Equipo de Redacción – Noticias Latinas
Argentina enfrenta el riesgo de quedar rezagada en el creciente mercado internacional de créditos de carbono, un sector que podría generar para el país ingresos por exportaciones de entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales. La falta de avances en la implementación de los mecanismos establecidos por el Acuerdo de París contrasta con el desarrollo de otros países latinoamericanos, especialmente Chile, que proyecta inversiones potenciales por US$ 6.000 millones.
La advertencia fue formulada por la Mesa Argentina de Carbono (MAC) después de participar en la Medellín Climate Week 2026, realizada en Colombia, donde representantes de distintos países analizaron las oportunidades económicas y los desafíos regulatorios vinculados con los mercados internacionales de carbono.
Mientras Chile y Perú consolidan acuerdos de cooperación y mecanismos para autorizar proyectos, Argentina todavía no registra convenios bilaterales ni transferencias internacionales de resultados de mitigación bajo el Artículo 6.2 del Acuerdo de París.
Esta demora podría afectar la capacidad del país para atraer inversiones, concretar operaciones comerciales y aprovechar el potencial de sus sectores productivos y recursos naturales.
Chile proyecta US$ 6.000 millones y amplía sus acuerdos internacionales
Chile se posiciona entre los países de la región que más avanzaron en la construcción de un marco institucional para participar en los mecanismos internacionales de carbono.
El país mantiene acuerdos de cooperación con Suiza, Japón y Singapur, que permiten impulsar iniciativas destinadas a reducir emisiones contaminantes mediante proyectos de movilidad eléctrica, almacenamiento energético, sustitución de combustibles y producción de biogás.
De acuerdo con información difundida por Carbon Pulse, las autoridades chilenas proyectan alcanzar entre 17 y 18 cartas de autorización para proyectos vinculados con el Artículo 6 hacia finales de 2026.
Estas autorizaciones constituyen instrumentos relevantes para que los proyectos puedan integrarse a los mecanismos internacionales de cooperación climática y facilitar operaciones con compradores extranjeros.
En términos económicos, Chile identifica un potencial de inversiones futuras estimado en US$ 6.000 millones. Sin embargo, esa cifra representa oportunidades de financiamiento proyectadas y no recursos que ya hayan ingresado efectivamente al país.
El avance chileno refleja la importancia de contar con procedimientos definidos y acuerdos internacionales que brinden previsibilidad a los inversores interesados en financiar reducciones de emisiones.
Perú fortalece su participación con proyectos forestales y acuerdos bilaterales
Perú también desarrolla una estrategia para ampliar su presencia en el mercado internacional de carbono, con especial atención a las iniciativas forestales y de conservación ambiental en la región amazónica.
El país identificó 66 medidas de mitigación y avanzó en la creación de herramientas institucionales destinadas a facilitar el desarrollo y la autorización de proyectos.
Entre los progresos registrados figura la emisión de una carta de autorización dentro del acuerdo bilateral establecido con Suiza. Además, las autoridades peruanas prevén otras once autorizaciones relacionadas con sus acuerdos de cooperación con Suiza y Singapur.
La expansión de estos mecanismos podría facilitar el acceso a recursos financieros internacionales para actividades de conservación, reducción de emisiones y protección de ecosistemas.
A diferencia de Argentina, que todavía enfrenta dificultades para implementar plenamente el sistema de transferencias internacionales, Perú ya comenzó a establecer instrumentos concretos para incorporar proyectos a este mercado.
Empresas internacionales comienzan a priorizar otros mercados de la región
Las consecuencias de las demoras regulatorias no se limitan a las proyecciones económicas. También pueden influir directamente en las decisiones de empresas interesadas en adquirir créditos de carbono.
Durante octubre, una importante aerolínea latinoamericana y una compañía regional de infraestructura eléctrica preparaban una alianza destinada a financiar proyectos de carbono en América Latina.
Entre los países considerados inicialmente para canalizar esas inversiones figuraban Chile, Colombia, Perú y Brasil.
Las compañías habían mantenido conversaciones preliminares para adquirir créditos provenientes de un proyecto argentino. Sin embargo, esas negociaciones perdieron impulso ante la ausencia de avances nacionales en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París.
La situación evidencia una dificultad competitiva: los compradores internacionales necesitan conocer las condiciones de autorización, los plazos administrativos y las reglas que determinarán si los créditos adquiridos podrán utilizarse dentro de los mecanismos de cooperación climática.
Cuando esas condiciones no están definidas, las empresas pueden orientar sus inversiones hacia jurisdicciones que ofrecen procedimientos más claros y previsibles.
