Equipo de Redacción – Noticias Latinas
El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciará su cuarto mandato en enero con una agenda económica marcada por cinco desafíos fundamentales: controlar el crecimiento de la deuda pública, reducir las elevadas tasas de interés, aliviar el endeudamiento de familias y empresas, conseguir respaldo parlamentario para sus reformas y completar la implementación del nuevo sistema tributario.
Aunque la economía brasileña mostró un desempeño superior al previsto durante los últimos años, el deterioro de las cuentas fiscales y las dificultades estructurales representan obstáculos importantes para la próxima administración.
La victoria de Lula frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), le permitirá continuar al frente del Gobierno, pero el resultado de las elecciones legislativas anticipa un escenario político complejo para impulsar sus iniciativas económicas.
Según un análisis de Reuters, la combinación de restricciones presupuestarias, altos costos financieros y un Congreso dominado por sectores conservadores condicionará las decisiones del presidente durante los próximos cuatro años.
1. Una deuda pública que supera el 82% del PBI
Uno de los principales problemas que deberá enfrentar el Gobierno será el crecimiento del endeudamiento estatal.
Durante el actual mandato de Lula, la deuda pública brasileña aumentó más de diez puntos porcentuales y superó el 82% del producto interno bruto (PBI).
Esta evolución incrementó los costos de financiamiento del país y redujo la capacidad del Ejecutivo para destinar recursos a nuevas políticas públicas.
Una parte importante del problema está relacionada con el aumento sostenido del gasto obligatorio, que deja un margen cada vez menor para modificar las asignaciones presupuestarias.
Actualmente, menos del 8% del presupuesto federal permanece disponible para ajustes, lo que limita las posibilidades de reorganizar el gasto sin afectar compromisos establecidos.
Lula ha mantenido posiciones diferentes respecto de la situación fiscal. En algunas declaraciones restó importancia a las preocupaciones sobre la deuda, que llegó a calificar de “tonterías”, y defendió la idea de que un crecimiento económico sostenido permitiría mejorar las cuentas públicas.
Por otra parte, su equipo económico se comprometió a preservar las reglas presupuestarias vigentes, que establecen límites al crecimiento del gasto y objetivos de equilibrio primario.
El resultado primario representa la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, sin considerar los intereses de la deuda pública.
Desde el entorno presidencial también se mencionó la posibilidad de introducir criterios más estrictos para reforzar el cumplimiento de esas metas.
Sin embargo, el Gobierno deberá conciliar sus compromisos fiscales con la promesa de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación.
Esa política tiene consecuencias directas sobre las obligaciones previsionales, debido a la vinculación de determinadas prestaciones con el salario mínimo.
Los incrementos de los beneficios sociales y otros compromisos de gasto anunciados por la administración también añadirán presión sobre las cuentas públicas.
2. Tasas de interés elevadas e inflación por encima de la meta
El segundo desafío será reducir los costos del crédito y conseguir que la inflación converja hacia el objetivo establecido por el Banco Central.
Brasil mantiene una tasa de interés de referencia del 13,75%, mientras que la inflación interanual alcanza el 4,6%.
Este último indicador supera el límite superior del rango de tolerancia de la autoridad monetaria, situado en el 4,5%, mientras que la meta central de inflación es del 3%.
El Banco Central aplicó el mes pasado su quinto recorte consecutivo de tasas, en respuesta a señales de desaceleración de la actividad económica.
A pesar de esa reducción, las expectativas de los mercados indican que la inflación podría permanecer por encima del objetivo oficial hasta 2029.
El programa económico de Lula propone favorecer una disminución de las tasas de interés mediante una mayor disciplina fiscal, pero sin reducir los programas sociales.
Esta combinación plantea dificultades para la administración, debido a que diversos economistas consideran que una caída más acelerada de los costos financieros dependerá de una reducción del gasto público.
El Gobierno deberá encontrar un equilibrio entre la protección de sus políticas sociales y las exigencias de sostenibilidad presupuestaria.
La evolución de las tasas de interés tendrá efectos sobre el consumo, la inversión, la financiación empresarial y la capacidad de las familias para afrontar sus obligaciones.
3. Endeudamiento récord de hogares y empresas
El tercer problema afecta directamente a una parte considerable de la población y del sector productivo brasileño.
Según los datos de la agencia de información crediticia Serasa, casi 84 millones de personas y 9,3 millones de empresas registran atrasos en el pago de sus deudas, cifras que representan niveles récord de morosidad.
El elevado costo del financiamiento dificulta la regularización de esas obligaciones y mantiene la presión sobre los presupuestos familiares y empresariales.
La situación contrasta con otros indicadores de la economía brasileña, como el desempleo en mínimos históricos y el crecimiento de los salarios por encima de la inflación.
A pesar de esas mejoras, numerosas familias continúan enfrentando dificultades para cumplir con los pagos de créditos y otras obligaciones financieras.
Para abordar el problema, Lula prepara una nueva etapa de medidas destinadas a facilitar la refinanciación de deudas.
