Por Dr. Abdel Aziz Tarekji
Periodista de investigación e investigador sobre violaciones internacionales de los derechos humanos
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Antes de abrir este expediente, sé que podría enfrentar una amplia campaña de ataques por parte de quienes se benefician de Mahmoud Abbas y de sus hijos. Incluso podrían movilizarse recursos económicos y plataformas mediáticas para lanzar campañas de descrédito y difamación contra mí.
Eso no me preocupa.
Lo que me importa es dejar constancia para la historia de que dijimos una palabra de verdad frente a una autoridad que consideramos injusta y corrupta, y que no guardamos silencio por miedo al poder ni al dinero.
Un periodista puede perder mucho cuando habla, pero pierde su conciencia cuando conoce los hechos y calla. Y si la conciencia periodística no es libre, la pluma que sostiene carece de valor.
Lo que voy a exponer aquí no son insultos ni un ajuste de cuentas. Son documentos, cifras y hechos publicados.
Y a un documento se le responde con otro documento.
La cuestión de la corrupción dentro de las instituciones de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) hace tiempo que dejó de ser una mera sucesión de acusaciones entre adversarios o relatos de antiguos funcionarios que abandonaron sus cargos y posteriormente decidieron hablar.
El problema es mucho más profundo.
Existen documentos oficiales estadounidenses, audiencias del Congreso, investigaciones periodísticas internacionales y testimonios palestinos acumulados a lo largo de los años que plantean ante la opinión pública interrogantes de enorme gravedad sobre el dinero, la influencia y la intersección entre la familia y el poder.
En el centro de este escenario aparecen cuatro nombres que no pueden ser ignorados al abrir este expediente:
Yasser Abbas, Tarek Abbas, Azzam al-Ahmad y Ramzi Khoury.
No porque todas las acusaciones formuladas contra ellos se hayan convertido en sentencias judiciales.
Eso no es cierto.
Sino porque sus posiciones políticas, económicas y financieras, junto con lo publicado sobre algunos de ellos en fuentes oficiales y periodísticas, convierten su sometimiento al escrutinio público en una obligación periodística, no en una disputa política.
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Yasser Abbas: de empresario a uno de los hombres más poderosos de Fatah
En mayo de 2026, Yasser Abbas ingresó oficialmente en el Comité Central de Fatah, la máxima instancia dirigente del movimiento, después de años durante los cuales había sido conocido fundamentalmente como empresario y como hijo del presidente Mahmoud Abbas, cuyo mandato constitucional se encuentra vencido.
Reuters lo describió antes del congreso como un empresario que nunca había ocupado un cargo oficial en Fatah ni en la Autoridad Palestina. La agencia señaló además que su ascenso había generado especulaciones sobre la posibilidad de que se estuviera preparando para él un papel político de cara a la sucesión de su padre.
Después del congreso, Reuters informó de su elección como miembro del Comité Central.
Por su parte, Financial Times fue más lejos al describir el escenario. El periódico habló de movimientos de Mahmoud Abbas destinados a reforzar la posición de su familia y de la creciente exposición pública de Yasser durante el período precedente, incluida su asunción de responsabilidades políticas y organizativas relacionadas con el Líbano.
El problema, por tanto, no es que sea hijo del presidente.
Los hijos no son jurídicamente responsables de sus padres, y nadie debería ser excluido de la actividad política por razón de parentesco.
El problema es cómo se distribuye el poder dentro de una organización política que se supone representa a un movimiento de liberación nacional, y si las reglas de competencia, igualdad de oportunidades e institucionalidad funcionan realmente cuando el hijo del presidente —que no contaba previamente con una trayectoria política oficial comparable a la de los dirigentes históricos de Fatah— pasa a integrar la máxima instancia del movimiento y amplía después su influencia con semejante rapidez.
Aquí tampoco puede ignorarse la crisis de legitimidad que atraviesa la propia presidencia palestina.
Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Palestina en enero de 2005 para un mandato de cuatro años, y desde entonces no se han celebrado nuevas elecciones presidenciales palestinas.
Por ello, jurídicamente resulta más preciso describir hoy su presidencia como sustentada en un mandato electoral cuyo plazo ha expirado, en lugar de actuar como si el mandato de 2005 se renovara electoralmente por sí mismo.
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Del Congreso a la justicia estadounidense: Abbas y su familia bajo interrogantes por corrupción, riqueza e influencia
Los interrogantes en torno a la legitimidad de Mahmoud Abbas, la riqueza de su familia y su influencia económica dejaron de ser únicamente material utilizado por sus adversarios palestinos o por antiguos funcionarios que abandonaron sus puestos.
El expediente llegó, en diferentes momentos, a registros oficiales del Congreso de Estados Unidos, lo que hace difícil reducirlo a la narrativa de un adversario político o a un testimonio individual susceptible de ser descartado alegando animadversión personal.
El 21 de marzo de 2024, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró, durante la segunda sesión del 118.º Congreso, la audiencia oficial número S. HRG. 118–400, titulada:
Implementation of the U.S. Anti-Corruption Strategy
Implementación de la Estrategia Anticorrupción de Estados Unidos.
Participaron funcionarios estadounidenses especializados en lucha contra la corrupción y gobernanza, entre ellos Richard Nephew, coordinador del Departamento de Estado de Estados Unidos para la lucha global contra la corrupción.
Cuando llegó el turno del senador republicano Pete Ricketts, este abrió el expediente de la Autoridad Palestina con una frase directa:
«No podemos celebrar una audiencia sobre corrupción sin hablar de la Autoridad Palestina».
Ricketts habló de la extensión de la corrupción dentro de la Autoridad y enumeró entre sus manifestaciones el nepotismo, la extorsión y la malversación, antes de referirse directamente a Mahmoud Abbas.
El senador afirmó que Abbas, presentado inicialmente como un reformista, se encontraba en el momento de la audiencia en el vigésimo año de un mandato de cuatro años —el único para el que había sido elegido— y habló del ejercicio de un poder autocrático en Cisjordania durante cerca de dos décadas.
Pero la intervención de Ricketts fue más allá de la crisis de legitimidad y la ausencia de elecciones.
Entró directamente en el terreno del dinero y de la familia Abbas.
Ricketts acusó expresamente a Mahmoud Abbas de haber desviado fondos públicos y ayuda internacional para enriquecerse a sí mismo y a su familia —en referencia a sus hijos Yasser y Tarek, aunque sin mencionarlos por sus nombres en esa parte del registro de 2024— y se refirió a lo que describió como una revelación palestina publicada en 2020, según la cual la oficina de Abbas transfería regularmente fondos procedentes de la ayuda europea a cuentas personales del presidente.
