A primera hora de la tarde de este miércoles, en una de las zonas más transitadas del centro de Washington, el nombre de Rahmanullah Lakanwal comenzó a circular entre radios policiales y oficinas federales. Hasta ese momento, su presencia en Estados Unidos había transcurrido sin notoriedad. Había llegado en 2021 como parte del contingente de afganos evacuados tras la retirada militar de Washington de su país. Un proceso que, según el Departamento de Estado, permitió el reasentamiento de más de 190.000 personas bajo programas de emergencia. Para las autoridades estadounidenses, Lakanwal no era distinto de muchos que buscaban protección tras el retorno del Talibán al poder.
Originario de Kandahar, de 29 años, Lakanwal había trabajado para una fuerza asociada al Gobierno de Estados Unidos en Afganistán. Fox News informó que esa colaboración incluyó tareas vinculadas a la CIA. El ex director de la agencia, John Ratcliffe, sostuvo que la administración de Joe Biden autorizó su ingreso a territorio estadounidense “debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA”. Según Ratcliffe, esa relación concluyó poco después de la evacuación.
El 8 de septiembre de 2021, Lakanwal ingresó bajo la Operación Aliados Bienvenida, el programa que permitió la llegada acelerada de afganos vinculados a actividades de apoyo a fuerzas estadounidenses. La mayoría de ellos recibió un permiso temporal de dos años. El Departamento de Seguridad Nacional informó que más del 40% de quienes fueron admitidos era elegible para Visas Especiales de Inmigrante por su colaboración en operaciones militares. Lakanwal solicitó asilo en 2024 y obtuvo la protección en 2025, según funcionarios citados por CNN.
Su tránsito por estructuras migratorias incluyó períodos de espera, revisiones documentales y trámites pendientes, un proceso común entre quienes ingresaron bajo el programa de evacuación. Al expirar su permiso inicial, quedó en un estatus irregular, una situación que afectó a parte del contingente afgano. Para entonces, no había información pública sobre su actividad laboral o redes de apoyo en Estados Unidos. Tampoco constaban antecedentes delictivos relevantes en registros disponibles.
La secuencia que lo llevó al tiroteo investigado por las autoridades comenzó el miércoles alrededor de las 2:15 p.m., en las inmediaciones de la estación de metro Farragut West. Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad cuando un hombre abrió fuego en un área donde convergen oficinas federales, turistas y personal de seguridad. La alcaldesa Muriel Bowser lo describió como un “tiroteo selectivo”, sin aportar detalles sobre un posible móvil. Las fuerzas del orden detuvieron a Lakanwal tras un intercambio en el que también resultó herido. Fue trasladado a un hospital bajo custodia.
El episodio generó reacciones inmediatas. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un “acto de terrorismo” y pidió revisar el estatus de todos los afganos que ingresaron durante el gobierno de Biden. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el refuerzo de personal militar en la capital. El vicepresidente J.D. Vance señaló que aún no había una hipótesis confirmada sobre el motivo del ataque.
La investigación se concentra ahora en reconstruir los movimientos recientes de Lakanwal, su situación migratoria, sus vínculos en Estados Unidos y su historial en Afganistán. Las agencias federales no han informado sobre posibles indicios de radicalización, problemas de salud mental o dificultades económicas que pudieran explicar la transición entre su llegada como evacuado y el tiroteo del miércoles. Tampoco se ha difundido una cronología detallada de sus actividades en los días previos.
Los investigadores revisan comunicaciones, registros de empleo, contactos y cualquier elemento que permita establecer si actuó solo y qué circunstancias antecedieron al ataque. El caso se desarrolla mientras los dos miembros de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico.
Rahmanullah Lakanwal, cuyo nombre estuvo asociado a operaciones de apoyo a fuerzas estadounidenses en Afganistán, enfrenta ahora un proceso penal en un escenario cargado de debate político y migratorio. Su historia, hasta hace poco limitada a expedientes administrativos y documentos de asilo, quedó en el centro de una investigación federal que buscará determinar el origen de un ataque ocurrido a metros de la Casa Blanca.