Entre las iniciativas previstas figura la adquisición, por parte del programa, de préstamos morosos de los hogares a las entidades bancarias mediante descuentos.
También se contempla la condonación de determinadas deudas tributarias para propietarios de pequeñas empresas.
Estas medidas buscan ofrecer alivio financiero a los sectores afectados y mejorar sus posibilidades de recuperar el acceso al crédito.
Sin embargo, los analistas advierten que sus efectos podrían ser temporales si no se modifican las condiciones estructurales que favorecen el sobreendeudamiento.
El Ejecutivo también mantuvo conversaciones con el Banco Central sobre posibles restricciones al uso intensivo de instrumentos de financiación de fácil acceso y elevado costo.
Entre ellos se encuentran las tarjetas de crédito y los préstamos personales sin garantías.
Hasta el momento, el Gobierno no presentó propuestas concretas sobre esas eventuales limitaciones.
4. Un Congreso conservador que dificultará las reformas económicas
El cuarto desafío de Lula estará en el terreno político e institucional.
Aunque el presidente consiguió derrotar a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, la nueva composición del Congreso brasileño representa un obstáculo para su agenda económica.
El Parlamento tendrá su integración más conservadora desde el retorno del país a la democracia en la década de 1980.
El Partido Liberal y sus aliados controlarán ambas cámaras legislativas, una circunstancia que obligará al Gobierno a negociar apoyos para avanzar con sus principales proyectos.
Entre las iniciativas que podrían enfrentar mayores dificultades se encuentra la reducción de exenciones fiscales.
Los colaboradores de Lula anticiparon que la administración continuará promoviendo cambios destinados a disminuir esos beneficios tributarios.
Sin embargo, durante el mandato que concluye, los legisladores rechazaron en reiteradas oportunidades propuestas que habrían incrementado la carga tributaria efectiva.
Las dificultades parlamentarias también alcanzaron los procesos de designación de autoridades en organismos relevantes.
El presidente encontró obstáculos para conseguir la aprobación de determinados candidatos a cargos en la Corte Suprema, el Banco Central, el organismo regulador del mercado de valores y la autoridad de defensa de la competencia.
Con una mayor presencia de fuerzas conservadoras en el Congreso, esas negociaciones podrían volverse todavía más complejas.
La capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos legislativos será determinante para concretar sus reformas fiscales y económicas durante el nuevo período presidencial.
5. Incertidumbre sobre la aplicación de la reforma tributaria
El quinto desafío estará relacionado con la puesta en marcha de la reforma de los impuestos al consumo aprobada en 2023.
El nuevo sistema contempla la introducción de un impuesto al valor agregado que comenzará a aplicarse en enero.
Sin embargo, a menos de tres meses de su entrada en vigor, el Gobierno todavía no comunicó cuál será su tasa efectiva.
Las estimaciones de analistas independientes sitúan ese porcentaje alrededor del 28%, aunque no se trata de una cifra oficial confirmada por la administración.
La falta de definición introduce incertidumbre sobre la aplicación del nuevo esquema tributario y sus consecuencias para las actividades económicas.
A ello se suma el retraso de otra iniciativa fiscal relacionada con la imposición de gravámenes sobre productos considerados perjudiciales para la salud o el medioambiente.
El Ejecutivo postergó el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a regular ese impuesto adicional, que alcanzaría, entre otros productos, a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.
La administración evitó presentar la propuesta durante la campaña electoral ante la posibilidad de que generara una reacción negativa entre los votantes.
La demora podría afectar el calendario de recaudación previsto para ese gravamen y dio lugar a cuestionamientos sobre la gestión de la reforma tributaria.
El Gobierno deberá definir las condiciones de implementación del impuesto al valor agregado y conseguir respaldo legislativo para las normas que todavía permanecen pendientes.
El desafío de combinar estabilidad fiscal, crecimiento y compromisos sociales
El próximo mandato de Lula estará condicionado por la necesidad de atender simultáneamente problemas que mantienen una estrecha relación entre sí.
El crecimiento de la deuda pública reduce el margen fiscal del Gobierno, mientras que las tasas de interés elevadas aumentan los costos financieros del Estado, las empresas y los hogares.
A su vez, el endeudamiento privado limita la capacidad de consumo e inversión, en un contexto en el que la administración pretende preservar sus compromisos sociales y sostener la actividad económica.
La composición del Congreso añadirá dificultades para aprobar reformas y modificar las políticas tributarias, especialmente aquellas que impliquen un aumento de la carga fiscal efectiva.
La implementación del nuevo sistema de impuestos al consumo constituirá otra prueba para la capacidad administrativa y política del Ejecutivo.
Aunque la economía brasileña mostró resultados favorables en distintos indicadores durante los últimos años, el principal desafío del cuarto mandato de Lula será compatibilizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con el crecimiento económico y la continuidad de sus políticas sociales.
El rumbo que adopte el Gobierno en estas cinco áreas será decisivo para la evolución de la economía brasileña hasta 2030.
Con información de Reuters.