Equipo de Redacción – Noticias Latinas
La puesta en marcha de una nueva ruta marítima comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las Islas Malvinas genera preocupación en sectores políticos y de seguridad de Chile, ante la posibilidad de que el primer viaje de un buque privado provoque un incidente con las autoridades argentinas.
El centro de la controversia es el Danstar, una embarcación vinculada a la empresa naviera chilena Easter Island, cuyo primer recorrido está previsto para noviembre de 2026.
De acuerdo con una investigación publicada por el medio chileno BioBioChile, fuentes de inteligencia cuya identidad permanece reservada advirtieron sobre la posibilidad de un “evento crítico” si Argentina decide intervenir sobre la navegación del buque.
La preocupación se concentra en la interpretación de las normas internacionales de navegación, la legislación argentina aplicable a las embarcaciones que operan con las Islas Malvinas y las sospechas sobre una eventual vinculación de la nueva ruta comercial con el proyecto petrolero Sea Lion.
Hasta el momento, no existe información pública que permita afirmar que el Gobierno argentino haya ordenado interceptar la embarcación ni que una operación de esas características vaya a concretarse.
Una nueva conexión comercial entre Punta Arenas y las Malvinas
El proyecto contempla establecer una ruta de abastecimiento entre Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.
La iniciativa fue anunciada por Easter Island Naviera en julio y contempla transportar productos destinados al mercado insular.
Entre las mercancías mencionadas figuran alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la propuesta por sus posibles beneficios económicos para la región de Magallanes.
Según explicó, la nueva conexión permitiría competir con las rutas de abastecimiento que actualmente operan desde Uruguay y reducir considerablemente las distancias y los costos logísticos.
El funcionario sostuvo que el recorrido marítimo de aproximadamente 2.000 kilómetros utilizado en otras alternativas comerciales podría reducirse a cerca de la mitad mediante una conexión directa desde Punta Arenas.
Radonich también señaló que las Islas Malvinas representan un mercado con una capacidad de compra estimada en 20 millones de dólares anuales.
A finales de septiembre, una delegación de alrededor de 40 empresarios británicos visitó Punta Arenas para mantener conversaciones comerciales con proveedores de la región.
El alcalde insistió en que se trata de un acuerdo entre empresas privadas y afirmó que la embarcación no navegaría necesariamente bajo bandera chilena.
El recorrido por el estrecho de Magallanes y las precauciones de Chile
Según las fuentes citadas por BioBioChile, los responsables del proyecto evaluaron inicialmente una navegación a través del mar de Drake.
Sin embargo, la alternativa finalmente considerada contempla atravesar el estrecho de Magallanes.
La elección respondería a la intención de evitar interpretaciones políticas relacionadas con la soberanía chilena en el extremo austral.
Las mismas fuentes señalaron que la fecha exacta de salida se mantiene bajo reserva para evitar tensiones diplomáticas innecesarias.
Aunque durante una exposición en Argentina se mencionó el 10 de noviembre como fecha de partida, el reporte chileno indica que los detalles definitivos del zarpe no fueron divulgados públicamente.
También se informó que el Gobierno del presidente José Antonio Kast habría descartado la posibilidad de disponer una escolta de la Armada chilena, debido al carácter privado de la operación comercial.
Esta información, atribuida a fuentes reservadas, no equivale a una confirmación oficial de las decisiones del Ejecutivo chileno.
Argentina y las advertencias sobre un posible control del buque
La preocupación aumentó después de una intervención del presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, ante comisiones de la Cámara de Diputados.
Durante su exposición, Morales planteó la posibilidad de evaluar si el tránsito del Danstar podría considerarse incompatible con las condiciones del denominado paso inocente, regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El especialista sostuvo que una navegación que represente una amenaza para la soberanía nacional podría ser objeto de medidas de control.
En ese contexto, señaló que correspondería a las autoridades argentinas, particularmente a la Cancillería, determinar cómo interpretar jurídicamente el tránsito de la embarcación.
Morales también advirtió sobre las consecuencias que podría tener una intervención que dejara a un buque sin capacidad de maniobra en el Atlántico Sur.
Sus declaraciones fueron interpretadas en Chile como una señal de que determinados sectores argentinos consideran posible adoptar medidas contra la embarcación.
Sin embargo, las manifestaciones del presidente de la Liga Naval no constituyen por sí mismas una decisión del Gobierno argentino ni una orden operativa dirigida a la Prefectura Naval o a la Armada.
El proyecto petrolero Sea Lion, otro foco de controversia
Una de las principales diferencias gira en torno al destino final de la carga transportada por el Danstar.
