Equipo de Redacción – Noticias Latinas
América Latina y el Caribe enfrentan un desafío financiero y estructural de gran magnitud ante el aumento de los fenómenos climáticos extremos. Un nuevo informe estima que la región necesita invertir hasta US$ 31.000 millones anuales en infraestructura resistente a inundaciones, huracanes y otros desastres naturales, con el objetivo de reducir las pérdidas económicas, proteger a la población y garantizar la continuidad de las actividades productivas.
A esta necesidad de inversión deberían agregarse otros US$ 15.000 millones hasta 2030, destinados específicamente a medidas de adaptación y gestión del riesgo de desastres.
Las estimaciones forman parte de un estudio elaborado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cuyas conclusiones serán presentadas como contribución a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.
El documento plantea que la región necesita modificar su estrategia frente a las catástrofes naturales, pasando de un modelo centrado principalmente en la reconstrucción posterior a otro que priorice la prevención, la protección de infraestructura estratégica y la disponibilidad anticipada de recursos financieros.
Cinco décadas de desastres dejaron casi 100.000 muertos y pérdidas superiores a US$ 360.000 millones
La exposición de América Latina y el Caribe a fenómenos naturales extremos representa un riesgo persistente para su desarrollo económico y social.
De acuerdo con los datos incluidos en el estudio, durante los últimos 50 años cuatro de cada diez habitantes de la región sufrieron las consecuencias de algún desastre natural.
En ese mismo período, las catástrofes provocaron casi 100.000 muertes y ocasionaron pérdidas económicas superiores a US$ 360.000 millones.
Las consecuencias no afectan de manera uniforme a todos los territorios. Las comunidades que cuentan con infraestructura más vulnerable, menores recursos económicos y capacidades institucionales limitadas enfrentan mayores dificultades para recuperarse después de inundaciones, huracanes y otros acontecimientos extremos.
Esta desigualdad también se refleja en la capacidad de los gobiernos para reconstruir caminos, restablecer servicios esenciales y financiar la recuperación de las actividades productivas.
El informe advierte que la preparación frente a los desastres debe contemplar tanto la protección física de los activos como la capacidad económica de los hogares, las empresas y los Estados para afrontar sus consecuencias.
Rutas, puentes y corredores logísticos entre las infraestructuras más vulnerables
Uno de los aspectos destacados del estudio es la importancia de fortalecer la infraestructura que sostiene el transporte, la logística y el comercio.
Las inundaciones, tormentas y otros fenómenos extremos pueden interrumpir el funcionamiento de rutas, puentes, accesos y conexiones estratégicas, con consecuencias que se extienden mucho más allá de las zonas directamente afectadas.
Cuando una vía de transporte queda fuera de servicio, las dificultades pueden trasladarse a las cadenas de abastecimiento, retrasar la distribución de mercancías y afectar el funcionamiento de empresas y actividades productivas.
Por ese motivo, la resiliencia de la infraestructura no depende únicamente de su capacidad para resistir un fenómeno climático, sino también de la rapidez con la que puede recuperar su funcionamiento después de una emergencia.
El documento recomienda identificar y priorizar los riesgos, activos y actividades que generan mayores consecuencias económicas y sociales cuando sufren interrupciones.
Este criterio permitiría orientar las inversiones hacia aquellas obras cuya protección puede evitar daños más amplios sobre el conjunto de la economía.
La planificación también debería considerar la importancia de las conexiones logísticas y los servicios esenciales para sostener las actividades comerciales y productivas durante situaciones de emergencia.
La región necesita invertir en prevención y no solamente en reconstrucción
El informe propone una transformación en la manera de administrar los recursos destinados a enfrentar catástrofes.
Tradicionalmente, una parte importante de la respuesta financiera ante los desastres depende de asignaciones presupuestarias extraordinarias, asistencia de emergencia y fondos destinados a reconstruir los daños una vez que estos se producen.
Frente a ese esquema, los autores plantean avanzar hacia mecanismos que permitan anticipar las necesidades económicas y disponer de recursos antes de que ocurran los acontecimientos extremos.
