Equipo de Redacción – Noticias Latinas
Una investigación de las organizaciones ambientales Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) puso en evidencia importantes deficiencias en los mecanismos de fiscalización de la actividad pesquera argentina. El estudio reveló que durante 2025 el 85% de las mareas pesqueras se realizó sin inspectores estatales a bordo, pese al crecimiento de las exportaciones y a la importancia económica y ambiental de los recursos explotados.
El informe, titulado “El Mar como Caja Negra”, advierte sobre una creciente distancia entre la expansión de la industria pesquera y la capacidad del Estado para supervisar las operaciones de las embarcaciones.
La situación adquiere especial relevancia en la pesca del calamar argentino (Illex argentinus), una especie estratégica para las exportaciones nacionales y para el equilibrio del ecosistema del Atlántico Sudoccidental.
Paralelamente, un encuentro científico internacional celebrado en Vigo, España, reunió a representantes de China, Corea del Sur, España, Brasil, Uruguay y de la administración británica de las Islas Malvinas, donde se acordó avanzar en una base de datos regional sobre el calamar que será administrada por Uruguay.
La ausencia de Argentina en esa iniciativa, según lo señalado por especialistas del sector, agrega una dimensión política y estratégica al debate sobre el aprovechamiento y la conservación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
Exportaciones millonarias y una fiscalización que retrocede
La industria pesquera argentina registró exportaciones por USD 2.010 millones durante 2025, el segundo mejor resultado histórico del sector, según las cifras citadas en el informe.
Sin embargo, ese desempeño económico no estuvo acompañado por un fortalecimiento proporcional de los controles estatales.
La investigación señala que la cobertura de inspecciones presenciales cayó del 20% de las mareas en 2023 al 15% en 2025.
Durante el primer semestre de 2026, la situación se mantuvo prácticamente sin modificaciones.
De las 7.437 mareas pesqueras realizadas en 2025, un total de 6.322 se desarrollaron sin inspectores a bordo.
Esto significa que aproximadamente ocho de cada diez operaciones de pesca no contaron con supervisión presencial del Estado durante su desarrollo en el mar.
En los primeros seis meses de 2026, el 84,8% de las mareas tampoco tuvo fiscalización física.
Estos porcentajes reflejan una cobertura insuficiente de las inspecciones embarcadas y plantean interrogantes sobre la capacidad para verificar el cumplimiento de las disposiciones pesqueras.
La ausencia de un inspector no demuestra por sí sola la existencia de una infracción, pero reduce las posibilidades de detectar irregularidades durante las operaciones.
Menos inspectores para una actividad cada vez mayor
Uno de los principales problemas identificados por la investigación es la disminución del personal disponible para efectuar controles a bordo.
En 2021, Argentina contaba con 94 inspectores embarcados para una actividad que registró 5.272 mareas.
Cuatro años después, la cantidad de inspectores se había reducido a 64, mientras el número de viajes pesqueros superaba los 7.400.
La disminución de personal fue cercana al 34%.
Al mismo tiempo, la relación entre mareas realizadas e inspectores disponibles pasó de aproximadamente 56 a 116 viajes por inspector.
Esta relación representa una medida de la carga potencial de trabajo y no significa que cada inspector haya participado efectivamente en esa cantidad de viajes.
Sin embargo, permite dimensionar la diferencia entre el crecimiento de la actividad y los recursos humanos destinados a fiscalizarla.
La reducción de la dotación limita la capacidad de mantener presencia estatal en una actividad que se desarrolla en extensas áreas marítimas y que requiere supervisión especializada.
El calamar argentino, una de las especies menos controladas
La situación del calamar Illex argentinus constituye uno de los aspectos más relevantes del estudio.
Durante 2025, esta especie encabezó las exportaciones pesqueras argentinas en volumen, con 193.385 toneladas comercializadas en el exterior y ventas por aproximadamente USD 550 millones.
Entre enero y mayo de 2026, el calamar representó el 45% del valor total de las exportaciones del sector, de acuerdo con los datos citados.
A pesar de su importancia económica, la cobertura de inspecciones a bordo fue especialmente reducida.
En 2025, solamente el 9,1% de las mareas de la flota calamarera contó con inspectores.
Durante el primer semestre de 2026, ese porcentaje descendió al 8,2%.
En consecuencia, más del 90% de los viajes de pesca de calamar se desarrolló sin fiscalización presencial.
La investigación también recuerda que en 2023 la cobertura había sido todavía menor, con apenas un 5%.