Aquí la precisión es indispensable:
Se trata de acusaciones formuladas por un senador estadounidense y registradas oficialmente en las actas del Senado. No constituyen una sentencia judicial que determine que Mahmoud Abbas cometió malversación.
Ricketts planteó entonces directamente a Richard Nephew la siguiente pregunta:
¿Considera que la Autoridad Palestina es una organización corrupta?
El funcionario estadounidense no adoptó esa caracterización. Sin embargo, confirmó que reformar la Autoridad y abordar la corrupción constituían una parte fundamental del diálogo de Estados Unidos con ella.
Cuando Ricketts volvió a formular la pregunta de manera más directa y quiso saber si la corrupción representaba un problema importante dentro de la Autoridad, Nephew la describió como «un desafío significativo» que debía ser abordado mediante reformas y la revitalización de las instituciones.
Cuando se le preguntó si se trataba de un fenómeno reciente, Nephew confirmó que Estados Unidos venía observando problemas de corrupción dentro de la Autoridad Palestina desde hacía mucho tiempo.
El asunto no terminó con aquel intercambio oral.
En las preguntas escritas oficiales anexadas al acta de la audiencia, Ricketts volvió a preguntar directamente al Departamento de Estado:
¿Funcionarios de la Autoridad Palestina, incluido el presidente Abbas, habían participado en actos de malversación? ¿Habían incurrido en nepotismo?
En cuanto a la malversación, el Departamento de Estado no ofreció una respuesta que estableciera la implicación de Abbas.
En cambio, afirmó que monitoreaba y documentaba casos y actividades relacionados con la corrupción y que mantenía conversaciones con funcionarios de la Autoridad sobre reformas y lucha anticorrupción.
Respecto del nepotismo, la respuesta fue más específica: el Departamento señaló que sus informes habían documentado que las denuncias de favoritismo y nepotismo en los nombramientos públicos estaban ampliamente extendidas dentro de la Autoridad Palestina.
También resulta significativo que el acta revele que, pese a este historial de preocupaciones e interrogantes, durante el período abordado en las preguntas la administración estadounidense no había impuesto sanciones ni restricciones de visado contra funcionarios palestinos por corrupción significativa.
La respuesta oficial del Departamento de Estado indicó claramente que esas herramientas no habían sido utilizadas contra funcionarios palestinos durante aquel período, al tiempo que confirmó que seguía revisando información relacionada con la corrupción.
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Yasser y Tarek Abbas: identificados por sus nombres ante el Congreso desde 2011
La importancia de la expresión «Mahmoud Abbas y su familia», utilizada en la intervención de Ricketts en 2024, adquiere todavía más peso cuando retrocedemos trece años.
Otro registro presentado ante el Congreso estadounidense no se limitó a hablar genéricamente de la familia:
identificó expresamente a los dos hijos de Mahmoud Abbas, Yasser y Tarek, y examinó sus intereses económicos y sus contratos.
El 14 de septiembre de 2011, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebró una audiencia oficial titulada:
Promoting Peace? Reexamining U.S. Aid to the Palestinian Authority, Part II
correspondiente al 112.º Congreso y registrada oficialmente como:
Serial No. 112–68.
En el testimonio presentado ante el comité apareció expresamente la frase:
“Abbas’ sons, Yasser and Tarek”
es decir:
«Los hijos de Abbas, Yasser y Tarek».
Los dos nombres no aparecieron incidentalmente.
Fueron mencionados directamente bajo la expresión «otro ejemplo de corrupción». El testimonio afirmó que Yasser y Tarek Abbas habían, según los informes citados, acumulado riqueza desde que su padre asumió el cargo en 2005.
A continuación, entró en detalles sobre las actividades económicas de ambos hermanos.
Según el registro, Yasser Abbas era propietario de Falcon Tobacco, compañía de la que se afirmaba que gozaba de un lucrativo monopolio para comercializar cigarrillos fabricados en Estados Unidos, entre ellos Kent y Lucky, en Cisjordania y la Franja de Gaza.
El acta señaló además que una empresa propiedad de Yasser había recibido, según los informes citados, 1,89 millones de dólares de USAID en 2005 para construir una red de alcantarillado en Hebrón, y que otra compañía de su propiedad había recibido aproximadamente 300.000 dólares adicionales procedentes de fondos de USAID.
En cuanto a Tarek Abbas, el registro lo describió como director general de Sky Advertising y señaló que la empresa recibía cientos de miles de dólares de USAID en el marco de trabajos destinados a mejorar la imagen de Estados Unidos en los territorios palestinos.
Añadió que la compañía había obtenido además un lucrativo contrato de la empresa de telecomunicaciones Wataniya, en cuyo consejo de administración participaba su hermano Yasser, según el mismo testimonio.
Pero lo más llamativo del registro de 2011 apareció inmediatamente después.
El testimonio no se limitó a exponer esos datos, sino que presentó al Congreso una serie de recomendaciones.
Entre ellas figuraba la petición de abrir una investigación sobre la riqueza de Mahmoud Abbas y de sus hijos Yasser y Tarek para determinar si fondos estadounidenses habían contribuido a la formación de sus activos.
La formulación original fue:
“conduct an inquiry into the wealth of Mahmoud Abbas and his sons Yasser and Tarek, to determine whether U.S. funds have contributed to their holdings”
Es precisamente aquí donde se hace evidente la importancia de leer conjuntamente ambos registros.
En 2011, Yasser y Tarek Abbas fueron identificados expresamente en un registro oficial del Congreso. Se presentaron detalles sobre sus empresas y contratos financiados con fondos de USAID, y se solicitó investigar la riqueza del padre y de sus dos hijos para determinar si dinero estadounidense había contribuido a sus activos.
Trece años después, en 2024, el nombre de Mahmoud Abbas regresó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, esta vez en el marco de una acusación de haber desviado fondos públicos y ayuda internacional para enriquecer «a sí mismo y a su familia», mientras un funcionario estadounidense responsable de la lucha contra la corrupción reconocía que esta representaba un desafío importante y de larga data dentro de la Autoridad Palestina.
Esta secuencia demuestra algo que no puede negarse:
Los interrogantes oficiales estadounidenses sobre la riqueza de Mahmoud Abbas y su familia y sobre su influencia financiera no surgieron hoy. Se extienden durante más de una década dentro del registro parlamentario estadounidense, y Yasser y Tarek fueron identificados expresamente en ese registro desde 2011.