La propuesta contempla integrar de forma sistemática el riesgo de desastres en la planificación fiscal, territorial y financiera, de modo que las decisiones de inversión incorporen las posibles consecuencias de inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales.
El objetivo consiste en reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y mejorar la capacidad de recuperación de los sectores afectados, evitando que cada emergencia obligue a reorganizar de manera imprevista los presupuestos públicos.
Esta estrategia también busca complementar los avances alcanzados por los países en materia de protección civil y sistemas de alerta temprana.
Seguros, fondos contingentes y alianzas público-privadas para afrontar las catástrofes
Además de las inversiones en obras físicas, el estudio destaca la necesidad de desarrollar instrumentos de resiliencia financiera.
Entre las herramientas propuestas se encuentran los seguros, los fondos contingentes y las alianzas público-privadas, que pueden facilitar el acceso a financiamiento cuando ocurre una emergencia.
Los seguros aparecen como un mecanismo para proteger activos y acelerar la recuperación económica, al permitir que determinados daños sean cubiertos mediante instrumentos contratados previamente.
Su utilización también puede contribuir a reducir la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias importantes después de un desastre.
Por su parte, los fondos contingentes permitirían contar con recursos destinados a responder a situaciones previamente identificadas, mientras que las alianzas entre el sector público y el privado podrían ampliar las posibilidades de financiamiento y distribución de riesgos.
El informe recomienda aprovechar las innovaciones tecnológicas y financieras para extender la cobertura de estos mecanismos y desarrollar procedimientos que permitan realizar desembolsos rápidos y verificables.
La finalidad es que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios para reparar daños, restablecer servicios y recuperar actividades económicas.
Cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta 15 dólares
Uno de los argumentos centrales del documento es el beneficio económico que puede generar la inversión anticipada en reducción de riesgos.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, citados en el informe, cada dólar destinado a prevención y reducción de riesgos puede generar hasta US$ 15 de ahorro en los costos posteriores de recuperación.
En el caso específico de las obras de infraestructura, las estimaciones indican que cada dólar invertido en mejorar su resiliencia puede representar aproximadamente US$ 4 de ahorro en reconstrucción.
Estas relaciones económicas reflejan el potencial de las medidas preventivas para disminuir el costo de los daños, aunque los resultados concretos dependen de las características de cada proyecto y de los riesgos que se busca reducir.
La comparación adquiere especial importancia para los países que enfrentan restricciones presupuestarias, debido a que las inversiones preventivas pueden contribuir a limitar futuras necesidades de gasto extraordinario.
En lugar de concentrar los recursos exclusivamente en reparar las consecuencias de los desastres, el enfoque propuesto busca fortalecer previamente los activos más expuestos y reducir la magnitud de las pérdidas.
La resiliencia climática también es una cuestión de competitividad económica
Las recomendaciones del estudio vinculan directamente la protección frente a desastres con la continuidad de la actividad económica.
Una infraestructura vulnerable puede amplificar las consecuencias de los fenómenos extremos cuando sus interrupciones afectan el transporte, las comunicaciones, los servicios y las cadenas de abastecimiento.
Por el contrario, contar con instalaciones más resistentes y mecanismos financieros previamente establecidos puede facilitar una recuperación más rápida y reducir las consecuencias económicas de las emergencias.
El documento considera fundamental que los gobiernos identifiquen las actividades estratégicas y los activos cuya interrupción tendría mayores efectos sobre la población y el funcionamiento de las economías.
La propuesta también apunta a mejorar la coordinación entre la planificación de infraestructura, la gestión del territorio y las políticas financieras destinadas a enfrentar riesgos.
Con necesidades estimadas de hasta US$ 31.000 millones anuales en infraestructura resiliente y otros US$ 15.000 millones acumulados hasta 2030 para adaptación y gestión de desastres, América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de movilizar recursos y orientar las inversiones hacia la prevención.
Las conclusiones que serán presentadas en la Cumbre Iberoamericana de Madrid buscan incorporar esta perspectiva a la discusión regional sobre desarrollo, financiamiento y gestión de riesgos, con especial atención a la protección de la población, la infraestructura estratégica y la continuidad de las actividades económicas.