Equipo de Noticias Latinas
Los cuatro principales socios fundadores del Mercosur comparten una posición relevante como exportadores netos de granos, pero mantienen diferencias profundas en sus políticas de apoyo a la actividad agropecuaria. Mientras Brasil, Uruguay y Paraguay aplican mecanismos que generan transferencias positivas hacia sus productores, Argentina presenta un resultado negativo, principalmente asociado a las políticas que modifican los precios internos respecto de los internacionales.
La diferencia surge de un estudio realizado por Giuliana Dellamaggiore y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado con la metodología de Estimaciones de Apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según el trabajo, en 2024 Brasil destinó al sector agropecuario recursos equivalentes al 9% del valor de su producción, mientras que Argentina registró una transferencia neta desde el campo hacia otros sectores de la economía equivalente al 15% de ese mismo indicador.
Uruguay y Paraguay, por su parte, mantuvieron políticas de apoyo relativamente estables a lo largo del período estudiado, con promedios del 6% y el 3%, respectivamente.
Cómo se mide el apoyo estatal al campo
Para comparar las políticas agropecuarias, las investigadoras utilizaron cuatro categorías que permiten identificar tanto los recursos que recibe el sector como aquellos que se transfieren desde la producción hacia el resto de la economía.
La primera corresponde a los apoyos a precios de mercado, determinados por las diferencias entre los precios domésticos y los internacionales. La segunda comprende los apoyos directos, incluidos pagos relacionados con la producción, los insumos y las inversiones.
La tercera categoría reúne los servicios generales, como investigación, sanidad, educación e infraestructura rural. Finalmente, la cuarta contempla las transferencias a los consumidores destinadas a facilitar el acceso a los alimentos.
Las dos primeras categorías constituyen el apoyo al productor, mientras que la combinación de las cuatro determina el apoyo total.
Este último indicador puede resultar negativo cuando las medidas económicas generan una transferencia neta de recursos desde la actividad agropecuaria hacia otros sectores.
Argentina: las retenciones y las restricciones explican buena parte de la diferencia
La evolución argentina presenta un cambio marcado a partir de 2002.
Entre 1997 y 2001, el apoyo total al sector agropecuario había alcanzado un promedio anual de apenas 40 millones de dólares, equivalente al 0,2% del valor de la producción agropecuaria.
La situación cambió con la reintroducción de los Derechos de Exportación (DEX), conocidos como retenciones, junto con otras medidas orientadas a separar los precios internos de los internacionales.
Posteriormente se incorporaron restricciones cuantitativas a las exportaciones y, entre 2007 y 2010, subsidios al consumo y compensaciones destinadas a la industria molinera.
El resultado fue una transferencia neta considerable desde el sector agropecuario hacia el resto de la economía.
De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, entre 2002 y 2015 esa detracción representó, en promedio, el 23,7% del valor de la producción agropecuaria.
Entre 2016 y 2024, la transferencia negativa se moderó, aunque volvió a profundizarse a partir de 2018.
El informe identifica a Argentina como el único de los cuatro países analizados que presenta un apoyo neto negativo durante el período considerado.
Brasil: del apoyo a los precios a los seguros y el financiamiento
La trayectoria brasileña muestra una evolución diferente.
Entre 1995 y 1999, el apoyo total al sector agropecuario fue prácticamente nulo, con un promedio equivalente al -0,02% del valor de la producción.
Sin embargo, entre 2000 y 2012 aumentó hasta alcanzar un promedio del 11%, impulsado principalmente por las transferencias a los productores.
Durante el período comprendido entre 2013 y 2020, ese nivel se redujo a menos de la mitad y adquirieron mayor importancia los instrumentos de apoyo directo, especialmente los subsidios a las tasas de interés y los seguros agrícolas.
A partir de 2021 volvió a aumentar el respaldo mediante mecanismos de sostenimiento de precios.
Entre 2021 y 2024, estos apoyos alcanzaron un promedio anual de 7.200 millones de dólares.
También se registró un crecimiento significativo del programa de seguro agrícola PROAGRO, cuyos pagos se cuadruplicaron respecto del período 2019-2021.
Desde 2023, este mecanismo se convirtió en la principal partida presupuestaria individual del sistema brasileño de apoyo agropecuario.
El modelo brasileño combina así herramientas financieras, cobertura de riesgos y políticas de precios que permiten canalizar recursos hacia los productores mediante distintos instrumentos.
Uruguay: continuidad institucional y servicios para la producción
Uruguay presenta una trayectoria de mayor estabilidad en sus políticas de respaldo al agro.
Entre 2009 y 2013, el apoyo total representó un promedio del 5,1% del valor de la producción agropecuaria. Entre 2019 y 2023, esa proporción aumentó ligeramente hasta el 5,8%.
