Por: Dr. Abdelaziz Tarekji
— Periodista de investigación y investigador en violaciones internacionales de derechos humanos —
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La libertad de prensa en el Líbano ya no es un incidente pasajero que se mida por el número de citaciones o notificaciones de seguridad; se ha convertido en un sistema completo de restricción en el que la política, la ley y el poder judicial se entrelazan. Desde comienzos de 2024, el Líbano ha presenciado una escalada sin precedentes en el targeting sistemático de periodistas e instituciones mediáticas: targeting de campo en las zonas de contacto del sur durante la guerra, agresiones contra equipos de medios durante las coberturas, y, en el interior, una carrera judicial febril que emplea los textos legales para acallar la crítica en lugar de protegerla.
Las autoridades basan la mayoría de estas persecuciones en disposiciones del Código Penal libanés, en particular los artículos 383 a 387, que tipifican como delito la “difamación, la injuria y el insulto” contra empleados públicos o autoridades públicas, y que establecen penas que llegan a la prisión y a la multa, a pesar de que el artículo (13) de la Constitución libanesa garantiza “la libertad de expresar opiniones por palabra y por escrito y la libertad de prensa dentro de los límites de la ley”.
También se utiliza la Ley Nº 81/2018 sobre Transacciones Electrónicas y Datos de Carácter Personal para ampliar el concepto de “delitos informáticos”, de manera que se cita a periódicos electrónicos y a periodistas para ser interrogados ante la Oficina de Delitos Informáticos en lugar de comparecer ante el Tribunal de Publicaciones, competente originalmente para las causas de publicación — en clara contravención del principio de competencia establecido en la Ley de Publicaciones Nº 382/1994.
Lo que sucede no es simplemente un error de aplicación, sino un método de someter la ley al servicio del poder. El resultado hoy es: una sala de redacción que trabaja bajo el bombardeo o bajo la citación; y una voz mediática que se ahoga entre una bala desconocida y una orden judicial. Lo que se reduce en los medios locales a una “disputa política” es, en su esencia, una cuestión de derecho público que toca el núcleo del artículo (19) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que afirma que toda persona tiene “derecho a tener opiniones sin interferencias” y derecho a “la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Sin embargo, la compleja realidad libanesa de hoy muestra que la ley que se suponía debía proteger este derecho se ha convertido en el instrumento más eficaz para socavarlo.
Cifras reportadas que desmienten la afirmación de que “todo está bien”
El año 2024 no fue simplemente otro año en el registro de la prensa libanesa; representó el año más letal para los periodistas a nivel mundial, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF). La guerra en el sur del Líbano se cobró una parte dolorosa de esta cifra tras el ataque israelí del 25 de octubre de 2024, que quitó la vida a varios periodistas y trabajadores de medios mientras cubrían sobre el terreno — en flagrante violación del artículo 79 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra de 1977, que establece expresamente que “los periodistas que realizan misiones profesionales peligrosas en zonas de conflicto armado serán considerados civiles y serán protegidos como tales”.
En el interior del país, el panorama no fue mejor. Durante enero de 2025 se registraron agresiones de campo y la prevención directa de transmisiones en vivo contra equipos mediáticos durante la cobertura de acontecimientos en el sur, lo que recordó que la prensa en el Líbano ya no enfrenta el peligro solo desde fuera, sino también desde dentro. Estos incidentes, documentados por sindicatos y por organizaciones internacionales y locales, confirmaron que “el entorno hostil hacia los periodistas se ha convertido en parte del panorama general”, y no en una excepción temporal.
En el plano judicial, el año 2025 presenció una escalada sin precedentes en las persecuciones legales contra instituciones mediáticas independientes bajo el rótulo de “difamación”, “injuria” o “delitos informáticos”. Decenas de citaciones e interrogatorios tuvieron como objetivo a periodistas y a sitios digitales a raíz de investigaciones financieras y bancarias que abordaban asuntos de interés público, en un contexto que refleja el uso del poder judicial como herramienta metódica de disuasión en lugar de como refugio de justicia.