Morales vinculó el viaje con el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas del Atlántico Sur cuya soberanía es objeto de controversia entre Argentina y el Reino Unido.
El emprendimiento está asociado a las empresas Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%.
Argentina mantiene objeciones jurídicas y diplomáticas frente a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin su autorización en el área de las Malvinas.
No obstante, representantes vinculados a la actividad económica de las islas rechazaron que el nuevo servicio marítimo tenga como finalidad abastecer al proyecto petrolero.
Louise Ellis, subdirectora de Desarrollo Económico de las islas, afirmó en declaraciones a France 24 que la iniciativa comercial había comenzado a gestarse antes de los preparativos de Sea Lion.
Según explicó, la ruta está destinada a atender las necesidades de consumo de los habitantes y las comunidades del archipiélago.
Ellis también negó que la embarcación vaya a transportar suministros críticos destinados al emprendimiento petrolero.
Estas posiciones contrapuestas resultan centrales para comprender la controversia, aunque la naturaleza concreta de la carga deberá determinarse mediante información verificable sobre la operación.
El Decreto 256/2010 y la legislación argentina sobre Malvinas
El conflicto también involucra al Decreto 256/2010, aprobado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La norma establece un régimen de autorización previa para determinadas operaciones marítimas relacionadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Su alcance incluye supuestos de navegación entre puertos continentales argentinos y esos territorios, así como otras operaciones comprendidas en sus disposiciones.
La aplicación de esta normativa constituye uno de los aspectos jurídicos relevantes frente al establecimiento de nuevas rutas comerciales hacia las islas.
Sin embargo, determinar si el Danstar se encuentra alcanzado por obligaciones específicas requiere examinar su bandera, itinerario, documentación, características de la operación y las aguas por las que efectivamente navegue.
La existencia del decreto no significa automáticamente que cualquier embarcación que tenga como destino las Malvinas pueda ser interceptada en cualquier espacio marítimo.
Por ese motivo, la controversia también involucra las disposiciones internacionales que regulan los derechos de navegación y las competencias de los Estados ribereños.
El derecho de paso inocente y las diferencias de interpretación
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de paso inocente de los buques extranjeros a través del mar territorial de los Estados, bajo las condiciones establecidas por ese instrumento.
El artículo 19 considera inocente el paso mientras no resulte perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.
La discusión sobre el Danstar se relaciona con la eventual aplicación de estas disposiciones y con la determinación de si existirían circunstancias que justificaran medidas restrictivas.
Desde Chile, especialistas en derecho internacional cuestionaron la posibilidad de impedir la navegación de una embarcación dedicada al transporte comercial.
Luis Valentín Ferrada, profesor de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio BASE, sostuvo que Argentina enfrenta limitaciones jurídicas derivadas tanto de la Convención sobre el Derecho del Mar como del Tratado de Paz y Amistad de 1984.
De acuerdo con su interpretación, ambos instrumentos establecen garantías de navegación que deberían ser respetadas por las autoridades argentinas.
Ferrada afirmó que las obligaciones internacionales impedirían obstaculizar ilícitamente el tránsito de buques hacia y desde el estrecho de Magallanes.
No obstante, estas declaraciones representan una interpretación jurídica formulada por el académico y no una resolución vinculante sobre el caso específico del Danstar.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 entra en el debate
El Tratado de Paz y Amistad firmado por Argentina y Chile en 1984 constituye otro de los elementos centrales de la controversia.
El acuerdo permitió establecer un marco jurídico para resolver disputas territoriales y regular aspectos fundamentales de la relación entre ambos países en el extremo austral.
Entre sus disposiciones figuran compromisos relacionados con la navegación y el acceso marítimo.
El analista político Juan Pablo Berlinger advirtió que una eventual obstrucción de la navegación podría constituir, desde su interpretación, una vulneración de los acuerdos vigentes.
Incluso sostuvo que una decisión de esas características tendría consecuencias especialmente graves para el tratado bilateral.
Sin embargo, una controversia sobre la interpretación o aplicación de un tratado no supone automáticamente su nulidad.
La eventual existencia de un incumplimiento, sus consecuencias jurídicas y los mecanismos disponibles para resolverlo dependerían de las circunstancias concretas y de las normas aplicables.
Las advertencias del exjefe de la Armada chilena
El excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, también expresó preocupación por las consecuencias que podría generar la nueva ruta marítima.
Durante una entrevista con Tele13 Radio, el exalto mando naval sostuvo que la iniciativa respondía a la necesidad de recuperar una conexión comercial que había resultado afectada por decisiones anteriores.