Uno de los componentes relevantes del esquema uruguayo son los servicios generales, especialmente aquellos relacionados con la innovación, la investigación y la transferencia de conocimientos.
A lo largo de la serie histórica también aumentó la participación de los apoyos directos, que terminaron convirtiéndose en el componente de mayor peso dentro del conjunto de instrumentos destinados al sector.
Esta combinación refleja una estructura de apoyo que incorpora tanto recursos dirigidos a los productores como inversiones y servicios destinados a mejorar las condiciones generales de la actividad agropecuaria.
Paraguay: apoyo presupuestario sin distorsiones de precios
Paraguay presenta una característica particular dentro del grupo analizado.
Es el único de los cuatro países que no registra apoyos mediante distorsiones de precios ni transferencias a consumidores.
La totalidad de sus instrumentos de respaldo al agro corresponde a recursos presupuestarios, distribuidos entre dos grandes categorías.
Los servicios generales concentran el 52% del apoyo, mientras que los mecanismos directos destinados a los productores representan el 48% restante.
De esta manera, Paraguay mantiene una estructura basada en asignaciones presupuestarias, sin recurrir a instrumentos que generen diferencias de precios como mecanismo de apoyo.
Una comparación que expone la distancia entre los cuatro países
Los datos correspondientes al período 2020-2022 permiten observar con claridad las diferencias entre los modelos nacionales.
En Uruguay, el apoyo total representó el 5,3% del valor de la producción agropecuaria. En Brasil alcanzó el 4,1% y en Paraguay se ubicó en el 1,6%.
Argentina, en cambio, registró una detracción equivalente al 19,5% del valor de su producción.
La dimensión acumulada de esta diferencia resulta todavía más significativa.
Según el informe, entre 1997 y 2024 las distorsiones de precios en Argentina representaron transferencias negativas por 207.500 millones de dólares.
Durante ese mismo período, los apoyos directos sumaron 6.500 millones de dólares y los servicios generales recibieron 9.700 millones.
La Bolsa de Comercio de Rosario señala que, por cada dólar canalizado hacia el agro mediante apoyos directos y servicios generales, las políticas de distorsión de precios provocaron una transferencia aproximada de 13 dólares desde el sector hacia el resto de la economía.
El vínculo entre las políticas públicas y la productividad
El estudio también examina la relación entre la composición de los apoyos y el desempeño productivo.
Las autoras recuperan evidencia del Banco Interamericano de Desarrollo que identifica una asociación negativa entre la Productividad Total de los Factores (PTF) y las políticas que generan distorsiones de precios.
En cambio, las transferencias presupuestarias muestran una asociación positiva con la productividad, tanto cuando se canalizan mediante apoyos directos como cuando se destinan a servicios generales.
Estos resultados no implican, por sí solos, que una determinada política explique automáticamente el desempeño productivo de un país. Sin embargo, permiten observar que la estructura de los incentivos constituye una variable importante para comprender las decisiones de inversión y producción.
El análisis pone de relieve que el debate sobre el respaldo estatal al agro no depende únicamente del volumen de recursos involucrados, sino también de los mecanismos utilizados para distribuirlos y de sus efectos sobre la actividad.
Producción de granos: Argentina pierde participación dentro del Mercosur
La comparación adquiere otra dimensión cuando se incorpora la evolución de la producción agrícola.
Con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el estudio analiza los principales cultivos del bloque entre las campañas 2000/01 y 2026/27, incluyendo las proyecciones correspondientes a la última campaña.
Durante ese período, la producción de los principales cultivos se multiplicó por ocho en Uruguay y por más de tres en Brasil y Paraguay.
En Argentina, el crecimiento fue de aproximadamente dos veces respecto del volumen inicial.
Como consecuencia de estas diferentes trayectorias, la participación argentina en la producción agrícola del Mercosur pasó del 41% al 28%.
Esta reducción de la participación relativa se produjo en un contexto en el que los otros integrantes del bloque registraron incrementos proporcionalmente mayores en sus volúmenes productivos.
La investigación de la Bolsa de Comercio de Rosario permite así identificar cuatro modelos distintos de intervención pública sobre el agro dentro de una misma región exportadora.
Mientras Brasil combina políticas de precios, financiamiento y seguros, Uruguay mantiene una estructura relativamente estable de servicios y apoyos directos. Paraguay concentra su respaldo en herramientas presupuestarias y Argentina se distingue por el peso de los mecanismos que transfieren recursos desde la producción hacia otros sectores económicos.
Las diferencias muestran que, incluso entre países con una fuerte orientación agroexportadora, las decisiones de política económica pueden generar estructuras de incentivos muy distintas para productores, inversiones y desarrollo productivo.