Equipo de Noticias Latinas
El Gobierno de Javier Milei analiza modificar su estrategia en el Congreso y reabrir la negociación sobre la Ley de Tierras como parte de una maniobra destinada a proteger el DNU 70/2023, amenazado por una nueva ofensiva opositora en la Cámara de Diputados.
El escenario cambió después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras y dejara nuevamente operativo el artículo 154 del megadecreto. Esa disposición eliminó las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión judicial reactivó inmediatamente el debate político. Distintos bloques opositores comenzaron a coordinar una estrategia para conseguir que Diputados rechace el DNU 70, que ya había sido rechazado por el Senado.
El problema para la Casa Rosada es considerable: el decreto tiene 366 artículos y constituye una de las principales bases jurídicas del programa de desregulación implementado desde el comienzo de la gestión libertaria.
Un fallo que obligó al oficialismo a revisar sus planes
La resolución de la Corte apareció cuando la estrategia legislativa del Gobierno estaba concentrada en otros asuntos.
La mesa política oficialista venía trabajando sobre la reforma electoral, el proyecto de ley relacionado con Malvinas y el Presupuesto 2027, entre otras iniciativas.
También se encuentra pendiente en Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió media sanción del Senado después de que el oficialismo aceptara retirar dos puntos conflictivos: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y el capítulo relacionado con la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Ahora, paradójicamente, la Casa Rosada estudia volver a incorporar la cuestión de las tierras dentro de esa iniciativa.
El objetivo sería abrir una negociación específica sobre ese tema y evitar que la discusión termine concentrándose exclusivamente en la derogación completa del DNU 70.
La Ley de Tierras ya había generado dificultades para Milei
La posibilidad de flexibilizar las restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras rurales provocó fuertes discusiones durante los últimos meses.
Ante la judicialización del artículo 154 del DNU, iniciada en 2024, el ministro Federico Sturzenegger había planteado a Milei la posibilidad de trasladar la reforma al Congreso.
El oficialismo intentó inicialmente conseguir respaldo para una eliminación prácticamente total de las restricciones.
Las negociaciones posteriores llevaron primero a considerar un límite del 20% del territorio rural en manos extranjeras y luego uno del 15%.
Finalmente, ante la resistencia política que generó la iniciativa, el Gobierno terminó retirando el capítulo durante el tratamiento legislativo.
La decisión de la Corte volvió ahora a colocar el asunto en el centro de la escena.
La oposición apunta directamente contra todo el DNU
Después del fallo, dirigentes de diferentes bloques opositores coincidieron en avanzar contra el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.
El mecanismo previsto para los decretos de necesidad y urgencia establece que pueden perder vigencia si son rechazados por ambas cámaras del Congreso.
El Senado ya había votado contra el decreto en 2024, pero hasta ahora sus adversarios no habían conseguido reunir en Diputados los apoyos suficientes para completar el rechazo.
La preocupación dentro del oficialismo aumentó después de observar votaciones recientes en las que la oposición logró superar el umbral de los 129 diputados necesarios para el quórum.
A fines de agosto, por ejemplo, consiguió reunir 133 votos para impulsar iniciativas vinculadas con el desendeudamiento y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Ese antecedente es analizado ahora dentro del Gobierno al calcular los riesgos que enfrenta el DNU.
La estrategia: separar la discusión sobre tierras del megadecreto
Una de las alternativas que estudia la Casa Rosada consiste en incorporar nuevamente la discusión sobre la Ley de Tierras dentro de las comisiones de Diputados que tienen en tratamiento el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La estrategia todavía se encuentra en una etapa preliminar y no fue formalmente acordada por toda la mesa política oficialista.
El propósito sería negociar específicamente las restricciones sobre la adquisición de tierras rurales y reducir así uno de los principales incentivos políticos utilizados por la oposición para avanzar contra la totalidad del DNU.
“Creemos que deberíamos abrir la negociación con los aliados sobre ese proyecto. Hay que resolver la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados”, explicó una fuente libertaria.
La apuesta consiste en resolver primero ese debate y dejar posteriormente al DNU 70 separado de la controversia por las tierras.
Un límite del 15% aparece como posible punto de negociación
Dentro del Gobierno consideran que algunos aliados podrían aceptar una solución intermedia.
En lugar de mantener la eliminación completa de las restricciones que actualmente deriva del artículo 154, podría negociarse un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales.
La Casa Rosada entiende que ese esquema podría resultar más aceptable para gobernadores y legisladores que la liberalización total.
Sin embargo, no existe todavía un acuerdo y tampoco está garantizado que los bloques opositores acepten separar ambas discusiones.
El oficialismo enfrenta además la posibilidad de que el artículo 154 vuelva a ser judicializado.
Qué dijo la Justicia sobre el alcance del fallo
Desde ámbitos judiciales remarcaron que la decisión de la Corte no supone una definición sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
El rechazo de la demanda estuvo relacionado con la falta de legitimación y no implicó, según esa interpretación, un pronunciamiento definitivo sobre la validez constitucional del artículo.
También se señaló que la sentencia no afecta las facultades del Congreso para controlar el DNU.
Esto significa que una nueva causa en la que pueda demostrarse la afectación concreta de un derecho podría eventualmente generar otra medida cautelar contra la norma.
En paralelo, el Congreso mantiene intacta su capacidad para pronunciarse sobre la continuidad o rechazo del decreto.
El DNU 70 es mucho más que la Ley de Tierras
La preocupación de la Casa Rosada responde a que una eventual caída del decreto tendría consecuencias considerablemente más amplias que la discusión sobre la propiedad rural.
Sus 366 artículos abarcan regulaciones relacionadas con comercio, servicios, industria, sistema financiero y distintos sectores de la economía.
Entre sus disposiciones se encuentra también la derogación de la Ley de Alquileres, uno de los cambios regulatorios más importantes aplicados por la administración Milei.
Por ese motivo, el Gobierno pretende evitar que el conflicto por un único capítulo termine provocando el rechazo de todo el paquete normativo.
Menem y Santilli buscan los votos de los gobernadores
Las negociaciones parlamentarias quedaron en manos de algunas de las principales figuras políticas del oficialismo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene contactos con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en momentos en que el Gobierno intenta consolidar acuerdos con los gobernadores.
Santilli viajó a París para participar de la Argentina Week, encuentro al que fueron convocados 13 mandatarios provinciales, en su mayoría aliados o interlocutores del Ejecutivo.
El peso de esas conversaciones puede resultar determinante.
Al menos la mitad de los gobernadores participantes cuentan con diputados que responden directamente a sus estructuras políticas y cuyos votos podrían definir el futuro del DNU.
La Casa Rosada deberá decidir ahora si utiliza la Ley de Tierras como pieza de negociación para conservar el resto de la arquitectura desregulatoria del decreto.
La estrategia supone aceptar algún grado de restricción a la adquisición extranjera de tierras rurales a cambio de reducir los apoyos a una ofensiva parlamentaria mucho más peligrosa para el Gobierno: la derogación completa del DNU 70/2023.