Equipo de Noticias Latinas
Una jueza federal de Massachusetts suspendió temporalmente las nuevas condiciones que la administración de Donald Trump buscaba aplicar al voto por correo en Estados Unidos, en momentos en que se aproxima el proceso electoral para los comicios de medio término de noviembre.
La magistrada Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, dictó el jueves 27 de agosto una orden de restricción temporal por 14 días contra las directrices impulsadas a través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).
La decisión responde a acciones judiciales promovidas por una coalición de estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles. Durante la vigencia de la orden, el USPS no podrá aplicar los nuevos requisitos técnicos para rechazar papeletas enviadas por correo.
Qué pretendía modificar el USPS
Las disposiciones cuestionadas establecían nuevas obligaciones para los estados que utilizan el sistema postal dentro de sus procesos electorales.
Entre ellas figuraba la entrega al USPS de listados detallados de los destinatarios de las papeletas, además de la incorporación de códigos de barras únicos en los sobres.
El servicio postal se reservaba la posibilidad de no entregar documentación electoral que no respetara esas especificaciones.
Talwani consideró que implementar las modificaciones a tan poca distancia del proceso electoral colocaría a los estados frente a dificultades logísticas y económicas significativas.
En su resolución sostuvo que las autoridades estatales no cuentan con el “tiempo ni los fondos” necesarios para producir nuevos materiales, obtener las autorizaciones correspondientes, modificar sus sistemas de gestión electoral y capacitar al personal para operar el portal electrónico requerido por el USPS.
Una nueva batalla judicial por el voto postal
La controversia se desarrolla en medio del prolongado enfrentamiento político en Estados Unidos alrededor del voto por correo.
Trump ha cuestionado reiteradamente esta modalidad y la ha vinculado con el fraude electoral, pese a haber utilizado él mismo el voto postal en ocasiones anteriores.
La disputa actual también se suma a otros intentos de la administración por introducir modificaciones en los procedimientos electorales.
El año pasado, el Gobierno promovió mediante una orden ejecutiva la exigencia de documentación que acreditara la ciudadanía para registrar votantes. Esa iniciativa también encontró obstáculos en los tribunales por cuestionamientos sobre las facultades del Ejecutivo federal para intervenir en normas electorales administradas por los estados.
El debate sobre quién puede establecer las reglas
Uno de los puntos centrales del litigio es precisamente determinar hasta dónde llegan las competencias del Gobierno federal sobre los mecanismos utilizados por los estados para organizar sus elecciones.
Entre los demandantes se encuentra la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que sostiene que ni el Poder Ejecutivo ni el servicio postal poseen autoridad constitucional para modificar por esa vía procedimientos electorales cuya regulación corresponde a las legislaturas estatales y al Congreso.
Talwani también cuestionó la justificación utilizada para introducir las nuevas exigencias.
Según señaló en su fallo, el USPS no aportó evidencia de un problema de fraude relacionado con el voto por correo que justificara la necesidad de implementar esas modificaciones.
La magistrada consideró que el riesgo de que ciudadanos puedan quedar privados de ejercer su derecho al voto tiene mayor peso que el interés administrativo del organismo postal en aplicar las nuevas reglas.
Un estudio situó el fraude en niveles extremadamente bajos
La controversia también gira en torno a la dimensión real de las irregularidades asociadas al voto postal.
Un informe publicado en 2025 por la Brookings Institution estimó una incidencia de aproximadamente cuatro casos de fraude por cada 10 millones de papeletas emitidas mediante esta modalidad.
Ese dato contrasta con las reiteradas afirmaciones de Trump sobre la existencia de fraude generalizado en el sistema de voto por correo.
El caso podría regresar a la Corte Suprema
La nueva resolución de Talwani llega pocos días después de otra intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos en el mismo conflicto.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, había anulado el lunes una decisión anterior de la jueza al considerar que las demandas habían sido presentadas antes de tiempo.
Posteriormente, la administración formalizó las nuevas normas, lo que abrió la puerta para que los demandantes volvieran a plantear el caso ante el tribunal de distrito.
La abogada de la ACLU Sophia Lin Lakin afirmó que la nueva orden judicial “presiona el botón de pausa en una toma de poder ilegal” que, según la organización, amenazaba con provocar confusión entre los votantes.
El próximo capítulo del litigio está previsto para el 3 de septiembre, cuando se realizará una nueva audiencia. Debido a que la controversia involucra las atribuciones del Poder Ejecutivo y la regulación de los procesos electorales, el caso podría terminar nuevamente ante la Corte Suprema.
