Equipo de Redacción – Noticias Latinas
El sistema universitario argentino enfrenta un doble desafío: resolver la crisis de financiamiento que afecta a las instituciones públicas y, al mismo tiempo, impulsar transformaciones académicas que permitan mejorar la calidad de la enseñanza, aumentar la cantidad de graduados y fortalecer la investigación científica.
La discusión volverá a ocupar el centro de la agenda nacional el próximo jueves 15 de octubre, cuando se realice la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por autoridades académicas, organizaciones estudiantiles y sindicatos docentes y no docentes para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización se desarrollará después de casi tres años de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la distribución de recursos, la evolución de los salarios, las becas estudiantiles y el financiamiento de las actividades científicas.
Según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), dependiente de la Universidad de Buenos Aires, el presupuesto universitario de julio de 2026 se encontraba un 40,5% por debajo del registrado en el mismo mes de 2023. Por su parte, las universidades y los sindicatos estiman que los salarios acumulan una pérdida del 31,2%.
Sin embargo, detrás de la controversia presupuestaria existe una discusión de mayor alcance: cómo modernizar un sistema que recibe a millones de estudiantes, pero presenta dificultades para lograr que completen sus carreras en los plazos previstos.
Argentina tiene más universitarios que Brasil y Chile, pero menos graduados
Uno de los principales problemas estructurales de la educación superior argentina es la diferencia entre la cantidad de estudiantes que acceden a la universidad y quienes finalmente obtienen un título.
Un estudio del Centro de Estudios de la Educación Argentina, perteneciente a la Universidad de Belgrano, revela que Argentina presenta una matrícula universitaria proporcionalmente superior a la de Brasil y Chile, aunque sus indicadores de graduación son considerablemente menores.
Según los datos correspondientes a 2023, Argentina registraba 564 estudiantes universitarios por cada 10.000 habitantes, frente a 461 en Brasil y 352 en Chile.
La situación cambia al observar la cantidad de egresados: Argentina contabilizaba apenas 31 graduados por cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil alcanzaba 64 y Chile registraba 57.
Las estadísticas oficiales también reflejan esta dificultad.
El Anuario de Estadísticas Universitarias 2024 de la Secretaría de Educación señala que las universidades nacionales contaban con 1.980.133 estudiantes de pregrado y grado, pero registraron 93.320 egresados durante ese año.
Entre 2014 y 2024, la matrícula aumentó un 39,8%, mientras que la cantidad anual de graduados creció solamente un 19,7%.
Estas cifras evidencian que la expansión del acceso a la educación superior no estuvo acompañada por un crecimiento equivalente en la finalización de los estudios.
Carreras de hasta seis años que los estudiantes terminan en ocho
La extensión de las carreras universitarias constituye otro punto central del debate.
Norberto Fernández Lamarra, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y director del Núcleo de Investigaciones sobre Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación, considera necesario revisar la estructura de los programas académicos.
El especialista advierte que numerosas carreras argentinas tienen una duración teórica de cinco o seis años, mientras que en otros sistemas universitarios la formación de grado suele organizarse en períodos de cuatro años.
La diferencia se amplía cuando se analiza el tiempo efectivo que necesitan los estudiantes argentinos para graduarse, que alcanza aproximadamente ocho años en promedio.
Fernández Lamarra propone avanzar hacia carreras iniciales de cuatro años y prestar especial atención a los primeros ciclos de formación, donde se concentra una parte importante del abandono universitario.
Entre sus propuestas figura la creación de trayectos de dos años que permitan obtener títulos intermedios con reconocimiento en el mercado laboral.
De esta manera, quienes no puedan completar inmediatamente una carrera extensa tendrían la posibilidad de acreditar los conocimientos adquiridos y utilizarlos profesionalmente.
El perfil de los estudiantes cambió, pero las universidades no siempre se adaptaron
La organización tradicional de las carreras también enfrenta dificultades para responder a las nuevas características de la población estudiantil.
Mónica Marquina, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), señala que apenas un tercio de los ingresantes universitarios tiene menos de 20 años.
Una proporción importante comienza sus estudios a edades más avanzadas, trabaja mientras cursa, tiene responsabilidades familiares o regresa a la universidad para actualizar sus conocimientos.
Sin embargo, numerosos planes académicos todavía están diseñados para estudiantes que terminan la escuela secundaria e ingresan inmediatamente a una carrera con disponibilidad suficiente para dedicarse principalmente al estudio.
Los horarios rígidos, las materias correlativas y las modalidades tradicionales de cursada pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan combinar la formación con otras responsabilidades.
Por esta razón, Marquina propone revisar la organización de los programas, ampliar las alternativas de cursada y facilitar mecanismos que permitan interrumpir y retomar los estudios sin perder los avances académicos realizados.
La especialista considera que las universidades deben evolucionar hacia un modelo de aprendizaje permanente, capaz de recibir estudiantes en diferentes etapas de su vida.
El Gobierno plantea auditorías, controles académicos y financiamiento por resultados
Desde el Ministerio de Capital Humano también consideran necesario introducir cambios en el funcionamiento del sistema universitario.
