Equipo de Noticias Latinas
El fiscal general de Bolivia, Roger Rider Mariaca Montenegro, quedó en el centro de una grave controversia después de que Estados Unidos lo acusara formalmente de corrupción y de haber utilizado cargos públicos para facilitar actividades vinculadas con el narcotráfico y favorecer a delincuentes violentos.
La decisión estadounidense coloca al gobierno del presidente Rodrigo Paz frente a un desafío especialmente delicado: las acusaciones alcanzan a quien ocupa la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano y se producen mientras La Paz y Washington intentan reconstruir una relación bilateral deteriorada durante casi dos décadas.
El Departamento de Estado dispuso sanciones y restricciones de ingreso contra funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entre los nombres bolivianos sobresale Mariaca, elegido fiscal general en octubre de 2024 para un mandato de seis años.
Las acusaciones formuladas por Washington son de extrema gravedad, aunque constituyen señalamientos del gobierno estadounidense y no equivalen por sí mismos a una condena judicial contra el fiscal.
Washington acusa a Mariaca de aceptar sobornos
Estados Unidos sostuvo que Mariaca participó en “actos de corrupción significativa” y dispuso que tanto él como integrantes de su familia inmediata quedaran, en términos generales, impedidos de ingresar a territorio estadounidense.
La acusación va más allá de irregularidades administrativas.
Según el Departamento de Estado, Mariaca habría abusado de sus funciones públicas mediante la solicitud y aceptación de sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evitar la acción de la Justicia.
Washington vinculó esas presuntas conductas con sus actuales esfuerzos regionales contra el narcotráfico y afirmó que este tipo de prácticas debilita las instituciones democráticas bolivianas.
La embajada estadounidense en La Paz ya había anticipado el endurecimiento de su posición el 15 de septiembre con una advertencia explícita: “No toleramos la narco-política en el hemisferio y nadie está exento”.
El nombre de Sebastián Marset aparece detrás de las sospechas
Las acusaciones adquieren una dimensión adicional por las versiones que relacionan a Mariaca con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que permaneció durante años en Bolivia.
Marset vivió durante parte de ese período en Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que Mariaca desarrolló buena parte de su carrera como fiscal.
El narcotraficante fue detenido en marzo de 2026 por autoridades bolivianas con asistencia de la DEA y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
Al momento de esos hechos, Mariaca ya no se desempeñaba como fiscal en Santa Cruz.
Las sospechas mencionadas alrededor del caso sostienen que el actual fiscal general habría brindado protección a Marset y que el narcotraficante uruguayo podría estar colaborando con la Justicia estadounidense.
Hasta el momento, esas afirmaciones deben ser consideradas acusaciones y versiones bajo investigación, no hechos judicialmente establecidos.
La posibilidad de que Marset aporte información a las autoridades estadounidenses genera, además, interrogantes sobre si podrían aparecer nuevos nombres vinculados con estructuras políticas, judiciales o policiales bolivianas.
Mariaca denuncia “injerencia”
El fiscal general rechazó las acusaciones y respondió apelando a los conceptos de “injerencia” e “interferencia” extranjera.
Su posición abre un conflicto institucional complejo para Bolivia, ya que cualquier investigación interna sobre los señalamientos estadounidenses involucra directamente al máximo responsable del Ministerio Público.
Mariaca fue elegido en 2024 por una Asamblea Legislativa en la que el Movimiento al Socialismo mantenía una posición mayoritaria y atravesaba entonces la disputa interna entre los sectores vinculados con Evo Morales y Luis Arce.
De no producirse una acción institucional que modifique su situación, su mandato se extiende hasta 2030.
El gobierno de Rodrigo Paz exige que los acusados respondan ante la Justicia
La administración de Rodrigo Paz evitó respaldar a los funcionarios señalados y sostuvo que quienes aparecen involucrados deberán comparecer ante la Justicia.
La posición fue comunicada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.
La respuesta plantea, sin embargo, un problema evidente: el propio Mariaca ocupa una posición central dentro del sistema encargado de promover la acción penal.
El Ejecutivo deberá enfrentar así el desafío de garantizar que cualquier investigación pueda desarrollarse con independencia y sin interferencias derivadas de la jerarquía institucional del fiscal general.
Fiscales, jueces, un policía y un empresario entre los sancionados
Mariaca no es el único boliviano alcanzado por las medidas estadounidenses.
La nómina incluye también a Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; y Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de ese departamento.
También aparecen Iván Manolo Lima Magne, ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y ex fiscal departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; y Alberto Samuel Soto de la Vía, ex presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
La lista se completa con Iván Ramiro Campero Villalba, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; y el empresario José Luis Iriarte Cussi.
La amplitud de los nombres señalados convierte el episodio en un problema que excede la situación individual del fiscal general y alcanza distintas áreas del aparato judicial y estatal.
Una relación con Washington que intenta recomponerse
La crisis aparece además en un momento particularmente sensible de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.
La representación estadounidense en La Paz está encabezada por la encargada de Negocios Amanda Porter, quien asumió recientemente con un equipo dedicado a reconstruir los vínculos después de 17 años de distanciamiento.
La ruptura se remonta al gobierno de Evo Morales, durante el cual fueron expulsados representantes estadounidenses mientras Bolivia profundizaba sus relaciones con Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China.
Ahora, la cooperación contra el narcotráfico vuelve a ocupar un lugar central en la relación bilateral.
La detención y posterior traslado de Marset a Estados Unidos representó una señal de esa nueva etapa de colaboración.
El desafío para Rodrigo Paz
El gobierno boliviano enfrenta una decisión políticamente compleja.
Ignorar las acusaciones podría deteriorar la reconstrucción de los vínculos con Washington y alimentar cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para investigar posibles redes de corrupción y narcotráfico.
Pero cualquier intervención deberá respetar los mecanismos constitucionales y las competencias institucionales correspondientes, especialmente porque las acusaciones extranjeras no sustituyen una investigación ni una sentencia de la Justicia boliviana.
El problema adquiere mayor profundidad porque Washington no cuestionó solamente a un funcionario político: señaló directamente al fiscal general y a varios integrantes del sistema judicial.
Estados Unidos ya había advertido que utilizaría sus herramientas para identificar a legisladores, fiscales, jueces y otros funcionarios que, según sus investigaciones, utilizaran sus posiciones para facilitar corrupción o narcotráfico.
Con las nuevas sanciones, aquella advertencia se convirtió en una acción concreta.
La incógnita pasa ahora por determinar cómo responderán las instituciones bolivianas y qué medidas adoptará el gobierno de Rodrigo Paz para garantizar investigaciones independientes sobre acusaciones que alcanzan al propio vértice del Ministerio Público.