Leiva recordó que la región de Magallanes había experimentado restricciones comerciales relacionadas con las medidas adoptadas en apoyo de la posición argentina sobre las Malvinas.
El excomandante consideró previsible que el nuevo servicio pudiera provocar diferencias con Argentina.
Asimismo, expresó su expectativa de que las autoridades diplomáticas chilenas hubieran evaluado previamente los escenarios posibles.
Según señaló, no sería razonable suponer que una operación comercial de estas características se hubiera organizado sin que existieran comunicaciones entre diferentes niveles institucionales.
Leiva también recordó que, aunque se habían registrado multas vinculadas con la normativa argentina, no tenía conocimiento de incidentes graves entre ambos países derivados de su aplicación.
El antecedente del Mercosur y las pérdidas comerciales de Magallanes
La controversia tiene antecedentes económicos y diplomáticos que se remontan a 2011.
Ese año, los países del Mercosur adoptaron compromisos relacionados con la restricción del ingreso a sus puertos de embarcaciones que utilizaran la bandera de las Islas Malvinas.
La decisión estuvo vinculada con el respaldo regional al reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
Según las cifras mencionadas por el alcalde Claudio Radonich, las restricciones provocaron que la región de Magallanes dejara de percibir aproximadamente 300 millones de dólares.
El funcionario utilizó ese antecedente para defender la recuperación de los intercambios comerciales entre Punta Arenas y las islas.
La iniciativa actual pretende aprovechar la proximidad geográfica y las capacidades logísticas de la ciudad chilena para participar en el abastecimiento del archipiélago.
Sin embargo, la posibilidad de obtener beneficios económicos convive con las sensibilidades diplomáticas que rodean cualquier actividad relacionada con las Malvinas.
Kast y Milei ante una nueva controversia bilateral
La situación surge en un contexto de contactos políticos entre los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei.
Ambos presidentes habían mantenido conversaciones en Santiago después de diferencias relacionadas con declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el estrecho de Magallanes.
En ese marco, las autoridades chilenas reafirmaron su respaldo a la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
La eventual apertura de una ruta comercial directa hacia el archipiélago introduce un asunto adicional en una relación bilateral que combina cooperación política, integración económica e intereses estratégicos.
El carácter privado de la operación es uno de los argumentos utilizados desde Chile para diferenciar la iniciativa comercial de las posiciones diplomáticas oficiales.
Sin embargo, el destino de la embarcación y las eventuales actividades relacionadas con proyectos económicos en las islas mantienen el asunto dentro de una esfera de especial sensibilidad para Argentina.
El Senado chileno pide examinar el caso en una sesión reservada
La preocupación también llegó al Congreso de Chile.
El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, solicitó que las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado celebren una sesión conjunta y secreta para analizar las implicancias del proyecto.
El legislador consideró necesario examinar los antecedentes disponibles y evaluar las posibles consecuencias de un incidente marítimo.
No obstante, introdujo una precisión fundamental: las advertencias conocidas proceden de informaciones periodísticas y no permiten concluir que Argentina haya tomado una decisión de interceptar la embarcación.
Kusanovic también destacó la importancia de preservar la relación bilateral, particularmente por los vínculos comerciales, familiares y de conectividad existentes entre Magallanes y la Patagonia argentina.
En su evaluación, una escalada de tensiones podría perjudicar directamente a las comunidades de ambos lados de la frontera.
Una operación comercial bajo observación diplomática
El primer viaje del Danstar concentra la atención de distintos sectores políticos, empresariales y marítimos debido a las implicancias que podría tener para la relación entre Argentina y Chile.
La ruta proyectada busca establecer una nueva alternativa logística para abastecer a las Islas Malvinas, mientras que las autoridades argentinas mantienen una posición de rechazo frente a las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago sin su consentimiento, particularmente en materia de hidrocarburos.
Las advertencias sobre un posible incidente provienen, hasta ahora, de fuentes de inteligencia citadas por la prensa chilena y de declaraciones de especialistas y dirigentes.
No existe confirmación pública de una operación argentina destinada a detener al Danstar.
La evolución del caso dependerá de factores como la ruta definitiva, la bandera del buque, la naturaleza de su cargamento, las comunicaciones diplomáticas y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
El desafío para ambos países será gestionar sus diferencias mediante los mecanismos jurídicos y diplomáticos existentes, evitando que una iniciativa comercial privada derive en una controversia que afecte la cooperación bilateral en el extremo austral.