Entre las prioridades oficiales aparecen el establecimiento de criterios más claros de regularidad académica, el fortalecimiento de las auditorías y la distribución de recursos mediante indicadores objetivos.
Según datos señalados por fuentes del Ministerio, alrededor del 40% de los estudiantes universitarios no cuenta con información suficiente sobre su actividad académica o aprueba menos de dos materias por año.
El Gobierno sostiene que estas situaciones, junto con las bajas tasas de graduación y la existencia de programas académicos desactualizados, justifican una revisión de los mecanismos de evaluación y financiamiento.
La propuesta oficial busca vincular una parte de los recursos públicos con indicadores de desempeño, sin limitar la distribución exclusivamente a criterios históricos.
Sin embargo, las autoridades universitarias y distintos especialistas advierten que cualquier modificación debe considerar las características particulares de las instituciones y las condiciones sociales de sus estudiantes.
Ingreso universitario: dos posiciones frente a las dificultades de la escuela secundaria
La preparación académica de los estudiantes que terminan la educación secundaria constituye otro de los asuntos que divide a los especialistas.
Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, considera que existe una dificultad estructural derivada de la combinación entre el ingreso universitario irrestricto y las deficiencias de aprendizaje que presentan algunos egresados del nivel medio.
El investigador propone establecer un examen estandarizado al finalizar la secundaria e incorporar mecanismos de admisión universitaria con requisitos mínimos de conocimiento, especialmente en carreras consideradas de interés público.
También plantea la posibilidad de ofrecer trayectos iniciales en institutos terciarios para quienes todavía no reúnan las condiciones académicas necesarias, con mecanismos de articulación que permitan continuar posteriormente los estudios universitarios.
Entre sus objetivos figura alcanzar una relación de un graduado cada dos ingresantes y reducir los tiempos efectivos de finalización de las carreras.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, todavía sin fecha de tratamiento legislativo según la información disponible, contempla la creación de un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES).
La iniciativa prevé que esa evaluación sea obligatoria para quienes finalicen la secundaria y que sus resultados puedan utilizarse en los procesos de admisión universitaria.
Asimismo, propone modificar la Ley de Educación Superior para habilitar mecanismos institucionales de ingreso bajo criterios de equidad y razonabilidad.
Marquina, en cambio, sostiene que las dificultades de aprendizaje deben abordarse mediante una mejor articulación entre las escuelas secundarias y las universidades.
Desde su perspectiva, el objetivo debe ser fortalecer el acompañamiento académico durante los primeros años, en lugar de interpretar las deficiencias educativas previas como una razón suficiente para restringir el acceso.
Un nuevo sistema de créditos busca modernizar las carreras
Una de las reformas que ya comenzó a implementarse es el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), destinado a modificar la manera de organizar y reconocer la formación superior.
El sistema establece una equivalencia general de 25 horas de trabajo académico por crédito.
A diferencia de los esquemas que contabilizan principalmente las horas de clase, el nuevo mecanismo incorpora el tiempo total que los estudiantes dedican a su formación, incluido el estudio autónomo.
Su objetivo es facilitar el reconocimiento de materias y trayectos académicos, mejorar la movilidad entre instituciones y favorecer la actualización de los planes de estudio.
A partir de enero de 2027, el sistema será obligatorio para las nuevas titulaciones universitarias, mientras que las carreras existentes deberán avanzar mediante procesos de adecuación progresiva.
Rabossi considera que esta transformación puede contribuir a reducir la duración excesiva de algunas carreras y facilitar la incorporación de nuevos contenidos.
El especialista también propone extender mecanismos equivalentes a los más de 2.000 institutos superiores dependientes de las provincias, donde estudia aproximadamente una cuarta parte de los alumnos de educación superior del país.
La articulación entre universidades e institutos terciarios permitiría mejorar el reconocimiento de estudios previos y evitar duplicaciones innecesarias en las ofertas formativas.
Títulos intermedios y microcredenciales para responder al mercado laboral
La necesidad de ofrecer programas más flexibles impulsó también el desarrollo de microcredenciales y certificaciones académicas de corta duración.
Estas herramientas permiten reconocer aprendizajes específicos sin exigir necesariamente la realización de una carrera universitaria completa.
Su aplicación puede resultar especialmente útil para profesionales que necesitan actualizar conocimientos, trabajadores que buscan adquirir nuevas competencias y estudiantes interesados en complementar su formación.
Marquina destaca que las carreras tradicionales continuarán siendo necesarias para formar médicos, ingenieros, abogados y profesionales de numerosas disciplinas.
Sin embargo, considera indispensable ampliar los formatos educativos para responder a nuevas demandas sociales y laborales.
Las microcredenciales podrían complementar las titulaciones de grado y posgrado, mientras que los títulos intermedios ofrecerían reconocimiento formal a etapas parciales de formación.
En paralelo, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, plantea que las reformas deben incluir una revisión profunda de los métodos de enseñanza.
