La dictadura de los Assad quedó atrás para siempre

Quienes siguen glorificando a los verdugos después de 54 años de represión y masacres deberían mirar a las víctimas a los ojos antes de hablar de las supuestas glorias de los tiranos

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Por el Dr. AbdelAziz Tarekji

Periodista de investigación e investigador especializado en violaciones internacionales de los derechos humanos.

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Hay algo que resulta todavía más doloroso que los propios crímenes: que, después de todo lo que Siria ha sufrido —asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y desapariciones—, todavía haya quienes glorifiquen a Hafez al Assad y a su hijo Bashar, ensalcen las supuestas «glorias de la era de los Assad» e incluso alimenten la ilusión de su regreso. Como si medio siglo de opresión nunca hubiera existido. Como si no se hubieran descubierto fosas comunes. Como si los gritos de los detenidos jamás hubieran llegado a oídos del mundo.

Lo más desconcertante es que algunos de esos defensores se presentan como intelectuales, escritores, artistas, periodistas y dirigentes políticos. Personas de quienes cabría esperar una responsabilidad ética y humana, y la comprensión de que la dignidad no es un privilegio que el poder concede a sus partidarios, sino un derecho inherente a todo ser humano, que ninguna circunstancia puede justificar vulnerar.

¿Qué clase de cultura encuentra espacio para glorificar a un dictador, pero no para reconocer el sufrimiento de sus víctimas? ¿Qué patriotismo permite justificar el asesinato y la tortura de ciudadanos en nombre de la defensa de la patria?

La dictadura de los Assad no fue simplemente un régimen político autoritario. Fue un sistema de poder militar y de seguridad que se prolongó durante 54 años, desde 1970 hasta la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024, y dejó un legado de graves violaciones de los derechos humanos que permanecerá en la memoria de generaciones de sirios.

Desde la dictadura de Hafez hasta la de Bashar al Assad, la tragedia no fue un episodio aislado ni un error cometido por un gobierno en un momento de crisis. Fue una larga historia de represión política, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas que, en distintos períodos, alcanzó niveles estremecedores de violencia organizada contra la población civil.

Durante el gobierno de Hafez al Assad, las violaciones no se limitaron a la masacre de la prisión de Tadmur en 1980 ni a la masacre de Hama en 1982. Formaron parte de un sistema integral de represión política y de seguridad, basado en el monopolio del poder, la subordinación de las instituciones estatales a los servicios de inteligencia y la expansión de las redes de vigilancia, detención, tortura y desaparición forzada, hasta convertir el miedo en parte de la vida cotidiana de los sirios.

Aquella etapa también estuvo marcada por la eliminación de adversarios políticos, asesinatos atribuidos a organismos del régimen y a sus aliados, y cárceles en las que miles de detenidos fueron desaparecidos. Las instituciones del Estado se transformaron en instrumentos para consolidar el poder familiar y proteger sus intereses.

Las consecuencias de esas políticas no quedaron dentro de las fronteras sirias. Se extendieron especialmente al Líbano, donde la intervención militar y de inteligencia de Siria estuvo vinculada con denuncias documentadas de graves violaciones de derechos humanos, injerencias en la vida política y participación en asesinatos y actos de represión contra dirigentes y fuerzas opositoras.

Hafez al Assad construyó un Estado de seguridad profundamente centralizado, en el que se entrelazaban la autoridad presidencial, los intereses familiares y el poder de las estructuras militares y de inteligencia, mientras se debilitaban la independencia institucional, los derechos y las libertades públicas.

La tragedia no afectó únicamente a las víctimas de las masacres y las cárceles. Alcanzó a toda una sociedad sometida durante décadas al miedo, a familias privadas de conocer el destino de sus seres queridos y a generaciones que crecieron bajo un sistema en el que la lealtad al poder era una condición de seguridad y la discrepancia política podía conducir a la persecución, la prisión o la desaparición.

Después llegó el dictador Bashar al Assad. La sucesión hereditaria no significó una transición hacia el Estado de derecho, sino la continuidad del aparato policial construido por su padre y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia y de las redes de intereses vinculadas a la familia gobernante. Sus políticas no se limitaron a reforzar el control dentro de Siria: sus consecuencias también alcanzaron al Líbano, antes de que el país entrara, a partir de 2011, en una de las etapas más sangrientas y devastadoras de su historia contemporánea.

