Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA vinculados a cuestiones tributarias y manifestaron su apoyo a la conducción de la entidad.
Según pudo reconstruir Infobae, durante el encuentro Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demuestra que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes. Con ese documento, los directivos buscaron dejar en claro que la deuda que motivó la causa judicial no existe. La exhibición de ese material resultó determinante para la postura de los clubes: la dirigencia de Primera resolvió impulsar el paro como señal de respaldo institucional.
En la misma línea, Claudio Tapia, presidente de la AFA, instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría mantuvieron un intercambio en el que coincidieron en la necesidad de detener la actividad. Los directivos de Primera ya se encuentran en diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida y todo indicaría que se sumarán al reclamo.
El comunicado de la AFA
Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:
La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.
El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.
ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.
En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.
A la salida de la reunión, y minutos antes de que se conociera el comunicado de la AFA, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, fue uno de los primeros en explicar la postura: “Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución a los clubes. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de estado. Los clubes son parte esencial de la estructura del deporte. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.
Consultado sobre el alcance de la medida, Berlanga fue contundente: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. El presidente de Vélez señaló que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.
En su testimonio ante la prensa, Berlanga también mencionó situaciones que afectan a la cúpula de la AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.
El origen de la causa
El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 gracias a una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.
La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El día 6 será el turno de Toviggino y Gustavo Lorenzo, mientras que el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene pendiente resolver el recurso presentado por la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento antes de la firma de las citaciones. El juez desestimó el cierre del expediente, dando la razón a ARCA y a la fiscalía, quienes afirmaron que el delito se encontraba plenamente configurado.
El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia intentó obtener la nulidad de la citación judicial con una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas fiscales no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.
La acusación descartó la posibilidad de un error administrativo y sostuvo que la omisión de pagos durante un periodo de 19 meses demostraba una acción concertada de las autoridades. Las auditorías de balance, que reflejaban deudas fiscales millonarias, llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y avalaban esos informes ante la asamblea.
Los testimonios del 10 de febrero revelaron el funcionamiento interno para el pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, indicaron que los pagos dependían siempre de las instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero. Bouvet explicó que su área notificaba los vencimientos y la deuda acumulada, a la espera de la orden precisa de Pablo Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago. Los compromisos fiscales se afrontaban con fondos provenientes de cuentas oficiales del Banco Credicoop, exigiendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como el único responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.
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