El académico considera necesario impulsar una nueva transformación universitaria que actualice los contenidos, las modalidades pedagógicas y la organización de las carreras.
También advierte que la inteligencia artificial representa un desafío que las instituciones no pueden ignorar, debido a sus efectos sobre el aprendizaje, la producción de conocimientos y el ejercicio profesional.
Investigación científica: los indicadores internacionales muestran debilidades
La producción científica constituye otro de los desafíos estratégicos del sistema universitario argentino.
Aunque varias instituciones mantienen un reconocimiento académico importante, los indicadores internacionales muestran dificultades en materia de investigación, publicaciones e impacto científico.
La edición regional del ranking QS mencionada en el informe señala que ninguna universidad argentina figura entre las primeras 50 de América Latina y el Caribe en citas por artículo científico, ni entre las primeras 90 en publicaciones por profesor.
Por su parte, la clasificación mundial de Times Higher Education incluye ocho universidades argentinas, ninguna entre las primeras 1.000 posiciones.
Las instituciones nacionales mejor ubicadas son las universidades de La Plata y San Martín, ambas dentro del rango comprendido entre los puestos 1801 y 2000.
Estos resultados alimentan la discusión sobre la necesidad de fortalecer la investigación, mejorar las condiciones de trabajo científico y ampliar las capacidades de producción de conocimiento.
Fernández Lamarra advierte que las restricciones presupuestarias afectan la incorporación de nuevos investigadores y la formación de becarios del Conicet.
También señala que las diferencias salariales con instituciones extranjeras pueden favorecer la salida de científicos argentinos hacia otros países.
El especialista considera que la pérdida de capacidades de investigación puede generar consecuencias de largo plazo, especialmente en un contexto internacional caracterizado por rápidos avances tecnológicos.
El proyecto oficial propone una nueva distribución del presupuesto
La reforma del financiamiento universitario constituye uno de los puntos más sensibles de la discusión.
Según el borrador del proyecto de Ley de Libertad Educativa citado en el informe, el Gobierno propone modificar los criterios utilizados para distribuir recursos entre las universidades nacionales.
El esquema contempla asignar el 75% del presupuesto en función de la cantidad de estudiantes y su avance académico, considerando también las características de cada institución y de su población estudiantil.
Otro 20% dependería de indicadores de desempeño, entre ellos la cantidad de graduados, la producción científica y las actividades de extensión universitaria.
El 5% restante se destinaría a proyectos específicos de mejora institucional con objetivos definidos.
Se trata de una propuesta legislativa y no de un mecanismo de distribución ya implementado.
El planteo abre interrogantes sobre la manera de evaluar instituciones con perfiles académicos diferentes, carreras de distinta duración y poblaciones estudiantiles con condiciones socioeconómicas diversas.
El conflicto salarial dificulta planificar las transformaciones
Para distintos representantes del sector universitario, la falta de previsibilidad presupuestaria constituye uno de los principales obstáculos para desarrollar reformas sostenidas.
Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), considera que la discusión sobre los recursos disponibles desplaza otros debates fundamentales para el futuro del sistema.
La dirigente plantea que una política de mejora académica también debe abordar las prioridades de investigación, el papel del Conicet y las condiciones laborales de quienes desarrollan actividades científicas.
Las dificultades para acceder a equipamiento, tecnología, insumos y financiamiento limitan la capacidad de las instituciones para implementar cambios.
Marquina coincide en que las transformaciones sociales, económicas y laborales exigen una política universitaria nacional con continuidad y recursos suficientes.
Fernández Lamarra, por su parte, advierte que la necesidad de sostener el funcionamiento cotidiano dificulta avanzar hacia modificaciones estructurales.
Bartolacci agrega otro factor: la velocidad con la que cambian los conocimientos y las tecnologías.
Según el presidente del CIN, las reformas académicas deben desarrollarse con suficiente rapidez para evitar que las soluciones lleguen cuando las necesidades educativas ya se hayan transformado.
La universidad argentina enfrenta una reforma que no puede seguir postergándose
La quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre volverá a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión pública.
Sin embargo, los desafíos que enfrenta el sistema exceden el conflicto presupuestario.
Las bajas tasas de graduación, la extensión de las carreras, las dificultades de articulación con la escuela secundaria, la necesidad de modernizar los métodos de enseñanza y las debilidades en investigación científica requieren respuestas de largo plazo.
El debate también plantea cómo combinar el acceso amplio a la educación universitaria con mayores niveles de permanencia, aprendizaje y finalización de los estudios.
Las propuestas incluyen carreras más flexibles, títulos intermedios, sistemas de créditos académicos, nuevas modalidades de evaluación y mecanismos de financiamiento vinculados con resultados.
Pero su implementación dependerá tanto de los acuerdos institucionales como de la disponibilidad de recursos y de una planificación sostenida.
El desafío para Argentina será modernizar sus universidades, mejorar la calidad de la formación y fortalecer la investigación científica sin perder las oportunidades de acceso que constituyen una de las características centrales de su sistema público de educación superior.