Cuando esto se coloca junto a la realidad política actual —un presidente que permanece en el poder después de la expiración del mandato para el que fue elegido, sin nuevas elecciones presidenciales; dos hijos cuya riqueza e intereses empresariales entraron por sus nombres en las actas del Congreso estadounidense; y el posterior ascenso de Yasser Abbas desde el mundo empresarial hasta el corazón de la dirección política de Fatah y la gestión de sensibles expedientes exteriores—, la cuestión hace tiempo que desbordó los límites de una relación normal entre un padre y sus hijos.
Se convierte en una pregunta legítima sobre la intersección entre familia, poder, dinero e influencia:
¿Dónde termina la institución presidencial y dónde comienzan los intereses de la familia?
¿Dónde termina la actividad empresarial privada y dónde comienza el efecto de la influencia política?
¿Quién garantiza que el poder político no se convierta en una puerta de acceso al poder económico, o que el poder económico no vuelva, a su vez, convertido en un camino hacia la decisión política?
Precisamente por eso, el ascenso actual de Yasser Abbas es una cuestión de interés público, no un asunto familiar.
El hombre cuyo nombre figuraba expresamente en los registros del Congreso estadounidense desde 2011, dentro de un debate sobre riqueza, contratos e influencia económica, se encuentra hoy en el corazón de la toma de decisiones políticas palestinas y de sus relaciones exteriores.
Por ello, exigir que se revelen sus intereses financieros y comerciales —así como los de su hermano Tarek—, las fuentes de sus contratos y sociedades y su relación con las instituciones públicas no constituye difamación ni una disputa personal.
Es una exigencia de rendición de cuentas y transparencia impuesta por la naturaleza del poder y de la influencia que esta familia ha llegado a ejercer.
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De Reuters a los Panama Papers y la justicia federal: la riqueza de los hijos de Abbas bajo escrutinio internacional
Los interrogantes sobre la riqueza de Yasser y Tarek Abbas no quedaron circunscritos a las actas del Congreso estadounidense.
Desde 2009 comenzó a desarrollarse una sucesión de investigaciones periodísticas internacionales, seguida por estudios académicos, documentos financieros filtrados y actuaciones ante la justicia federal estadounidense, que fueron reconstruyendo parte de la red empresarial y de intereses económicos de los hijos de Mahmoud Abbas.
Y con ello surgió una de las preguntas más sensibles de todo este expediente:
¿Dónde termina el éxito empresarial legítimo y dónde comienza el posible efecto de la influencia política de la familia gobernante?
Naturalmente, estos informes suelen ser ignorados por buena parte de los medios palestinos, por razones que pueden estar relacionadas con sus propias líneas políticas.
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Reuters, 2009: contratos estadounidenses llegan a empresas de los hijos del presidente
El 22 de abril de 2009, el periodista Adam Entous publicó una investigación exclusiva para Reuters titulada:
“Firms run by President Abbas’s sons get U.S. contracts”
es decir:
“Empresas dirigidas por los hijos del presidente Abbas obtienen contratos estadounidenses”.
La investigación no se apoyó simplemente en acusaciones formuladas por un adversario político palestino. Rastreó empresas vinculadas a Yasser y Tarek Abbas y contratos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Con el tiempo, la investigación de Reuters se convirtió en una referencia utilizada por otros trabajos periodísticos y académicos dedicados a analizar la relación entre los negocios de los hijos del presidente y los fondos de la ayuda estadounidense.
Entre los hechos documentados por Reuters —y posteriormente recogidos por otras fuentes— figuraba que una empresa vinculada a Yasser Abbas recibió USD 1,89 millones de USAID en 2005 para ejecutar un proyecto de alcantarillado en Hebrón.
Otra empresa dirigida por él recibió cerca de USD 300.000 adicionales de fondos de USAID entre 2005 y 2008.
Sky Advertising, vinculada a Tarek Abbas, también figuraba entre las compañías que habían trabajado con fondos y proyectos de la agencia estadounidense.
Pero Reuters registró igualmente la respuesta del organismo financiador:
USAID sostuvo que los vínculos familiares no habían sido un factor para la adjudicación de los contratos.
Este punto debe permanecer en nuestra investigación porque resulta esencial para mantener la precisión: la existencia de esos contratos no demuestra por sí misma que fueran corruptos.
Lo que sí demuestra es que existieron y plantea ante la opinión pública una cuestión legítima sobre posibles conflictos de intereses y sobre la eventual ventaja económica de los hijos del presidente dentro de un entorno en el que su padre controla una parte sustancial del sistema político.
Un estudio académico posterior también recogió la posición de USAID según la cual las relaciones familiares no habían sido tomadas en consideración al otorgar la financiación.
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Foreign Policy, 2012: ¿se enriquecen los hijos del presidente gracias al sistema de su padre?
Tres años después, el 5 de junio de 2012, el expediente adquirió un tono aún más directo cuando el investigador Jonathan Schanzer publicó en Foreign Policy una investigación cuyo título dejaba poco margen para interpretaciones:
“The Brothers Abbas”
“Los hermanos Abbas”
Y debajo formulaba la pregunta:
“Are the sons of the Palestinian president growing rich off their father’s system?”
Es decir:
“¿Se están enriqueciendo los hijos del presidente palestino gracias al sistema de su padre?”
La investigación fue todavía más lejos al plantear otra pregunta:
¿Se habían enriquecido los dos hermanos a costa de los palestinos comunes e incluso de los contribuyentes estadounidenses?
El trabajo examinó detalladamente lo que describió como la llamativa riqueza de Yasser y Tarek Abbas y reconstruyó una parte de su red empresarial.
En el caso de Yasser, abordó Falcon Tobacco, el Falcon Group y otros intereses en sectores como los seguros y la construcción, además de volver sobre los contratos financiados por USAID.
También citó una biografía empresarial de Yasser según la cual las compañías de Falcon generaban en aquel momento ingresos brutos de aproximadamente USD 35 millones anuales.
Respecto de Tarek, la investigación examinó Sky Advertising, afirmando que la empresa contaba con unos 40 empleados y había alcanzado ventas de aproximadamente USD 7,5 millones en 2010, además de sus vínculos con empresas pertenecientes a Arab Palestinian Investment Company (APIC).
Sin embargo, el principal valor de la investigación de Foreign Policy no residía únicamente en esas cifras.
Estaba en la pregunta que planteaba sobre la posible relación entre el parentesco político y el éxito económico.
La investigación reconocía expresamente el derecho de Yasser Abbas a dedicarse a los negocios, pero preguntaba si el hecho de ser hijo del presidente constituía uno de sus principales activos económicos, especialmente considerando que en ocasiones había desempeñado funciones oficiales relacionadas con la Autoridad Palestina.