Durante el gobierno de Bashar al Assad, el Líbano sufrió una sucesión de asesinatos y atentados políticos contra destacadas figuras públicas, dirigentes, periodistas y responsables de seguridad, especialmente entre quienes se oponían a la influencia siria.

La serie incluyó el intento de asesinato del ministro y diputado Marwan Hamadeh en 2004; el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005; y, ese mismo año, los asesinatos del periodista e intelectual Samir Kassir, del ex secretario general del Partido Comunista Libanés Georges Hawi y del diputado y periodista Gebran Tueni.

La violencia continuó con el asesinato del ministro de Industria y diputado Pierre Amine Gemayel en 2006; de los diputados Walid Eido y Antoine Ghanem, y del general del Ejército libanés François al-Hajj en 2007; del oficial Wissam Eid, una figura destacada en las investigaciones sobre el asesinato de Hariri, en 2008; y del general Wissam al-Hassan, jefe de la División de Información de las Fuerzas de Seguridad Interior, en 2012.

También se registraron intentos de asesinato contra otras personalidades, entre ellas el ministro Elias Murr y la periodista May Chidiac. Todo ello ocurrió en un clima de intimidación e inestabilidad política y de seguridad que dio lugar a reiteradas acusaciones sobre la participación de los servicios de inteligencia sirios y sus aliados en ataques contra opositores y en la desestabilización del Líbano. La responsabilidad penal por varios de esos crímenes sigue sin resolverse judicialmente.

Tras la caída del régimen de Assad, aparecieron documentos de inteligencia que reabrieron interrogantes sobre este expediente. Entre ellos figuran documentos publicados en febrero de 2026 relativos a un presunto plan del exjefe de inteligencia sirio Ali Mamlouk para influir en las narrativas mediáticas y desviar la investigación internacional.

Aunque el Tribunal Especial para el Líbano condenó a tres miembros de Hezbolá por el asesinato de Hariri sin establecer la responsabilidad penal de la dirigencia siria, los elementos surgidos posteriormente refuerzan la necesidad de investigar la posibilidad de coordinación entre los servicios del régimen sirio y los implicados en el crimen, así como de identificar a todos los responsables de su planificación, ejecución y encubrimiento.

Las intervenciones políticas y de seguridad del régimen de Assad fuera de sus fronteras, por lo tanto, no constituyeron una mera disputa por la influencia regional. Formaron parte de una etapa marcada por asesinatos, intimidación política y graves vulneraciones de la soberanía libanesa, cuyos expedientes todavía plantean interrogantes sin respuesta.

Dentro de Siria, décadas de represión, autoritarismo, restricciones a las libertades, detenciones arbitrarias, corrupción y expansión del poder de los servicios de seguridad alimentaron un creciente descontento popular que estalló con el inicio de la revolución siria en 2011, cuando la población salió a reclamar libertad, dignidad y el fin de la dictadura de los Assad.

Sin embargo, el régimen respondió a las protestas pacíficas con represión y violencia, antes de que el país se precipitara hacia un conflicto armado de enormes proporciones. Se sucedieron masacres, asesinatos masivos, bombardeos y asedios de ciudades y barrios residenciales, destrucción de hospitales e instalaciones civiles y desplazamientos de millones de sirios.

La magnitud de la tragedia ya no podía medirse únicamente por la cantidad de muertos, sino también por la devastación de la sociedad, las generaciones que perdieron a sus familias, sus hogares y su futuro, y las ciudades reducidas a escombros por las operaciones militares y los asedios.

Las investigaciones internacionales y los testimonios de sobrevivientes revelaron patrones estremecedores de asesinatos sistemáticos, torturas brutales y humillaciones deliberadas, junto con prácticas de una crueldad excepcional que incluyeron privación de alimentos, ejecuciones, violencia sexual y denegación de atención médica.

No se trató simplemente de excesos individuales ni de un uso desproporcionado de la fuerza. Los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos documentaron el carácter generalizado y sistemático de esas violaciones y la participación de instituciones militares y de inteligencia en su comisión, en un contexto de prolongada impunidad.

