Equipo de Noticias Latinas
La devastación provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la infraestructura levantada durante años mediante acuerdos entre el chavismo y China. El debate se concentra especialmente en La Guaira, la región más castigada por el desastre y donde varios complejos habitacionales vinculados a convenios internacionales terminaron reducidos a escombros.
La tragedia dejó un balance final informado de 6.509 muertos y 1.579 desaparecidos, además de miles de heridos y familias afectadas. Pero, junto con la emergencia humanitaria, el colapso de edificios volvió a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación, supervisión y control utilizados en grandes proyectos de vivienda construidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los terremotos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y se produjeron con aproximadamente 30 segundos de diferencia. Ambos fueron movimientos superficiales, con una profundidad cercana a los diez kilómetros, lo que incrementó la intensidad de las sacudidas en las zonas pobladas del norte venezolano.
La Guaira y los complejos habitacionales que quedaron bajo los escombros
La destrucción alcanzó especialmente a La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron y miles de familias quedaron afectadas.
Entre las estructuras dañadas aparecen desarrollos de vivienda social construidos durante los años de expansión de los programas estatales del chavismo.
Reuters documentó que partes de un complejo de aproximadamente 1.100 viviendas en La Guaira fueron destruidas por los terremotos. Ante la magnitud de los daños, ingenieros reclamaron al gobierno venezolano una auditoría inmediata de otros conjuntos que permanecen en pie.
La preocupación no se limita a determinar por qué determinados edificios colapsaron.
También apunta a conocer cómo fueron construidos, quién supervisó las obras, qué controles técnicos se realizaron y qué documentación quedó en poder de las autoridades venezolanas.
Según las informaciones disponibles, distintos proyectos fueron ejecutados aceleradamente mediante una combinación de organismos estatales y contratistas procedentes de China, Turquía y Bielorrusia, con supervisión militar y escasa información pública sobre las condiciones contractuales.
En varios de los convenios vinculados con empresas chinas ya existían cuestionamientos relacionados con opacidad, debilidad de los controles y cláusulas de confidencialidad.
El terremoto volvió ahora a colocar esas prácticas en el centro de la discusión.
China y Venezuela: viviendas financiadas mediante una alianza respaldada por petróleo
La participación china en la infraestructura venezolana se expandió como parte de la relación económica construida entre Caracas y Beijing durante los gobiernos chavistas.
Uno de sus principales instrumentos financieros fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, conocido como Fondo Chino, utilizado para financiar proyectos vinculados con infraestructura, industria, transporte y vivienda.
De acuerdo con documentación recopilada por Transparencia Venezuela, entre las compañías participantes aparece Citic Construction Co. Ltd., vinculada a proyectos habitacionales, mientras que China CAMC Engineering Co., Ltd. también mantuvo negocios con el Estado venezolano.
Registros compilados por Vendata incluyen igualmente acuerdos para construir viviendas entre organismos públicos venezolanos, Citic Construction y entidades financieras de China, además de convenios incorporados al esquema del Fondo Conjunto.
El funcionamiento de este modelo combinaba financiamiento chino, compromisos relacionados con las exportaciones venezolanas de petróleo y adjudicación de obras a compañías del país asiático.
Según las fuentes citadas en el informe original, una de las principales controversias residía en el limitado acceso de autoridades civiles venezolanas a la supervisión efectiva de determinados proyectos, además de la falta de transparencia pública sobre aprobaciones y documentación técnica.
Contratos confidenciales y miles de millones de dólares
Los cuestionamientos sobre la transparencia de estos acuerdos son anteriores al terremoto.
Una investigación de Armando.info examinó el sistema de cooperación entre Venezuela y China y señaló la existencia de contratos favorables a compañías como Citic Construction y CAMC Engineering.
Entre los antecedentes mencionados aparece un acuerdo de 2005 para construir 20.000 viviendas, que contenía condiciones de confidencialidad relacionadas con información financiera, comercial y documental del contratista.
La misma investigación describió al Fondo Chino como un mecanismo que llegó a canalizar al menos 50.000 millones de dólares en financiamiento relacionado con petróleo venezolano, adquisición de productos chinos y contratación de compañías del país asiático para proyectos de infraestructura, vivienda y sistema eléctrico.
También fueron publicadas denuncias sobre presuntos sobreprecios y corrupción alrededor de determinados proyectos habitacionales adjudicados a Citic.
La existencia de esas denuncias no permite establecer por sí sola la causa técnica del derrumbe de cada edificio. Sin embargo, el desastre convirtió en una cuestión urgente determinar si las construcciones cumplieron las normas correspondientes y si existió una supervisión adecuada durante su ejecución.
El terremoto convierte la transparencia en una cuestión de seguridad
El escenario que emerge tras los sismos reúne varios elementos que ahora deberán ser examinados: grandes programas de vivienda pública, financiamiento internacional, contratistas extranjeros, acuerdos con cláusulas de confidencialidad y antecedentes de cuestionamientos sobre los mecanismos de control.
La discusión adquiere una dimensión particularmente grave porque ya no se refiere únicamente al costo económico de las obras.
Se trata de determinar si las condiciones bajo las cuales fueron construidas determinadas viviendas pudieron influir en su capacidad para resistir un terremoto de enorme magnitud.
Para establecerlo será necesario realizar peritajes estructurales y técnicos sobre los edificios destruidos y aquellos que todavía permanecen en pie.
La tragedia también vuelve a plantear un interrogante más amplio sobre los acuerdos de infraestructura establecidos entre gobiernos latinoamericanos y Beijing, especialmente cuando los mecanismos de financiamiento y contratación dificultan el acceso público a información sobre costos, controles y ejecución.
Dos terremotos en apenas segundos
El desastre comenzó el 24 de junio, cuando dos fuertes movimientos sísmicos sacudieron el norte de Venezuela con aproximadamente medio minuto de diferencia.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó uno de los movimientos cerca de Yumare, estado Yaracuy, mientras que el otro se produjo frente a las costas de La Guaira, al oeste de Catia La Mar.
Los daños más severos se registraron en La Guaira, aunque Caracas también sufrió cortes eléctricos, daños en edificios y problemas de circulación. Hubo además afectaciones en Yaracuy y otras zonas del centro-norte venezolano.
Durante las primeras horas, las autoridades contabilizaban al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, pero esas cifras todavía no incorporaban completamente la magnitud de lo ocurrido en La Guaira.
Con el avance de las operaciones de búsqueda y recuperación, el alcance real de la catástrofe comenzó a emerger.
El balance final citado ascendió a 6.509 muertos y 1.579 personas desaparecidas, convirtiendo el terremoto en una tragedia de dimensiones extraordinarias.
Ahora, además de reconstruir ciudades y asistir a miles de familias, Venezuela enfrenta otra tarea: determinar por qué tantos edificios terminaron convertidos en escombros y establecer si detrás de algunos de esos derrumbes existieron fallas de construcción, ausencia de controles o deficiencias en la supervisión de las obras.