Equipo de Noticias Latinas
El transporte de cargas en Bolivia comenzó a recalcular sus costos después de la eliminación de la subvención al diésel, una medida que llevó el precio del combustible de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro y abrió negociaciones entre transportistas y el Gobierno para revisar las tarifas de los fletes.
El incremento, superior al 80%, tiene un impacto particularmente sensible sobre una economía que depende del exterior para cubrir alrededor del 95% de su consumo de diésel y que enfrenta dificultades de abastecimiento desde 2024.
La primera reacción llegó desde el transporte de combustibles. La Cámara Nacional de Cisterneros anunció inicialmente la suspensión de sus operaciones ante el aumento de los costos, aunque posteriormente alcanzó un entendimiento con las autoridades para mantener el servicio mientras continúan las conversaciones sobre una actualización de los fletes.
Un nuevo mecanismo para determinar el precio
El cambio fue establecido mediante el Decreto Supremo 5716, aprobado el 18 de septiembre. La normativa fijó inicialmente el precio regulado del diésel en 17,95 bolivianos por litro, IVA incluido, frente a los 9,80 bolivianos que pagaban hasta entonces los pequeños consumidores.
La modificación no se limita al valor final. Bolivia también cambió el sistema utilizado para calcular el precio interno del combustible.
El nuevo esquema toma como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI), que incorpora el costo del producto adquirido en el exterior, el transporte nacional e internacional, almacenamiento, inspecciones, costos financieros y tributos aduaneros.
La normativa contempla además un sistema de bandas que permitirá modificar el precio de acuerdo con las referencias internacionales. De esta forma, el valor interno del diésel queda directamente vinculado con las condiciones y costos del abastecimiento externo.
La dependencia energética del país explica parte de la magnitud del cambio. Bolivia importa aproximadamente el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, mientras destina cerca de 90 millones de dólares semanales a la compra de combustibles.
El Gobierno sostiene que retirar la subvención permitirá mejorar el abastecimiento y reducir un gasto estimado en unos 2.600 millones de dólares anuales. Como parte del nuevo esquema económico también anunció créditos preferenciales para determinados sectores productivos y otras medidas de acompañamiento.
Los transportistas revisan sus estructuras de costos
La suba del diésel repercutió de manera inmediata en los operadores logísticos. Los transportistas de cisternas argumentaron que el combustible constituye uno de los principales componentes de sus costos y reclamaron una actualización de las tarifas para mantener la viabilidad de las operaciones.
El conflicto llegó inicialmente a comprometer los corredores utilizados para ingresar carburantes al país. Representantes del sector informaron sobre cargas detenidas en diferentes puntos y mencionaron operaciones relacionadas con puertos del Pacífico y rutas de abastecimiento procedentes de Paraguay y Argentina.
Después de mantener reuniones con autoridades nacionales, los cisterneros decidieron continuar normalmente con el traslado de combustibles mientras se negocian los nuevos costos operativos. El acuerdo permitió dejar sin efecto la suspensión de las tareas de carga y descarga anunciada previamente.
Pero el reclamo no quedó limitado a ese sector. Otras organizaciones de transportistas rechazaron el nuevo precio y comenzaron a evaluar sus propias estructuras tarifarias.
En Santa Cruz de la Sierra, representantes del transporte urbano advirtieron que deberán recalcular sus costos teniendo en cuenta no solamente el combustible, sino también gastos asociados con mantenimiento, repuestos y neumáticos.
La caída de la producción energética agrava la dependencia externa
La modificación del precio ocurre en un contexto de deterioro de la capacidad energética boliviana. La producción nacional de gas natural cayó desde aproximadamente 61 millones de metros cúbicos diarios en 2014 hasta unos 27 millones.
La reducción disminuyó los ingresos provenientes de las exportaciones de gas y limitó los recursos disponibles para financiar las crecientes importaciones de combustibles.
Frente a esa situación, Bolivia había comenzado a introducir cambios para ampliar las fuentes de abastecimiento. Entre ellos se encuentran la autorización para que operadores privados importen combustibles y la posibilidad de que las refinerías nacionales adquieran petróleo crudo en el exterior para procesarlo dentro del país.
Las plantas Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell procesaban conjuntamente 24.067 barriles diarios, equivalentes a cerca del 38% de su capacidad de diseño. El objetivo planteado es incorporar inicialmente entre 5.000 y 7.000 barriles diarios adicionales.
También fueron flexibilizados determinados procedimientos aduaneros relacionados con el almacenamiento, transferencia y comercialización de combustibles importados, con la intención de acelerar las operaciones y mejorar su trazabilidad.
El nuevo escenario coloca ahora al transporte en el centro del proceso de ajuste. La renegociación de los fletes será determinante no solamente para los operadores de carga, sino también para los costos de producción y distribución de mercaderías dentro de Bolivia.
Mientras el transporte de combustibles continúa funcionando, las negociaciones entre el Gobierno y los distintos sectores definirán cuánto del incremento del diésel terminará trasladándose a los costos logísticos y, posteriormente, al resto de la cadena de abastecimiento.