Las agresiones contra periodistas en el Líbano ya no se limitan a las fuerzas de seguridad o a los procedimientos judiciales; se han extendido para incluir a seguidores de partidos políticos y militares que han llegado a considerar cualquier opinión crítica como una “amenaza existencial” para sus proyectos o liderazgos. Las agresiones han variado desde ataques físicos directos durante las coberturas, hasta campañas de difamación digital en las plataformas de redes sociales y la incitación pública que acusa a periodistas de “traición” o “colaboración”, simplemente por abordar expedientes de corrupción o criticar el desempeño de un líder. Con frecuencia, estas agresiones pasan sin ninguna persecución judicial real, lo cual refuerza una cultura de impunidad.
Esta práctica pautada recuerda el artículo (329) del Código Penal libanés, que criminaliza a “quien use la violencia o las amenazas para impedir que una persona ejerza un derecho legítimo, o para obligarla a hacer o abstenerse de hacer algo contra su voluntad”, una disposición que debería haber sido un escudo para proteger a los periodistas, pero que se ha convertido en un texto descuidado en la realidad práctica, rara vez aplicada en agresiones de naturaleza política o partidista.
Lo más peligroso de este fenómeno es que ha llegado a practicarse con el conocimiento de los liderazgos políticos o con su tolerancia, lo que lo convierte en una política no declarada de sometimiento del medio y de transformación de la prensa de autoridad de supervisión en voz contada dentro de lealtades. Así, el periodista en el Líbano se expone a un targeting doble: por parte del Estado mediante sus leyes, y por parte de los partidos mediante su calle — en una escena que se resume como “castigo por la verdad dondequiera que se encuentre”.
Cuando se agregan estas realidades, muestran que lo que se presenta en el discurso oficial como “casos individuales” no es sino un sistema coordinado de restricción cuyas herramientas oscilan entre la bala y la demanda, y entre el “interrogatorio de seguridad” y la “investigación financiera”. El resultado es uno: la prensa en el Líbano está asediada desde todas las direcciones, y el hablar de una “libertad de los medios consagrada” se ha convertido en un eslogan repetido en declaraciones, mientras que las violaciones se han vuelto sistemáticas, recurrentes y, lo más peligroso, practicadas en nombre de la propia ley.
Cómo se explotan las vías judiciales para restringir la prensa
En el Líbano, las leyes ya no se escriben para proteger la palabra, sino para restringirla. Las disposiciones que se establecieron para preservar la dignidad humana y la condición del empleado público se han convertido en una espada alzada ante quien escribe la verdad. Se utilizan los artículos 383 a 389 del Código Penal libanés para criminalizar toda opinión que critique a la autoridad o exponga la corrupción bajo el pretexto de “difamación, injuria o insulto”. Estos artículos se han convertido en una guillotina legislativa que amenaza a cualquier periodista que se atreva a llamar a las cosas por su nombre, olvidando que el artículo 13 de la Constitución libanesa garantiza “la libertad de expresión por palabra y por escrito y la libertad de prensa y de publicación”.
Más grave aún, el Estado se ha creado un nuevo brazo supervisor bajo el rótulo de la tecnología. La Oficina de Delitos Informáticos ya no persigue a los hackers, sino a los periodistas en línea. Esta oficina se apoya en la Ley Nº 81/2018 sobre transacciones electrónicas, que ha sido vaciada de su propósito original y convertida en una trampa legal a la que se conduce a los profesionales de los medios como si fueran acusados. La publicación electrónica ha llegado a ser tratada como un delito; el artículo periodístico se lee como prueba incriminatoria — como si la palabra libre fuera más peligrosa que cualquier delito financiero o político.
En cuanto al Tribunal de Publicaciones — que fue establecido por la Ley de Publicaciones Nº 382/1994 para ser la fortaleza legal de la prensa — ha sido deliberadamente neutralizado. Se remite a los periodistas a las fiscalías públicas o a las dependencias de la policía judicial, en una sustitución burda de la responsabilidad legal por la intimidación de seguridad. Allí, las preguntas no versan sobre la evidencia profesional, sino sobre “¿quién te financia?” y “¿quién te dio la información?”, convirtiendo a la justicia en una investigación de inteligencia vestida de judicial.
De este modo metódico, se ha reconfigurado la relación entre la prensa y el Estado: la prensa ya no es una autoridad de supervisión, sino un expediente de seguridad abierto; el poder judicial ya no es el protector del derecho, sino un socio en el amordazamiento de las bocas. Lo que sucede no es la aplicación de la ley, sino un asesinato suave de la verdad en nombre de la ley.
Responsabilidades — ¿quién pregunta y quién rinde cuentas?
