Por: Dr. Abdel Aziz Tarekji
Periodista de investigación y especialista en documentación de violaciones internacionales de derechos humanos
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En los Estados que respetan el Estado de derecho, las opiniones se enfrentan con ideas, las posturas se refutan con argumentos y cualquier controversia relacionada con la publicación o la libertad de expresión se somete a una justicia civil independiente. Sin embargo, cuando un periodista o comunicador es convocado ante un tribunal militar debido a una opinión, una entrevista o una posición política, el asunto deja de ser un simple litigio jurídico para convertirse en una verdadera prueba del nivel de las libertades públicas, la independencia del poder judicial y la supremacía de la ley.
La sentencia difundida contra la periodista libanesa María Maalouf, así como las persecuciones judiciales previas llevadas a cabo ante el tribunal militar libanés por motivos relacionados con su actividad mediática y sus declaraciones políticas, plantean profundas interrogantes que trascienden su caso personal y alcanzan el futuro de la libertad de prensa en el Líbano, la naturaleza de la relación entre el poder judicial y las autoridades políticas y de seguridad, así como los límites de la jurisdicción militar en un Estado que se supone democrático.
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La libertad de opinión no es un delito
El artículo 13 de la Constitución libanesa establece que la libertad de expresar opiniones oralmente y por escrito, así como la libertad de prensa, publicación, reunión y asociación, están garantizadas dentro del marco de la ley.
Asimismo, el Líbano es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 19 reconoce el derecho de toda persona a mantener sus opiniones sin injerencias y garantiza la libertad de expresión, así como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.
Por su parte, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma claramente que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo la libertad de sostener opiniones sin interferencias y de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras.
En consecuencia, el principio jurídico internacional consolidado sostiene que la expresión de opiniones políticas, por controvertidas o incómodas que puedan resultar para algunos sectores, no debe constituir motivo para ser juzgado ante tribunales excepcionales o militares.
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¿Por qué el procesamiento de periodistas ante tribunales militares constituye un problema jurídico?
Los tribunales militares fueron concebidos esencialmente para conocer delitos de naturaleza militar o vinculados a las fuerzas armadas y a la seguridad nacional, y no para resolver asuntos periodísticos o relacionados con la libertad de expresión.
Numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado reiteradamente el recurso a la justicia militar para juzgar a civiles, al considerar que dicha práctica contradice las garantías del debido proceso y la independencia judicial.
Asimismo, informes y relatores especiales de las Naciones Unidas especializados en libertad de expresión e independencia judicial han reafirmado que la regla general exige que los civiles sean juzgados por sus jueces naturales y que la ampliación de la jurisdicción militar constituye una violación de los principios fundamentales de justicia.
Desde esta perspectiva, el procesamiento de periodistas y comunicadores ante tribunales militares por el ejercicio de su labor profesional plantea serias dudas sobre la compatibilidad de estas medidas con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado libanés.
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La crisis de confianza en el tribunal militar libanés
El debate jurídico no puede separarse de la compleja realidad política del Líbano.
Durante años, el tribunal militar libanés ha sido objeto de amplias críticas por parte de políticos, abogados y defensores de derechos humanos, tanto libaneses como internacionales, debido a lo que muchos consideran una expansión excesiva de sus competencias y el procesamiento de civiles, periodistas y activistas políticos.
Asimismo, miles de ciudadanos libaneses observan con desconfianza el funcionamiento de esta jurisdicción a raíz de reiteradas acusaciones según las cuales sus decisiones estarían influenciadas por los equilibrios políticos y de seguridad dominantes en el país, y no siempre aplicarían los mismos criterios en los casos relacionados con actores influyentes.
Estas dudas se intensifican particularmente cuando los expedientes involucran cuestiones sensibles relacionadas con las armas de Hezbollah, la influencia iraní o las críticas dirigidas contra grupos armados que operan fuera del control pleno del Estado.
Ello no implica afirmar jurídicamente la existencia de una injerencia directa en cada caso concreto; sin embargo, ayuda a explicar el amplio debate y la pérdida de confianza que rodean el desempeño de este tribunal entre amplios sectores de la opinión pública libanesa.
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Entre la resistencia a la ocupación y la libertad del disenso político
Los libaneses y los árabes pueden discrepar legítimamente sobre la evaluación de las políticas de Israel, Irán, Hezbollah o cualquier otro actor regional. Ese derecho a la discrepancia constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas.