Aunque posteriormente se registró una mejora, los niveles actuales continúan siendo bajos en relación con la importancia comercial de la especie.
La situación plantea dificultades para verificar las cantidades capturadas, los descartes y el cumplimiento de las condiciones establecidas para la explotación del recurso.
Buques de gran porte sin la supervisión prevista
El informe también cuestiona la aplicación de las disposiciones relacionadas con las embarcaciones de mayor tamaño.
Según la interpretación normativa presentada por las organizaciones, los buques de 33 metros de eslora o más deben contar con una cobertura prioritaria de inspección.
Sin embargo, entre 2023 y 2026 la presencia de inspectores en ese segmento nunca superó el 56%.
En 2025, la cobertura alcanzó el 52,2%.
Esto significa que casi la mitad de las mareas realizadas por embarcaciones de gran porte no contó con un inspector embarcado.
Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó la diferencia entre las exigencias legales y los niveles efectivos de fiscalización.
La especialista sostuvo que la presencia estatal resulta insuficiente incluso en los segmentos donde la normativa establece mayores exigencias.
El dato es relevante porque los buques de gran porte pueden disponer de una capacidad extractiva considerable, lo que incrementa la importancia de controlar sus operaciones.
La presencia empresarial china en la pesca del calamar
El debate sobre la fiscalización también se relaciona con la estructura empresarial de la flota dedicada a la captura de calamar.
Una investigación del especialista en asuntos pesqueros y marítimos Milko Schartzman señaló que el 63% de la flota de bandera argentina que participa en esta actividad estaría vinculada a empresas de propiedad china.
De acuerdo con ese trabajo, más de la mitad de la flota calamarera estaría controlada por cinco grandes corporaciones:
- Shanghai Fisheries Group Co. Ltd.
- Zhejiang Ocean Family Co. Ltd.
- Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd.
- Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd.
- China National Fisheries Corporation (CNFC).
La investigación también plantea cuestionamientos sobre los apoyos estatales recibidos por estas compañías y su influencia en la actividad extractiva.
Estas afirmaciones corresponden al análisis citado y requieren distinguir entre la propiedad empresarial, la nacionalidad de los buques y el cumplimiento efectivo de la legislación pesquera argentina.
La participación de capital extranjero no constituye por sí misma una irregularidad.
No obstante, la concentración empresarial y la capacidad de extracción son factores relevantes para evaluar la transparencia de los permisos y la eficacia de los controles.
El artículo también menciona la incorporación de al menos cinco embarcaciones de propiedad china después de una licitación de 18 nuevos permisos de pesca que generó controversias.
Un acuerdo científico internacional sobre el calamar sin participación argentina
Mientras crecen los cuestionamientos sobre los controles nacionales, la cooperación internacional en torno al calamar argentino abrió otro frente de discusión.
Durante un taller científico celebrado en Vigo, España, representantes de distintos países y de la administración de las Islas Malvinas avanzaron en un mecanismo para intercambiar información sobre el Illex argentinus.
El encuentro reunió a participantes de China, Corea del Sur, España, Brasil y Uruguay, además de representantes vinculados a la administración británica de las islas.
Según la información difundida por Fish Information Services, del grupo Seafood Media, se acordó crear una base de datos compartida para facilitar el intercambio de información científica y realizar evaluaciones regionales sobre el estado de la población de calamar.
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (DINARA) será la encargada de alojar esa base de datos.
El objetivo declarado de la iniciativa es mejorar el conocimiento científico sobre una especie migratoria cuya distribución comprende diferentes áreas del Atlántico Sudoccidental.
Sin embargo, la ausencia argentina generó cuestionamientos por tratarse de un recurso de importancia estratégica para el país.
Schartzman destacó públicamente que Uruguay administrará la base regional y que Argentina no participa de ese mecanismo.
Es importante diferenciar el alcance científico del acuerdo de cualquier eventual consecuencia política o jurídica.
La creación de una base de datos sobre recursos pesqueros no implica, por sí misma, reconocimiento de soberanía ni transferencia de derechos sobre espacios marítimos.
No obstante, la participación de representantes de la administración británica de Malvinas introduce una cuestión diplomática sensible para Argentina, que mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
Malvinas y la dimensión estratégica de los recursos marítimos
La presencia de representantes de las Islas Malvinas en iniciativas relacionadas con la gestión del calamar adquiere especial importancia en el contexto de la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Argentina reivindica sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes.