Cómo funciona el Artículo 6 del Acuerdo de París
El Artículo 6 del Acuerdo de París establece mecanismos de cooperación internacional que permiten a los países colaborar en el cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En particular, el apartado 6.2 contempla la posibilidad de transferir internacionalmente resultados de mitigación, es decir, reducciones o remociones de emisiones que pueden ser utilizadas bajo determinadas condiciones para contribuir al cumplimiento de compromisos climáticos.
Estas operaciones deben respetar reglas de contabilidad y transparencia destinadas a preservar la integridad ambiental y evitar que una misma reducción de emisiones sea contabilizada simultáneamente por diferentes países.
Para participar en el mecanismo, los Estados necesitan desarrollar sistemas de autorización, registro, seguimiento y contabilidad que permitan verificar las operaciones y garantizar su compatibilidad con los compromisos nacionales.
Los proyectos que pueden incorporarse a este mercado abarcan diversas actividades económicas, entre ellas las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la agricultura, la ganadería, la forestación y la conservación de bosques.
Según antecedentes difundidos por la Mesa Argentina de Carbono, los créditos comercializados mediante determinados mecanismos del Artículo 6 pueden alcanzar precios entre dos y cinco veces superiores a los registrados en algunos segmentos del mercado voluntario.
La diferencia depende de las características de cada proyecto, las condiciones contractuales y los requisitos de los compradores, pero puede representar un incentivo económico importante para inversiones que requieren financiamiento inicial.
Argentina tiene capacidad para generar más de 131 millones de créditos anuales
El potencial económico argentino fue estimado por el Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería, cuyos cálculos fueron difundidos previamente por la Mesa Argentina de Carbono.
De acuerdo con esas proyecciones, el país podría generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono por año, con ingresos potenciales por exportaciones ubicados entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales.
Las estimaciones reflejan una oportunidad económica significativa, aunque no representan ingresos garantizados.
Su concreción dependerá de factores como la identificación y ejecución de proyectos, los procesos de certificación, la demanda internacional, los precios de comercialización y la existencia de condiciones regulatorias adecuadas.
Argentina cuenta con posibilidades de desarrollar iniciativas en actividades agropecuarias, energéticas, forestales y de conservación, pero necesita mecanismos que permitan transformar esas capacidades en operaciones internacionales verificables.
También resulta necesario establecer procedimientos que garanticen que las transferencias de resultados de mitigación sean compatibles con los compromisos climáticos asumidos por el propio país.
Un proyecto de ley espera tratamiento en el Senado
La discusión sobre la participación argentina en los mercados internacionales de carbono registró un avance legislativo el 8 de septiembre, cuando las comisiones técnicas del Senado aprobaron un proyecto de ley orientado a facilitar el acceso del país a estos mecanismos.
Sin embargo, la iniciativa todavía no fue debatida en el recinto, por lo que permanece pendiente una definición legislativa.
La Mesa Argentina de Carbono reclama que el proyecto sea incorporado a la agenda parlamentaria para avanzar en la construcción de un marco normativo que permita desarrollar operaciones internacionales con mayor seguridad jurídica.
La entidad considera que la existencia de reglas claras, mecanismos transparentes y procedimientos previsibles resulta indispensable para atraer compradores y financiamiento.
La ausencia de estas herramientas puede reducir las posibilidades de concretar proyectos, incluso cuando existen recursos naturales, capacidades técnicas e interés comercial.
Competitividad, inversiones y generación de divisas
Después de participar en los intercambios realizados durante la Medellín Climate Week 2026 con representantes de Brasil, Chile, México y Colombia, la Mesa Argentina de Carbono destacó que el desarrollo de este mercado tiene implicancias que van más allá de los compromisos ambientales.
Según la entidad, la participación argentina en los mecanismos internacionales de carbono está vinculada con la competitividad económica, la captación de inversiones, el desarrollo productivo federal y la generación de divisas.
Los proyectos pueden involucrar actividades distribuidas en distintas regiones del territorio nacional, lo que amplía su potencial impacto sobre las economías provinciales y los sectores productivos.
La comparación con Chile y Perú muestra que los países latinoamericanos avanzan a diferentes velocidades en la implementación de los instrumentos previstos por el Acuerdo de París.
Mientras algunos gobiernos consolidan acuerdos bilaterales, autorizaciones y procedimientos para atraer capital internacional, Argentina mantiene pendiente la definición de herramientas fundamentales para participar plenamente en este segmento del mercado.
El desafío señalado por la Mesa Argentina de Carbono consiste en establecer las condiciones institucionales y regulatorias necesarias para convertir el potencial estimado de más de 131 millones de créditos anuales en proyectos certificados, inversiones efectivas y exportaciones.