El denominado Archivo César, compuesto por miles de fotografías de cadáveres de personas fallecidas dentro del sistema de detención sirio, puso al descubierto una dimensión estremecedora de esos crímenes. Las imágenes, junto con testimonios de sobrevivientes y documentos de organizaciones de derechos humanos, revelaron señales de tortura, hambre y abandono médico, mientras numerosas familias seguían sin conocer el destino de sus seres queridos ni el lugar donde habían sido enterrados.

La prisión de Sednaya, convertida en un símbolo mundial de la tortura y las ejecuciones, fue apenas una de las expresiones de aquel sistema. La red de cárceles y centros de detención se extendía a dependencias de inteligencia de la Fuerza Aérea, inteligencia militar, seguridad política y otras instalaciones donde organizaciones de derechos humanos y comisiones internacionales documentaron numerosos casos de tortura, desaparición forzada y muerte bajo custodia.

La verdad completa sobre el número de víctimas, los desaparecidos y los lugares de enterramiento sigue pendiente de esclarecimiento, documentación y justicia.

Los crímenes cometidos durante aquella etapa ya no pueden reducirse a simples acusaciones políticas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria concluyó que las fuerzas gubernamentales y progubernamentales cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y ataques contra civiles.

Ninguna consigna política o de seguridad puede justificar semejantes atrocidades.

La tragedia que dejó la dictadura de los Assad no fue solamente una guerra que destruyó ciudades. Fue un sistema de poder que pisoteó la dignidad humana, desgarró familias, empujó a millones de personas al exilio y dejó un legado de fosas comunes, cárceles, desaparecidos y asesinatos. Un legado que ninguna propaganda política puede borrar, que ningún discurso sobre soberanía o lucha contra el terrorismo puede limpiar y cuya responsabilidad moral y jurídica no desaparece con la caída del régimen ni con la partida de sus dirigentes.

La pregunta es inevitable: ¿con qué conciencia se puede seguir glorificando aquella época?

¿Acaso quienes la defienden no han visto las fotografías de detenidos cuyos cuerpos quedaron reducidos a esqueletos por la tortura y el hambre? ¿No han escuchado a las madres que esperaron durante años el regreso de sus hijos y terminaron descubriendo que habían muerto en prisión? ¿No han visto las ciudades destruidas, los niños que perdieron a sus familias y los hogares dispersos por el exilio?

Aquí surge una pregunta moral que trasciende cualquier afiliación política.

Si el hijo de alguno de quienes hoy glorifican al régimen hubiera sido víctima de torturas, si su hija hubiera muerto bajo los bombardeos, si su hermano hubiera desaparecido en una prisión o si su madre llevara décadas esperando noticias de un ser querido, ¿saldrían igualmente ante las cámaras para elogiar a Assad y defender su gobierno?

¿Llamarían héroe al verdugo? ¿Considerarían el sufrimiento de sus propios familiares un precio aceptable para preservar el poder?

La distancia entre los eslóganes políticos y los gritos de las víctimas revela, en ocasiones, la profundidad de la quiebra moral de quienes justifican las violaciones de derechos humanos mientras no afecten a sus propias familias.

Entre las justificaciones más indignantes figura el intento de blanquear décadas de represión bajo la bandera de la «lucha contra el terrorismo», o de presentar a Bashar al Assad como un dirigente que jamás se doblegó ante las potencias extranjeras.

Según el derecho internacional, combatir el terrorismo no concede a ningún gobierno el derecho a torturar detenidos, hacer desaparecer personas, someter a la población al hambre o lanzar ataques indiscriminados contra civiles. Los crímenes de lesa humanidad no se convierten en logros nacionales por presentarlos bajo el lenguaje de la seguridad y la estabilidad.

Y el argumento de la soberanía nacional choca con una realidad evidente: durante el gobierno de Bashar al Assad, Siria se convirtió en escenario de múltiples intervenciones militares extranjeras, mientras la supervivencia del régimen pasó a depender, en diferentes grados, del apoyo militar y político externo, especialmente de Rusia e Irán.

¿De qué soberanía puede presumirse cuando el propio país se convierte en un campo abierto de confrontación y su población paga un precio devastador con su vida y su futuro?