El Reino Unido mantiene la administración de las islas y sostiene una posición diferente respecto de su estatus político.
En este contexto, la participación de autoridades de la administración británica de Malvinas en mecanismos regionales relacionados con recursos naturales puede generar cuestionamientos diplomáticos.
El calamar constituye un recurso de particular interés porque sus desplazamientos no se limitan a una única jurisdicción marítima.
La cooperación científica internacional puede resultar importante para evaluar su estado de conservación, pero también plantea la necesidad de establecer mecanismos compatibles con las posiciones jurídicas de los Estados involucrados.
La ausencia argentina en la iniciativa mencionada abre interrogantes sobre su participación en el intercambio regional de información científica.
La Milla 201 y las flotas extranjeras
La presión pesquera sobre el calamar no se limita a las embarcaciones que operan dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.
En el borde exterior de las 200 millas marinas se concentra una importante actividad de flotas extranjeras, especialmente de origen asiático.
Esta zona es conocida habitualmente como la Milla 201.
Una de las áreas de mayor interés es el denominado Agujero Azul, donde se registra una intensa actividad vinculada con la captura de calamar.
La presencia de numerosas embarcaciones genera preocupación por la presión extractiva sobre una especie que se desplaza entre diferentes espacios marítimos.
Fuera de la Zona Económica Exclusiva, la pesca en alta mar se encuentra sometida a un régimen jurídico diferente del aplicable dentro de las aguas bajo jurisdicción argentina.
Por ello, la presencia de un buque extranjero en esa zona no constituye automáticamente una actividad ilegal.
Sin embargo, la concentración de flotas y la ausencia de mecanismos suficientes de cooperación y control pueden dificultar la conservación de los recursos.
La actividad en la Milla 201 también tiene implicaciones económicas, porque la explotación intensiva de poblaciones migratorias puede afectar la disponibilidad de ejemplares en las zonas donde opera la flota argentina.
El papel de Uruguay y el puerto de Montevideo
Uruguay ocupa una posición relevante en la actividad pesquera del Atlántico Sudoccidental.
El puerto de Montevideo es utilizado por numerosas embarcaciones extranjeras para operaciones logísticas y portuarias.
Entre ellas se encuentran buques vinculados a flotas que desarrollan actividades en áreas próximas al límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina.
Esta circunstancia otorga al país vecino una función importante en las cadenas operativas de la pesca regional.
La decisión de alojar en Uruguay la base de datos científica sobre el calamar refuerza su participación en los mecanismos de intercambio de información.
Al mismo tiempo, plantea la necesidad de diferenciar las actividades portuarias legales de las eventuales infracciones pesqueras que puedan cometer embarcaciones individuales.
La utilización de un puerto por parte de una flota extranjera no demuestra, por sí sola, que sus operaciones sean ilegales.
La evaluación de posibles infracciones requiere información específica sobre los buques, las capturas, las autorizaciones y las áreas donde se desarrollaron las actividades.
Otras especies también presentan deficiencias de control
El problema identificado por las organizaciones ambientales no se limita al calamar.
La investigación también examinó la fiscalización de pesquerías como el langostino, la merluza hubbsi y el variado costero.
Estas actividades representan una proporción importante de los viajes pesqueros y de las exportaciones argentinas.
Sin embargo, sus niveles de inspección presencial presentan diferencias significativas.
Según el estudio, las coberturas oscilaron entre el 0,1% en determinadas actividades de variado costero y aproximadamente el 33% en otros segmentos, dependiendo de la especie y del período examinado.
En contraste, algunas pesquerías de menor volumen registraron porcentajes de inspección próximos o iguales al 100%.
Entre ellas figuran la merluza negra, la merluza de cola, la merluza polaca, la centolla y la vieira.
Estas diferencias muestran que la cobertura de fiscalización no se distribuye de manera uniforme entre las distintas actividades.
El informe plantea la necesidad de revisar los criterios utilizados para asignar inspectores, teniendo en cuenta tanto el volumen de extracción como los riesgos asociados a cada pesquería.
El sistema de cámaras que nunca entró en funcionamiento
Otra de las deficiencias señaladas es la falta de implementación efectiva del Sistema Integrado de Control a Bordo (SICON).
El mecanismo fue previsto hace más de quince años para incorporar herramientas de vigilancia electrónica, incluidas cámaras y sistemas de seguimiento.
Su finalidad es complementar la fiscalización presencial y permitir un registro más amplio de determinadas operaciones realizadas a bordo.
