados de Estados Unidos. Con esta medida, la provincia vuelve a prohibir los celulares en la escuela, algo que ya había impulsado hace casi 20 años la entonces directora general de Cultura y Educación bonaerense, Adriana Puiggrós. Era 2006 y la medida se refería a los celulares tradicionales para hablar y mandar SMS, no a los smartphones con conexión a internet. Esa prohibición fue revertida 10 años después, bajo la gestión de Alejandro Finocchiaro.
En el caso argentino, el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, adoptó en agosto de 2024 la restricción del uso de celulares durante las clases, lo que, según un informe difundido por las autoridades educativas de CABA, derivó en mejoras en la atención en clase y en la interacción social durante los recreos.
Más de la mitad (54%) de los estudiantes argentinos de 15 años reconocen que se distraen en clase usando dispositivos digitales, según un informe de Argentinos por la Educación, basado en las respuestas de los alumnos a los cuestionarios de las pruebas PISA 2022. El 46% de los alumnos afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Si bien se refieren a la escuela secundaria, ambos porcentajes son los más altos de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA.
En primaria, las últimas pruebas Aprender revelaron que el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura: solo uno de cada dos estudiantes termina tercer grado comprendiendo lo que lee y apenas el 43% de los alumnos llega a sexto grado en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua, según los datos recabados. Según los impulsores de la iniciativa, la prohibición de los teléfonos busca contribuir a la mejora de los aprendizajes.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores aclararon que la prohibición no implica excluir la tecnología de las escuelas, sino que busca que los docentes cuenten con herramientas y conocimientos para integrar las tecnologías digitales al aula de manera sólida y segura. El objetivo, afirmaron, es promover hábitos saludables y un uso responsable de la tecnología, evitando que su utilización reemplace actividades esenciales del mundo real. Entre los especialistas, no hay consenso en torno a la prohibición: los argumentos a favor apuntan a evitar las distracciones en clase y alentar la socialización, pero los detractores sostienen que la medida aísla a la escuela del mundo actual.
Los argumentos a favor de la restricción se apoyan en relevamientos de UNICEF y UNESCO, que advierten sobre el uso excesivo de dispositivos electrónicos entre los estudiantes y su impacto negativo en el aprendizaje, el bienestar y las relaciones sociales. Los senadores citaron el Informe Global de Monitoreo de la Educación de la UNESCO de 2023, que alertó sobre las consecuencias del uso excesivo de la tecnología, en particular de celulares, tablets y computadoras, en el proceso educativo. Según el informe, “a pesar de las ventajas que las herramientas digitales pueden ofrecer en la educación, también existen riesgos que a menudo son ignorados y que afectan el avance del proceso educativo”.
Entre los efectos negativos identificados, los legisladores mencionaron que el uso sin restricciones de dispositivos digitales en edades tempranas puede derivar en ludopatías y problemas vinculados a la salud mental. Además, el reemplazo del juego entre pares por el juego en línea refuerza el aislamiento social y puede provocar alienación en la infancia, especialmente cuando los juegos incluyen elementos de violencia. El tiempo dedicado al juego digital reduce el destinado al estudio, la lectura, la comunicación y la interacción entre pares, e inhibe otras actividades durante los recreos. También se advirtió que puede inducir a conductas impulsivas y agresivas.
El texto del proyecto enumera las consecuencias del uso excesivo de dispositivos celulares: problemas auditivos, oculares, de postura, tensión muscular, nerviosismo, angustia, estrés, sedentarismo y obesidad, todos ellos con una repercusión directa en la conducta de la infancia y en su proceso de aprendizaje.
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