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Yasser Abbas lleva el caso ante la justicia: el litigio llega a la Corte de Apelaciones
La investigación de Foreign Policy no quedó sin respuesta.
Yasser Abbas presentó una demanda por difamación ante un tribunal federal en Washington contra Foreign Policy Group y Jonathan Schanzer, alegando que el artículo había perjudicado su reputación.
La causa fue registrada ante el tribunal de primera instancia como:
Yasser Abbas v. Foreign Policy Group, LLC et al. — Civil Action No. 12-1565 (EGS).
El 27 de septiembre de 2013, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió un memorándum de opinión en el caso.
Pero el litigio no terminó allí.
Llegó posteriormente a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia (D.C. Circuit), bajo el número:
No. 13-7171
y con la denominación oficial:
Yasser Abbas v. Foreign Policy Group, LLC and Jonathan Schanzer.
Los alegatos fueron escuchados el 20 de octubre de 2014 y la decisión fue emitida el 24 de abril de 2015 por un panel integrado por los jueces Brett Kavanaugh, Sri Srinivasan y Harry Edwards. Kavanaugh redactó la opinión de la corte.
Para nuestra investigación resulta especialmente relevante que la propia sentencia judicial volvió a describir detalladamente el objeto del artículo.
Señaló que Foreign Policy había publicado un artículo sobre Yasser y su hermano Tarek que examinaba su riqueza y sus posibles fuentes, describía la llamativa fortuna de ambos, detallaba sus actividades empresariales y planteaba la cuestión de si los hijos del presidente se estaban enriqueciendo gracias al sistema de su padre.
La Corte de Apelaciones terminó confirmando el resultado final que desestimó la demanda de Yasser Abbas, aunque discrepó con el tribunal inferior respecto de la aplicación de la legislación anti-SLAPP del Distrito de Columbia y utilizó un fundamento jurídico diferente para rechazar la acción por difamación.
La corte concluyó que las alegaciones presentadas por Yasser no eran suficientes para sostener una demanda por difamación conforme al derecho del Distrito de Columbia.
Y aquí también debemos ser rigurosos:
La desestimación de la demanda por difamación no equivale a una sentencia judicial que declare probadas las acusaciones de corrupción.
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Los Panama Papers y Le Monde: Tarek Abbas aparece en una red de sociedades offshore
El 15 de abril de 2016, el expediente pasó de los contratos estadounidenses y las investigaciones periodísticas al terreno de los documentos financieros filtrados.
El diario francés Le Monde, basándose en los Panama Papers, analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con Haaretz, publicó una investigación titulada:
“Panama Papers: la fortune offshore de l’Autorité palestinienne”
es decir:
“Panama Papers: la fortuna offshore de la Autoridad Palestina”.
En esos documentos apareció expresamente el nombre de Tarek Abbas.
Los archivos de Mossack Fonseca revelaron que Arab Palestinian Investment Company (APIC) había sido registrada en las Islas Vírgenes Británicas en septiembre de 1994 y que, durante los años siguientes, se convirtió en uno de los mayores conglomerados económicos palestinos, con actividades que abarcan desde alimentos y equipamiento médico hasta telecomunicaciones, automóviles y centros comerciales.
Pero el dato central para esta investigación es otro:
En junio de 2013, Tarek Abbas poseía acciones de APIC valoradas en USD 982.000.
Había ingresado en el consejo de administración de la compañía en 2011.
La mera posesión por parte del hijo del presidente de acciones en una compañía registrada fuera de los territorios palestinos no constituye por sí misma una infracción legal.
El punto más sensible era la intersección de intereses entre esa compañía y las instituciones de la Autoridad Palestina.
Según la investigación de Le Monde, el Palestine Investment Fund (PIF) poseía el 18 % del capital de APIC.
La investigación citó además un cable diplomático estadounidense de febrero de 2006 según el cual una decisión presidencial había colocado al Fondo de Inversión Palestino de manera más directa bajo el control de la oficina de Mahmoud Abbas, mediante un consejo de administración elegido por el presidente, con excepción de los puestos ministeriales.
Aquí aparece la ecuación que hace especialmente relevantes los Panama Papers para nuestra investigación:
El hijo del presidente poseía cerca de un millón de dólares en acciones de APIC y, al mismo tiempo, el Fondo de Inversión Palestino —un fondo público— controlaba el 18 % de esa misma empresa, mientras el propio fondo estaba estructuralmente vinculado a decisiones de la Autoridad y de la Presidencia.
Esto no demuestra automáticamente corrupción.
Pero representa una intersección financiera y política que exige escrutinio y una divulgación completa.
Aún más significativo fue lo revelado por Le Monde respecto de Mossack Fonseca.
La firma, que debía identificar a las personas políticamente expuestas (PEP) y a sus familiares como parte de los procedimientos de cumplimiento destinados a prevenir el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal, no vinculó a Tarek Abbas con su padre, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, pese a que la propia firma sí había identificado la condición política de otros integrantes del consejo de administración de APIC.
La investigación también examinó Wataniya Mobile y su relación con el Fondo de Inversión Palestino.
Citó un cable diplomático estadounidense de abril de 2009 que advertía que la interacción entre la empresa de telecomunicaciones, la Autoridad Palestina y el Gobierno israelí incrementaba los riesgos de “colusión y duplicidad”.
Le Monde registró asimismo la existencia de una percepción entre algunos palestinos de que Yasser Abbas tenía intereses financieros en Wataniya, algo que un representante de los hermanos Abbas negó.
También es indispensable dejar constancia de la respuesta de la familia Abbas.
Karim Shehadeh, abogado de los dos hermanos, rechazó la insinuación de que la selección de Sky estuviera relacionada con sus vínculos con la familia Abbas, calificándola de poco ética y carente de fundamento.
Asimismo, sostuvo que APIC era una empresa cotizada en bolsa y sometida a auditorías y supervisión regulatoria.
Le Monde señaló que la oficina de Mahmoud Abbas no respondió a sus solicitudes de comentarios.
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Ginebra, 2025: «nepotismo, monopolios y redes de patronazgo»
El expediente tampoco terminó con los Panama Papers.
Posteriormente pasó al ámbito de la investigación académica especializada en la estructura de la economía política palestina y en las relaciones entre poder, capital y redes de influencia.
El 21 de mayo de 2025, Graduate Institute Publications, perteneciente al Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, publicó dentro del libro De/Colonising Palestine un estudio académico de los investigadores Tariq Dana y Rami Salameh titulado:
“Profit over Palestine: Cronyism, Monopolies, and Patronage”
es decir:
“El beneficio por encima de Palestina: nepotismo, monopolios y redes de patronazgo”.