Sin embargo, el verdadero peligro comienza cuando las posiciones políticas se transforman en un criterio para criminalizar a las personas o privarlas de su derecho a expresarse libremente.
Las sociedades libres no castigan a los individuos por sostener opiniones contrarias a la corriente dominante; por el contrario, garantizan la libertad de expresión dentro de los límites establecidos por la ley, siempre que no exista una incitación directa a la violencia o a la comisión de delitos.
Por ello, cualquier discurso mediático debe ser enfrentado mediante el debate público, la respuesta periodística y, cuando corresponda, a través de la justicia civil competente, y no por medio de tribunales excepcionales.
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El Líbano que queremos
Durante décadas, el Líbano ha sido presentado como un espacio de libertades y pluralismo intelectual y mediático en el mundo árabe.
Esa imagen no puede preservarse si periodistas, escritores e investigadores viven bajo el temor constante de ser perseguidos por tribunales militares debido a sus opiniones políticas.
Defender el derecho de María Maalouf a un juicio justo ante una jurisdicción civil e independiente no implica necesariamente compartir todas sus posiciones o declaraciones. Significa, más bien, defender un principio superior: que la libertad de expresión no puede concederse o negarse en función de la afiliación política y que la justicia no puede edificarse sobre tribunales excepcionales.
Porque cuando la opinión se convierte en delito, la primera víctima no es un periodista o comunicador en particular, sino la propia libertad.
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Llamamiento al Primer Ministro del Líbano, Nawaf Salam
Excelentísimo señor Primer Ministro del Líbano, Nawaf Salam:
En su calidad de jurista, exjuez internacional y una de las voces más destacadas que durante décadas han defendido la independencia judicial, la soberanía del Estado y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el caso de la periodista María Maalouf y el uso del tribunal militar para procesar a periodistas, comunicadores y civiles colocan al gobierno libanés ante una responsabilidad nacional, jurídica y moral que no puede ser ignorada.
El Líbano, que durante mucho tiempo fue reconocido como un faro de libertades y un espacio de pluralismo intelectual y cultural, no podrá recuperar plenamente su posición mientras los tribunales excepcionales continúen siendo utilizados para juzgar casos relacionados con la opinión y la libertad de expresión, y mientras periodistas, escritores e investigadores permanezcan bajo la amenaza de procesos ante una jurisdicción que originalmente no fue creada para conocer disputas mediáticas o políticas.
Hacemos un llamado a su gobierno para impulsar un proceso serio de reformas que ponga fin al juzgamiento de civiles y periodistas ante tribunales militares y limite estrictamente su competencia a delitos de naturaleza exclusivamente militar, en consonancia con la Constitución libanesa, las obligaciones internacionales del Líbano derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios de las Naciones Unidas relativos a la independencia judicial y al derecho a un juicio justo.
Asimismo, esperamos que adopte una posición clara y firme en defensa de la libertad de opinión y expresión, así como del derecho de los ciudadanos libaneses a criticar políticas, partidos y actores influyentes sin temor a persecuciones o intimidaciones. La construcción del Estado solo puede alcanzarse mediante el imperio de la ley, y la justicia únicamente puede prevalecer cuando todos los ciudadanos son iguales ante una judicatura independiente e imparcial, libre de cualquier influencia política, partidaria o armada.
La historia no recuerda a quienes guardaron silencio frente a las restricciones de las libertades; recuerda a quienes las defendieron en los momentos más difíciles. Hoy, muchos libaneses esperan que su gobierno forme parte del proceso de restauración del Estado y de sus instituciones, y no sea simplemente un espectador de prácticas que han debilitado la confianza en la justicia y en la propia idea del Estado.
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Conclusión: un llamado al Gobierno del Líbano
La cuestión planteada hoy no es únicamente el caso de María Maalouf, sino el de cada periodista, escritor, activista y ciudadano con una opinión en el Líbano. Un Estado que permite que la palabra sea juzgada ante tribunales militares abre la puerta a la erosión de las libertades públicas y al debilitamiento de la confianza en las instituciones judiciales.
El respeto a la Constitución libanesa y a los tratados internacionales exige limitar la jurisdicción militar a delitos estrictamente militares y garantizar que periodistas y comunicadores comparezcan ante sus jueces naturales, lejos de cualquier presión política, de seguridad o partidaria.
La palabra libre puede incomodar a quienes detentan el poder, pero sigue siendo la piedra angular de todo Estado que respeta la ley, protege la democracia y preserva la dignidad humana y el derecho de toda persona a pensar y expresarse sin miedo ni intimidación.