Cuando se apunta contra la prensa, no se pregunta al periodista por lo que escribió; más bien, se pregunta a la patria por lo que guardó silencio. El Estado libanés soporta una responsabilidad legal y moral clara en proteger a los periodistas en la guerra y en la paz, conforme al artículo (79) del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra de 1977, que considera a los periodistas civiles como “personas protegidas” a quienes no se debe atacar ni obstaculizar su labor. De igual modo, el artículo (19) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga al Estado a garantizar la libertad de expresión en lugar de restringirla y a proteger a quien la ejerce en lugar de castigarlo.
Pero en el Líbano estas obligaciones internacionales se han convertido en consignas colgadas en informes, mientras que la realidad atestigua lo contrario: bombardeo sin rendición de cuentas, citaciones sin justificación y un silencio oficial que protege al agresor en lugar del periodista.
En cuanto a las autoridades legislativas y judiciales, su responsabilidad es doble. Cuando permanecen vigentes los artículos del Código Penal (383–389) y se pasa por alto su uso abusivo, se participa en la falta en lugar de regularla. Y cuando las fiscalías permiten que las causas de publicación se remitan a oficinas de seguridad en lugar del Tribunal de Publicaciones, no se aplica la ley, sino que se la somete al servicio del poder. Un poder judicial que colude con el miedo no puede hacer justicia a la verdad.
Tampoco es menor la responsabilidad de las fuerzas políticas y económicas. Las demandas interpuestas por bancos, partidos y figuras influyentes se han convertido en una herramienta sistemática de intimidación contra los medios independientes. Cada investigación periodística en un expediente financiero o político se enfrenta a una demanda; cada reportaje de investigación es perseguido por una denuncia, como si el objetivo de este sistema no fuera defender la “reputación”, sino asesinar el derecho de la sociedad a saber.
Aquí las responsabilidades están interconectadas: el Estado calla, el poder judicial ejecuta y el político incita, produciendo un único sistema gobernado por una única regla: quien escribe es llevado a rendir cuentas; quien saquea es protegido. En esta escena invertida, la ley se convierte en un escudo del poder y no del ciudadano, y el papel de la justicia se reduce a proteger a los poderosos de la crítica en lugar de proteger a los débiles de la represión.
El marco legal que debe reformarse inmediatamente
Cualquier reforma genuina en el expediente de la libertad de prensa no comienza por las consignas, sino por los textos. El sistema jurídico actual en el Líbano se ha convertido en un arma de un solo filo utilizada para amordazar bocas en lugar de regular la libertad de expresión. Por lo tanto, el primer paso en el camino de la reforma es abolir la criminalización en los casos de opinión y de publicación, y reemplazar las penas privativas de libertad por mecanismos civiles justos que indemnicen el daño sin matar la palabra. La palabra no se encarcela; se debate.
Asimismo, es necesario circunscribir la competencia de las causas de publicación al Tribunal de Publicaciones según lo estipulado en la Ley de Publicaciones Nº 382/1994, y detener las remisiones aleatorias a las fiscalías públicas o a las oficinas de “delitos informáticos” que hoy se utilizan como herramientas de intimidación digital. El Tribunal de Publicaciones existe para garantizar el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad y para realizar justicia profesional, no justicia política.
En cuanto a la Ley Nº 81/2018 sobre transacciones electrónicas, debe someterse a una enmienda sustancial que impida su uso como arma contra los medios digitales. Esta ley fue diseñada para regular las firmas electrónicas y los datos, no para procesar a un periodista que escribió una investigación en un sitio web. Mantenerla en su formulación ambigua deja una espada de censura suspendida sobre el periodismo electrónico, que hoy es el espacio más vital en el panorama mediático libanés.
También debe establecerse un protocolo nacional integral para la protección y la seguridad de los periodistas y de los equipos mediáticos durante las coberturas en el terreno, especialmente en zonas fronterizas o durante disturbios de seguridad. Este protocolo debe obligar a los servicios militares y de seguridad a proteger a los periodistas y no a vigilarlos, y debe garantizar la libertad de acceso a la información en lugar de impedirla.
Y por último, debe haber un compromiso con investigaciones internacionales independientes y transparentes sobre todos los crímenes que tuvieron como objetivo a periodistas durante los conflictos, ya sea en el bombardeo israelí de 2024 o en las agresiones internas que le siguieron. La ausencia de rendición de cuentas significa la repetición del crimen, y el silencio oficial es una participación no declarada en el asesinato de la verdad. Reformar las leyes no es un lujo jurídico, sino una condición para la supervivencia del periodismo libanés; si pierde su libertad, el país pierde su último espejo.