El capítulo cuenta con el identificador digital permanente:
DOI: 10.4000/13zm4
mientras que el libro posee el ISBN digital:
978-2-940600-51-9.
Estos datos constan en la página oficial de identificación del capítulo.
La importancia particular de este estudio radica en que no aborda a Yasser y Tarek Abbas simplemente como protagonistas de una investigación periodística aislada.
Los sitúa dentro de un análisis académico más amplio de lo que los autores describen como un sistema de favoritismo, monopolios, redes de patronazgo e intersección entre élites políticas y económicas e intereses empresariales privados.
Desde su introducción, el estudio analiza las relaciones entre la Autoridad Palestina y un grupo limitado de empresas privadas, la influencia de los grandes capitales en la toma de decisiones y la participación directa o indirecta de integrantes de la élite política y sus familiares en proyectos privados.
Más adelante, el estudio identifica específicamente a Yasser y Tarek Abbas como uno de los ejemplos más destacados de familiares de altos funcionarios de la Autoridad involucrados en grandes negocios, y sostiene que sus actividades empresariales y su riqueza se convirtieron en objeto de un debate público y mediático sobre la posible relación entre su éxito comercial y el poder político de su padre, Mahmoud Abbas.
El estudio vuelve específicamente sobre la financiación de USAID a proyectos ejecutados por empresas administradas por los hijos del presidente y registra también la respuesta de USAID: los vínculos familiares no fueron un factor en la selección de las empresas.
Asimismo, recupera la investigación de Foreign Policy y los interrogantes planteados sobre la legitimidad de la riqueza acumulada por Yasser y Tarek después de que Mahmoud Abbas asumiera el poder en 2005, así como sobre la posible relación entre la ayuda estadounidense y el enriquecimiento personal de funcionarios de la Autoridad o de sus familiares.
El estudio no emite una sentencia judicial contra los hermanos Abbas.
Pero traslada el asunto desde el ámbito de una investigación periodística hacia un análisis académico institucional sobre las relaciones entre poder político, capital, favoritismo y monopolios.
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De 2009 a 2025: no estamos ante el relato de una sola fuente
Aquí la imagen se vuelve mucho más amplia que la ofrecida únicamente por las actas del Congreso.
Reuters, en 2009, documentó contratos estadounidenses concedidos a empresas de los hijos de Abbas y abrió el interrogante sobre posibles conflictos de intereses.
Foreign Policy, en 2012, colocó directamente bajo escrutinio la riqueza de Yasser y Tarek y formuló la pregunta:
¿Se estaban enriqueciendo gracias al sistema de su padre?
La justicia federal estadounidense, entre 2013 y 2015, incorporó formalmente el litigio al registro judicial y la demanda por difamación presentada por Yasser terminó siendo desestimada, sin que ello signifique que un tribunal haya declarado judicialmente probadas las acusaciones de corrupción.
En 2016, Le Monde, apoyándose en los Panama Papers, reveló que Tarek Abbas poseía acciones de APIC valoradas en aproximadamente USD 982.000, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas cuya estructura accionarial combinaba capital privado con una participación del Fondo de Inversión Palestino.
Finalmente, el estudio del Graduate Institute de Ginebra de 2025 situó el caso de los hijos del presidente dentro de un análisis más amplio sobre nepotismo, monopolios y redes de patronazgo en la economía política palestina.
Por eso, el interrogante ya no depende de un único informe.
Ni del testimonio de un adversario político.
Ni de la versión de un antiguo agente de seguridad.
Estamos ante una secuencia de más de quince años de investigaciones periodísticas internacionales, documentos financieros filtrados, registros judiciales e investigación académica, que regresan —con distintos grados de evidencia y desde diferentes perspectivas— a una misma pregunta que hasta hoy los palestinos no han visto respondida de manera integral y transparente:
¿Cómo se formó la riqueza de los hijos del presidente?
¿Dónde termina la actividad empresarial privada y dónde comienza el poder derivado del apellido y de la influencia política?
Y esa pregunta no se responde con comunicados ni con acusaciones cruzadas.
Solo puede responderse mediante declaraciones patrimoniales, registros de propiedad, contratos, cuentas, identificación de beneficiarios finales y una auditoría independiente y pública ante el pueblo palestino.
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Líbano: Yasser Abbas ya no es simplemente un visitante
Lo que está ocurriendo en el Líbano revela la magnitud de la transformación.
El 30 de junio de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores libanés anunció oficialmente que el ministro Youssef Raggi había recibido a Yasser Abbas.
No lo presentó como empresario ni simplemente como miembro de Fatah.
Lo presentó como:
“representante especial del presidente palestino Mahmoud Abbas y comisionado de Relaciones Exteriores del Comité Central de Fatah”.
Ambos abordaron las relaciones libanés-palestinas y cuestiones políticas y regionales.
El 31 de julio, el presidente de la República Libanesa, Joseph Aoun, recibió a una delegación palestina encabezada por Yasser Abbas en su condición de miembro del Comité Central y responsable de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, estamos ante poder político real.
Y aquí comienza la pregunta que debería formularse el palestino incluso antes que el libanés:
¿De dónde obtuvo Yasser Abbas semejante nivel de influencia con tanta rapidez?
¿Cómo pasó un empresario que, hasta hace poco, no contaba con una experiencia oficial públicamente conocida dentro de las instituciones de la Autoridad o de Fatah a ocupar una posición desde la que negocia, se reúne con altos funcionarios libaneses y administra uno de los expedientes palestinos más sensibles fuera de los territorios palestinos?
Y existe un aspecto todavía más delicado:
El Líbano no es únicamente un expediente político.
El Líbano significa los campamentos palestinos, las armas, las relaciones con el Estado libanés y la estructura organizativa de Fatah.
Pero también significa propiedades, bienes inmuebles y fondos de la Organización para la Liberación de Palestina.
Y es aquí donde lo político se cruza con lo financiero.
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Fahmi Shabaneh: cuando las acusaciones de corrupción surgieron desde el aparato encargado de combatirla
Es fácil para cualquier autoridad describir las acusaciones de un adversario político como un ajuste de cuentas.
La situación se vuelve considerablemente más sensible cuando las acusaciones proceden de una persona que trabajó dentro del propio aparato de seguridad y específicamente en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
Fahmi Shabaneh al-Tamimi, cuando comenzó a revelar sus expedientes, no era simplemente un opositor situado fuera de las instituciones de la Autoridad Palestina.