La historia de la humanidad ha conocido regímenes y campañas de dominación asociados con masacres y represión, desde las campañas de destrucción dirigidas por Hulagu Khan hasta los crímenes del nazismo bajo Adolf Hitler. Cada época tiene su contexto, la dimensión particular de sus crímenes y sus responsabilidades históricas, por lo que cualquier comparación rigurosa exige un análisis cuidadoso.

Pero la lección moral que las une es inequívoca: ni la fuerza militar, ni la propaganda política, ni el culto al gobernante pueden legitimar los crímenes o borrar la memoria de sus víctimas.

La dictadura de los Assad quedará registrada en la historia como una de las experiencias de gobierno más represivas y sangrientas de la Siria contemporánea. No por las hazañas que su propaganda pretendió atribuirle, sino por las prisiones, las masacres, los desaparecidos, las ciudades destruidas y las generaciones marcadas por la pérdida y el miedo.

La caída del régimen de Assad no significa que Siria se haya recuperado ni que el sufrimiento de su pueblo haya terminado. Las heridas acumuladas durante décadas no cicatrizan por una decisión política, no desaparecen con un cambio de gobierno y no se borran simplemente al abrir las puertas de las cárceles.

Todavía hay familias que desconocen el destino de sus hijos, niños que crecieron lejos de su patria, sobrevivientes que llevan las marcas de la tortura en el cuerpo y la memoria, y comunidades que necesitarán muchos años de justicia, reparación y reconstrucción.

Hablar de esta tragedia no implica respaldar al actual gobierno sirio ni concederle inmunidad frente a la crítica y la rendición de cuentas. La posición frente a la dictadura de los Assad no debe depender de la opinión que se tenga sobre las autoridades que la sucedieron.

Es perfectamente legítimo discrepar con cualquier gobierno, cuestionar sus políticas y exigir cambios por medios pacíficos, sin convertir esas diferencias en nostalgia por un sistema cuyas instituciones estuvieron implicadas en graves violaciones de los derechos humanos.

Rechazar una dictadura no es una posición partidaria. Defender la dignidad de las víctimas no significa alinearse políticamente. Y condenar la tortura y las masacres no puede estar sujeto a negociaciones, conveniencias ni dobles criterios.

Los sirios, independientemente de sus identidades y posiciones políticas, tienen derecho a coincidir en una verdad ética e histórica fundamental: las graves violaciones sufridas por su pueblo no pueden justificarse; quienes sean responsables de esos crímenes deben rendir cuentas sobre la base de las pruebas y del derecho; y los derechos de las víctimas no desaparecen cuando cambian los gobiernos.

Quienes todavía alimentan fantasías sobre el regreso de Assad y viven la caída de la dictadura como una pérdida personal deberían comprender que la historia no se escribe con canciones de alabanza, consignas ni retratos de tiranos, sino con hechos, documentos y testimonios de quienes pagaron el precio del autoritarismo.

El gobierno de Assad cayó y terminó la etapa en que su familia monopolizó el poder. Pero superar las redes de intereses y los discursos construidos durante aquella época puede llevarle a Siria mucho tiempo.

Quien hoy glorifica aquel régimen debería recordar que detrás de cada cifra en los registros de víctimas había una persona con nombre, vida, familia y sueños; y que detrás de cada fotografía de un detenido muerto bajo tortura había una madre, un padre, una esposa o un hijo privado de un ser querido.

La dictadura de los Assad terminó. Lo que permanece es el deber de buscar la verdad y la justicia, no de blanquear su historia ni de lavar las manos manchadas de sangre.

Su legado histórico no estará definido por la resistencia y las hazañas que proclamaba, sino por la inmensa tragedia humana revelada en los expedientes de los detenidos, los testimonios de los sobrevivientes y las fosas comunes.

Los tiranos pueden conseguir silenciar a sus pueblos durante muchos años. Pueden imponer sus retratos y sus consignas en muros y plazas. Pero no pueden obligar a la historia a recordarlos como héroes cuando los testimonios de sus víctimas dan cuenta de sus crímenes.

La dictadura de los Assad quedó atrás para siempre. La tragedia de los sirios permanece como un testimonio que nadie tiene derecho a borrar, y como una memoria que nadie tiene derecho a ultrajar glorificando a sus verdugos.

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