Sin embargo, según la investigación, el sistema no llegó a entrar en funcionamiento pese a las sucesivas prórrogas normativas.
La falta de monitoreo electrónico limita las posibilidades de supervisión cuando no hay inspectores embarcados.
Las cámaras y otros instrumentos tecnológicos pueden contribuir a documentar operaciones, verificar procedimientos y detectar posibles irregularidades.
No obstante, estos mecanismos también requieren protocolos de funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento de información y revisión de los registros.
La investigación considera que su implementación debería formar parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los controles.
La información depende en gran medida de las declaraciones de los armadores
La escasa presencia de inspectores y la falta de sistemas electrónicos de vigilancia generan otra consecuencia importante: una proporción considerable de la información sobre las operaciones pesqueras depende de las declaraciones presentadas por los propios operadores.
Las declaraciones juradas constituyen instrumentos administrativos utilizados para informar capturas y otras características de la actividad.
Sin embargo, su eficacia como mecanismo de control depende de la posibilidad de contrastarlas con verificaciones independientes.
El informe advierte que la falta de supervisión directa reduce la capacidad estatal para comprobar cantidades capturadas, descartes y cumplimiento de las condiciones operativas.
La presencia de observadores científicos tampoco compensa completamente estas limitaciones.
Según los datos recopilados, los observadores participaron en apenas el 2,3% de las mareas de la flota merlucera durante 2022.
En la pesca de calamar, la cobertura fue del 6,5% de los viajes en 2024.
Además, los observadores científicos y los inspectores cumplen funciones diferentes: los primeros recopilan información para investigaciones y evaluaciones de recursos, mientras que los segundos realizan tareas de fiscalización.
Por lo tanto, ambos mecanismos resultan complementarios, pero no necesariamente intercambiables.
Reclaman transparencia sobre permisos, embarcaciones e infracciones
Las organizaciones responsables del estudio también cuestionaron las dificultades para acceder a información pública actualizada sobre la actividad pesquera.
Entre los datos considerados necesarios figuran los registros de embarcaciones, permisos de pesca, despachos, operaciones e infracciones.
La disponibilidad de información completa permite que investigadores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil puedan analizar la evolución del sector.
También facilita el seguimiento de la explotación de los recursos y la identificación de posibles inconsistencias.
La investigación propone fortalecer la transparencia mediante registros públicos que permitan relacionar las embarcaciones autorizadas con sus permisos y actividades.
Asimismo, plantea mejorar la trazabilidad de las operaciones pesqueras para facilitar las tareas de supervisión.
Las medidas propuestas para fortalecer la fiscalización
El informe “El Mar como Caja Negra” presenta una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la capacidad estatal de control.
Entre las principales medidas se encuentran el incremento de la cantidad de inspectores y la revisión de los criterios utilizados para distribuirlos entre las distintas flotas.
Las organizaciones proponen priorizar las actividades según su volumen económico, capacidad extractiva y riesgos de incumplimiento.
También recomiendan implementar mecanismos de monitoreo electrónico que permitan complementar las inspecciones presenciales.
Otra de las propuestas consiste en garantizar la publicación de información completa, actualizada y verificable sobre permisos, embarcaciones y operaciones pesqueras.
El objetivo es reducir la distancia entre el crecimiento de la industria y los recursos destinados a controlar su funcionamiento.
Un recurso estratégico que exige mayor capacidad de supervisión
La investigación expone una contradicción central: mientras la pesca argentina alcanza elevados niveles de exportación, la cobertura de inspecciones a bordo permanece limitada.
El caso del calamar resulta especialmente significativo por su peso económico, la participación de grandes grupos empresariales y la actividad de flotas extranjeras en el Atlántico Sudoccidental.
A esta situación se suma la creación de una iniciativa internacional para compartir información científica sobre la especie, con participación de China y representantes de la administración británica de Malvinas, pero sin presencia argentina según la información difundida.
El escenario combina desafíos ambientales, económicos, administrativos y diplomáticos.
La protección de los recursos pesqueros requiere mecanismos efectivos de fiscalización, información confiable y cooperación internacional que tenga en cuenta las particularidades jurídicas del Atlántico Sur.
Los datos del informe muestran que el fortalecimiento de los controles constituye una cuestión relevante no solamente para la conservación de las especies, sino también para la transparencia y la sostenibilidad de una actividad que genera miles de millones de dólares en exportaciones.