Había sido oficial del Servicio General de Inteligencia palestino y estuvo al frente de su unidad anticorrupción. Según su propio testimonio, su trabajo de investigación sobre expedientes de corrupción se realizaba bajo instrucciones de la dirección del servicio.
El 29 de enero de 2010, The Jerusalem Post publicó una extensa entrevista con Shabaneh.
En ella afirmó que Mahmoud Abbas le había encargado aproximadamente cuatro años antes trabajar contra la corrupción dentro de la Autoridad y que, durante sus investigaciones, había encontrado expedientes relacionados con altos funcionarios y fondos públicos.
Shabaneh formuló acusaciones severas contra la estructura del gobierno palestino y sostuvo que la corrupción financiera y la mala administración se habían convertido en factores que contribuían a que sectores de la población palestina perdieran confianza en la Autoridad.
También habló de funcionarios palestinos que, según él, habían llegado a los territorios palestinos con recursos económicos limitados y cuyas fortunas posteriormente habrían aumentado hasta alcanzar decenas e incluso cientos de millones de dólares.
Estas afirmaciones siguen siendo acusaciones y testimonios personales de Fahmi Shabaneh; no son sentencias judiciales definitivas.
Pero posteriormente el expediente se acercó directamente a la familia de Mahmoud Abbas.
El 15 de febrero de 2010, Al Jazeera documentó declaraciones de Shabaneh en su condición de antiguo director de la unidad anticorrupción del Servicio de Inteligencia.
Informó que había reiterado sus acusaciones de corrupción contra funcionarios de la Autoridad y dirigentes de Fatah.
Más importante aún: registró que Shabaneh había aparecido anteriormente en una entrevista con el canal londinense Al-Hiwar, donde acusó expresamente de corrupción a los hijos de Mahmoud Abbas y sostuvo que lo que había revelado era apenas “la punta del iceberg”, afirmando que poseía cientos de pruebas relacionadas con los hijos del presidente y funcionarios de la Autoridad y de Fatah.
El 22 de febrero de 2010, Shabaneh realizó una conferencia de prensa en Jerusalén en la que presentó nuevas acusaciones relacionadas con propiedades y terrenos.
Afirmó que un asesor de Mahmoud Abbas le había impedido proteger un inmueble cercano a la mezquita de Al-Aqsa perteneciente a la Organización para la Liberación de Palestina.
Una vez más:
Estas fueron acusaciones formuladas por Shabaneh y publicadas por medios de comunicación. No constituyen sentencias judiciales.
Sin embargo, muestran la naturaleza y la magnitud de los expedientes que, según él, manejaba desde su antiguo cargo dentro del aparato de inteligencia.
La Autoridad Palestina rechazó su versión y sostuvo en aquel momento que sus afirmaciones formaban parte de una campaña dirigida contra Mahmoud Abbas.
Funcionarios palestinos también vincularon sus acusaciones con una supuesta conspiración israelí.
Esta versión también debe quedar registrada, porque constituye la respuesta de la parte acusada frente a las afirmaciones de Shabaneh.
Pero existe un problema para quienes pretenden descartar todo el expediente sobre los hijos de Abbas como una simple “disputa personal con Fahmi Shabaneh”:
Los interrogantes sobre la riqueza de Yasser y Tarek no dependen originalmente de su testimonio.
Después aparecieron documentos y actas oficiales estadounidenses que nombraron expresamente a Yasser y Tarek Abbas, examinaron su riqueza, sus compañías y contratos financiados por USAID, y llegaron incluso a plantear la necesidad de investigar la fortuna de Mahmoud Abbas y de sus dos hijos para determinar si fondos estadounidenses habían contribuido a sus activos.
Son precisamente los documentos que hemos expuesto detalladamente en esta investigación.
Y el asunto volvió a surgir durante la audiencia del Senado estadounidense de 2024, cuando el senador Pete Ricketts acusó a Mahmoud Abbas de desviar fondos públicos y ayuda internacional para enriquecerse “a sí mismo y a su familia”.
De esta manera, el testimonio de Shabaneh se convierte en una parte del expediente, no en el fundamento de todo el expediente.
La Autoridad puede cuestionar sus motivaciones.
Puede sostener que existía una enemistad entre ambas partes.
Está en su derecho.
Pero eso no borra el hecho de que los interrogantes sobre la familia Abbas, su riqueza y su influencia económica reaparecieron posteriormente y de manera independiente en registros del Congreso estadounidense, investigaciones periodísticas internacionales y documentos financieros.
Por eso, la verdadera pregunta supera a Fahmi Shabaneh:
Si el hombre mentía o actuaba movido por una disputa personal, como sostiene la Autoridad, ¿cómo explica esta que los mismos interrogantes sobre dinero, familia e influencia reaparecieran durante más de una década en fuentes independientes y separadas entre sí?
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Tarek Abbas: la otra cara económica de la familia
Yasser puede ser hoy la figura con mayor visibilidad política, pero Tarek Abbas constituye una pieza fundamental de la historia económica.
Los contratos, empresas e intereses comerciales vinculados a ambos hermanos son conocidos desde hace años, y la controversia llegó, como hemos expuesto, hasta instituciones estadounidenses.
El éxito de un empresario palestino no significa que ese empresario sea corrupto.
Esta premisa debe permanecer absolutamente clara.
Pero cuando el empresario es hijo de un presidente que gobierna sin nuevas elecciones presidenciales desde hace más de dos décadas, y cuando las empresas familiares operan en una economía donde la Autoridad controla una parte significativa de los mecanismos regulatorios y financieros, la divulgación completa de intereses, contratos y relaciones con fondos públicos deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad.
La pregunta no es:
¿Por qué Tarek o Yasser se hicieron ricos?
La pregunta es:
¿Cómo se formó esa riqueza?
¿Qué contratos obtuvieron sus empresas?
¿Quién compitió por ellos?
¿Quién los financió?
¿Existe una relación directa o indirecta entre el poder político y el poder económico?
Estas preguntas no se responden mediante comunicados de relaciones públicas.
Las responden las cuentas, los contratos y los registros.
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Azzam al-Ahmad: un poder que necesita rendir cuentas
Luego aparece Azzam al-Ahmad, uno de los hombres más veteranos de la estructura política que rodea a Mahmoud Abbas y cuyo nombre ha estado durante años vinculado a los expedientes de Fatah, la OLP, el Líbano y la reconciliación palestina.
Sobre Azzam y su hermano Alam al-Ahmad se han publicado múltiples acusaciones financieras e inmobiliarias.