¿Por qué esto es un “derecho público” y no una batalla profesional estrecha?
La agresión contra la prensa no es una disputa entre dos profesionales ni una pelea entre autoridad y opinión; es una agresión contra el derecho público en su significado más elevado. Cada bala que se dispara contra un periodista es una bala que golpea el derecho de la sociedad a saber, y cada citación judicial politizada es una citación al silencio colectivo. La prensa no es una profesión entre las profesiones; es la última válvula de seguridad de la sociedad. Cuando se reprime a la prensa, se retira la luz de la corrupción y se dejan las violaciones sin testigos.
La libertad de prensa no es un privilegio personal de los periodistas, sino un derecho colectivo garantizado constitucional y popularmente, porque representa el medio que transmite la voz del agraviado a la opinión pública, convierte la información en supervisión y convierte la palabra en un instrumento de rendición de cuentas. Esto es lo que afirma el artículo (19) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y la de investigar y recibir informaciones y opiniones, y la de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En el Líbano, sin embargo, estos principios se han convertido en papeles guardados en los informes anuales, mientras que la realidad dice que cada día en que se cita a un periodista es un día en que la transparencia retrocede, y cada silencio impuesto a una sala de redacción es un paso hacia un Estado sin espejo.
La lucha por la libertad de prensa no es la batalla de un sindicato o de un solo medio; es la batalla de la sociedad por su memoria y su derecho a la verdad. Cuando se silencia la prensa, solo se escribe la narrativa oficial, y la voz independiente se entierra bajo montones de notificaciones judiciales y amenazas. En su esencia, la prensa es el derecho de la gente a saber, y es el baremo de toda democracia; si este baremo se trastorna, todas las demás justicias se trastornan con él. Lo que sucede en el Líbano hoy no es una lucha profesional, sino una lucha entre la transparencia y la oscuridad, entre la ley justa y la ley instrumentalizada, entre una sociedad que quiere ver y un poder que teme ser visto. Por lo tanto, defender la prensa no es solidaridad con una profesión, sino un deber nacional y moral; quien hoy guarda silencio ante la citación de un periodista, mañana podrá ser citado simplemente por decir la verdad.
En conclusión: un llamado a quienes tienen la decisión… aparten sus manos de la prensa
El Líbano, que se describía como el foro libre en Oriente, se ha convertido hoy en un laboratorio meticuloso para suprimir la palabra libre — una supresión que no emana solo de una bala o de una orden militar, sino de leyes anticuadas y de aparatos que reproducen el miedo por medios “legales”. En este país que dio a luz periódicos que fueron traducidos en capitales árabes, hoy se cita a las plumas para interrogarlas, y se lleva la verdad a juicio bajo la acusación de “difamación”.
La reforma real no comienza con discursos sobre la “libertad de los medios”, sino que comienza con abolir la criminalización de la publicación y de la opinión en el Código Penal; con devolver al Tribunal de Publicaciones la referencia única para los casos mediáticos; y con detener todas las formas de citaciones de corte de seguridad disfrazadas de procedimientos legales. También debe promulgarse de inmediato una Ley de Protección de Periodistas y Trabajadores de los Medios, para salvaguardar su derecho al trabajo de campo y obligar a los servicios de seguridad a protegerlos y no a perseguirlos.
Pero más importante que los textos es la postura política y moral. Los partidos políticos y las facciones armadas del Líbano están hoy obligados, sin ambigüedad, a apartar sus manos del medio, a cesar la incitación contra los periodistas por el mero hecho de criticarlos, y a comprender que reprimir la opinión no es una defensa de la identidad, sino un asesinato de la patria desde dentro. El Estado debe asumir su responsabilidad de proteger a los periodistas — no de justificar las agresiones contra ellos ni de encubrir a los agresores.
La posición y el prestigio del Líbano no se restaurarán a menos que recupere su derecho a una palabra libre que no tema a las citaciones, que no sea intimidada por las milicias y que no sea silenciada por los jueces. Si el silencio continúa, la verdad seguirá siendo la última víctima en un país que alguna vez fue la cuna del periodismo árabe y que hoy está al borde de convertirse en su tumba.