Algunas estuvieron vinculadas al testimonio de Fahmi Shabaneh y otras fueron reproducidas posteriormente por diferentes fuentes palestinas.
Pero aquí debemos ser más rigurosos incluso que quienes formulan esas acusaciones.
No podemos convertir cada lista de propiedades publicada en internet en un hecho probado.
Ni podemos transformar cualquier relato sobre millones de dólares en una condena.
Lo que se exige a Azzam al-Ahmad —como a cualquier otro funcionario— es mucho más sencillo:
Transparencia.
Si las acusaciones son falsas, que la respuesta sean los documentos.
¿Cuáles son sus propiedades e intereses declarados?
¿Qué relación tienen sus familiares con los expedientes que administró?
¿Y cuál fue exactamente el papel desempeñado por su hermano allí donde su nombre apareció en versiones relacionadas con operaciones y activos palestinos?
El cargo público no otorga inmunidad frente a las preguntas.
Al contrario:
obliga aún más a responderlas.
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Ramzi Khoury: aquí está la caja que debe abrirse
El nombre de Ramzi Khoury puede ser menos conocido para el ciudadano palestino común que los nombres de Abbas o al-Ahmad.
Pero desde el punto de vista financiero, quizá sea uno de los que exige las preguntas más delicadas.
Khoury estuvo vinculado durante años al Fondo Nacional Palestino, el brazo financiero de la Organización para la Liberación de Palestina.
Y si existe una sola fuente que obliga a detenerse seriamente ante este expediente, no es una publicación palestina de oposición ni el testimonio de un antiguo oficial.
Es el Congreso de Estados Unidos.
En un documento oficial relacionado con las deliberaciones estadounidenses sobre asignaciones para asuntos exteriores se planteó una pregunta sobre la forma en que la OLP transfería sus fondos, los bancos utilizados, el papel del Fondo Nacional Palestino y la necesidad de conocer el balance presupuestario de la organización.
La respuesta fue extraordinaria.
Se indicó que el presupuesto de la OLP para 2015 se estimaba en aproximadamente USD 206 millones, y que el Fondo Nacional financiaba una parte de esa suma.
Después apareció la afirmación más grave:
El Fondo estaba dirigido por Ramzi Khoury, cercano a Mahmoud Abbas; el volumen total de dinero existente en el Fondo era desconocido y sus operaciones eran opacas y carentes de transparencia —“opaque”—.
Incluso se señaló que podían proporcionarse más detalles a los miembros del Congreso y a su personal mediante una sesión informativa clasificada.
Esto no constituye una condena penal de Ramzi Khoury.
Pero desde la perspectiva de la fiscalización institucional, es una señal de alarma extraordinaria.
¿Cómo puede el brazo financiero de la Organización para la Liberación de Palestina —una organización que se supone pertenece al pueblo palestino y representa su causa— manejar un volumen de recursos cuyo total ni siquiera conocen organismos extranjeros que financian y supervisan partes importantes del sistema palestino, mientras sus operaciones son descritas en un documento oficial estadounidense como opacas?
¿Dónde están los estados financieros completos?
¿Dónde está el detalle de los activos?
¿Dónde están las cuentas bancarias?
¿Dónde están los ingresos?
¿Dónde están los rendimientos de las propiedades inmobiliarias?
¿Quién posee la autoridad para transferir fondos?
¿Quién ordena los desembolsos?
¿Y quién controla a quienes ordenan y ejecutan esas operaciones?
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Ramzi Khoury no es una figura marginal en esta historia
Por eso, abordar el papel de Ramzi Khoury dentro del expediente sobre la corrupción palestina no exige afirmar, sin pruebas, que haya robado una cantidad determinada.
Su posición institucional, por sí sola, exige rendición de cuentas.
Cuando una persona se encuentra en el centro de la institución por la que circulan fondos de la Organización para la Liberación de Palestina, mientras un documento oficial estadounidense afirma que el volumen total del Fondo es desconocido y que sus operaciones son opacas, formular preguntas sobre esa persona se convierte en una parte esencial de cualquier investigación sobre el dinero palestino.
Especialmente cuando, paralelamente, hablamos de propiedades de la OLP en el Líbano, operaciones de venta, regularización y recuperación de activos, y de la creciente influencia política de Yasser Abbas sobre el expediente libanés.
No afirmamos que la coexistencia de estos elementos demuestre un delito.
Lo que afirmamos es que convierte la exigencia de abrir las cuentas en una necesidad nacional.
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Cuatro nombres y un mismo sistema de interrogantes
Yasser Abbas ya no es simplemente el hijo del presidente.
Es miembro del Comité Central de Fatah, responsable de sus relaciones exteriores, representante especial de Mahmoud Abbas y una figura presente en el Líbano y en las mesas de sus principales responsables políticos.
Tarek Abbas no es simplemente su hermano.
Es un empresario cuyo nombre y cuyas empresas están vinculados desde hace años a interrogantes públicos que llegaron hasta el Congreso estadounidense.
Azzam al-Ahmad no es un funcionario cualquiera.
Es uno de los hombres del sistema político palestino que durante años administró expedientes extremadamente sensibles, mientras sobre él y su entorno pesan acusaciones que requieren respuestas documentadas, no simples desmentidos políticos.
Y Ramzi Khoury no es un contable sentado detrás de un escritorio.
Es el hombre vinculado a la administración del Fondo Nacional Palestino, la institución cuyas operaciones fueron descritas en un documento estadounidense como opacas y cuyo volumen total de fondos fue señalado como desconocido.
No estamos ante cuatro expedientes separados.
Estamos ante cuatro puertas que conducen a la misma pregunta:
¿Quién controla el dinero y el poder dentro del sistema palestino?
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Mahmoud Abbas: el problema comienza en la cúspide del sistema
Nada de esto puede discutirse como si Mahmoud Abbas estuviera fuera de la escena.
Fue elegido presidente en 2005 y desde entonces no se ha sometido a nuevas elecciones presidenciales.
Mientras tanto, vemos a su hijo pasar del mundo empresarial a la máxima instancia dirigente de Fatah, convertirse en su representante especial y asumir expedientes sensibles en el Líbano, mientras el padre continúa ocupando el centro del sistema político.
Incluso la prensa internacional ha comenzado a analizar el ascenso de Yasser dentro del contexto de la sucesión política y la influencia familiar, y no simplemente como una promoción organizativa ordinaria.
Por eso, el problema no es una persona llamada Yasser Abbas.
El problema es un sistema político en el que el mecanismo de renovación de la legitimidad popular quedó paralizado y dentro del cual integrantes de una misma familia comenzaron a ascender hacia posiciones de influencia política y económica.
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Abran el Fondo y dejen que hablen los documentos
Si todas las acusaciones formuladas en torno al dinero palestino son falsas y difamatorias, el camino para desmontarlas no pasa por comunicados, acusaciones de traición ni persecuciones contra quienes formulan preguntas.
Existe una respuesta mucho más sencilla:
Transparencia.
Abran el Fondo Nacional Palestino a una auditoría financiera independiente e imparcial.
Publiquen íntegramente sus cuentas y sus informes financieros.
Revelen las propiedades de la Organización para la Liberación de Palestina en el Líbano y en otros países, así como los inmuebles vendidos o transferidos desde 2005, sus superficies, números registrales, precios de venta y la identidad de sus compradores.
Revelen adónde fueron a parar los ingresos procedentes de esas propiedades.
¿Qué cuentas recibieron el dinero?
¿Quién posee autoridad de firma sobre ellas?
¿Mediante qué decisiones se autorizaron las ventas, los desembolsos y las transferencias?
Y publiquen, conforme a las normas de declaración patrimonial y prevención de conflictos de intereses, los intereses comerciales de funcionarios y de sus familiares cuando estos se crucen con fondos públicos o con instituciones de la OLP y de la Autoridad Palestina.
No pedimos que se condene a nadie sin pruebas.
Pedimos que se abran los libros.
Si el dinero fue administrado conforme a la ley y en beneficio del pueblo palestino, los documentos constituirán la defensa más poderosa de quienes lo administraron.
Y si existieron irregularidades o infracciones, no necesitaremos una disputa política para demostrarlas.
Las cifras, los contratos, las transferencias y los registros hablarán por sí solos.
Pretender que el pueblo palestino deposite una confianza ciega en la administración de fondos y propiedades pertenecientes a todo un pueblo, mientras amplios sectores de esa gestión permanecen fuera de una fiscalización pública efectiva, no constituye una respuesta a las preguntas sobre corrupción.
Es una razón adicional para insistir en la transparencia y la rendición de cuentas.
El pueblo palestino no es una empresa privada.
La Organización para la Liberación de Palestina no es una propiedad familiar.
Fatah no es una herencia política que pase del padre al hijo.
Y el Fondo Nacional Palestino no es una caja fuerte cerrada.
Es dinero de un pueblo.
Y ese pueblo tiene derecho a saber dónde está su dinero, quién lo administra, cómo se gasta y adónde va.
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El expediente no se cierra: apenas comienza
No estamos hablando de dinero privado ni de propiedades familiares.
Tampoco de instituciones que pertenezcan a quienes ocupan los puestos de decisión.
Estamos hablando de instituciones, fondos y derechos pertenecientes al pueblo palestino.
Y los palestinos tienen derecho a saber:
¿Cómo fueron administrados?
¿Adónde fueron?
¿Quién se benefició de ellos?
¿Quién tenía la autoridad para decidir, firmar y disponer de esos bienes?
Por eso, los interrogantes que rodean a Mahmoud Abbas y a sus hijos Yasser y Tarek —y a toda persona que haya asumido responsabilidades políticas o financieras dentro de este sistema— no desaparecerán mediante el silencio, las acusaciones de traición ni los ataques contra quienes abren estos expedientes:
¿De dónde salió el dinero?
¿Adónde fue?
¿Quién lo administró?
¿Quién se benefició?
¿Quién firmó?
¿Y quién fiscalizó?
Hasta que las cuentas, registros y contratos sean abiertos a una auditoría independiente y transparente, estas preguntas seguirán siendo legítimas.
Y formularlas seguirá siendo un deber periodístico que no puede enterrarse detrás de un cargo, del poder ni de un apellido familiar.
Pero esta investigación no termina aquí.
Próximamente, en la segunda parte de esta investigación, abriremos el expediente de Azzam al-Ahmad y su hermano, así como el de Ramzi Khoury, su papel en el Fondo Nacional Palestino y la red de administración del dinero y de la toma de decisiones.
Pondremos ante la opinión pública los hechos, documentos y registros relacionados con estos expedientes tal como son.
Y dejaremos que los documentos pronuncien su veredicto.
Quien crea que estos expedientes pueden permanecer eternamente detrás de puertas cerradas debe comprender que el tiempo de las preguntas ya ha comenzado.
Todo documento verificable constituye un derecho de la opinión pública.
Todo fondo público exige rendición de cuentas.
Y toda responsabilidad pública exige fiscalización.
El dinero palestino no es un secreto de la Autoridad.
Es un derecho del pueblo.
Y esta investigación aún no se ha cerrado.
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Documentos que respaldan esta investigación
Junto con esta investigación se adjuntan diversos documentos y fuentes originales en los que se basa el informe, para que el lector pueda consultarlos y verificar directamente la información expuesta.
Entre ellos se encuentran:
Título:
“Implementation of the U.S. Anti-Corruption Strategy”
Audiencia número:
S. HRG. 118–400
Documento publicado oficialmente por el Congreso de Estados Unidos.
Título:
“Promoting Peace? Reexamining U.S. Aid to the Palestinian Authority, Part II”
Número:
Serial No. 112–68
El documento contiene discusiones y testimonios relacionados con la Autoridad Palestina y la ayuda estadounidense.
Caso:
Yasser Abbas v. Foreign Policy Group, LLC and Jonathan Schanzer
Número:
13-7171
Sentencia emitida el 24 de abril de 2015, relacionada con la demanda presentada por Yasser Abbas a raíz de la investigación que examinó su riqueza, la de su hermano Tarek y sus posibles fuentes.
4. Investigación de Le Monde basada en los Panama Papers
Publicada el 15 de abril de 2016, sobre fondos e intereses offshore vinculados a la Autoridad Palestina.
La investigación documentó la posesión por parte de Tarek Abbas de acciones de APIC, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
“Profit over Palestine: Cronyism, Monopolies, and Patronage”
de los investigadores Tariq Dana y Rami Salameh, publicado dentro del libro De/Colonising Palestine por Graduate Institute Publications, Ginebra, y disponible en OpenEdition Books desde el 21 de mayo de 2025.
DOI: 10.4000/13zm4
Adjuntar estos documentos no constituye un elemento decorativo ni una forma de citación meramente formal.
Su objetivo es convertir al lector en partícipe del proceso de verificación, permitiéndole regresar a las fuentes originales y comparar directamente su contenido con lo expuesto en esta investigación.
No pedimos a nadie que nos crea por confianza.
Pedimos que lea los documentos.
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