Una madre, una hija con autismo y un sistema que decidió romper lo que debía cuidar.
Por estos días, en Campana, el caso de Paulina expone con crudeza una maquinaria institucional que parece funcionar al revés: en vez de proteger a las víctimas, las castiga. Lo que comenzó como una denuncia por violencia de género terminó en una pesadilla burocrática y judicial donde el poder político, el Servicio Local y el Poder Judicial se confunden en una misma sombra.
Paulina, víctima de violencia, acudió al Estado en busca de ayuda. Lo que encontró fue una red de decisiones arbitrarias que la dejaron sin su hija, una niña con autismo que —según denuncia— fue literalmente “secuestrada” bajo la excusa de una intervención estatal. El operativo, que incluyó escenas de violencia y humillación —la sacaron semidesnuda de su casa—, fue avalado por quienes deberían garantizar derechos: el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, encabezado por Rocío Alvez.
Detrás de esa oficina, que debería ser un resguardo para la infancia, aparece un entramado de complicidades políticas y judiciales. La hija de Paulina fue entregada a Cecilia Gómez y Verónica Vanessa, abuela y tía paterna, por decisión del juez Leandro Capello y con el aval de la defensora de incapaces Natalia Díaz.
Hasta ahí, el expediente se podría leer como uno más dentro del laberinto del sistema de protección. Pero la historia se vuelve insoportable cuando Paulina cuenta que su hija fue abusada mientras estaba bajo esa custodia. La niña habló en Cámara Gesell, relató hechos concretos y dolorosos, pero —una vez más— no hubo imputaciones. La justicia eligió el silencio.
La abogada Andrea Filipi representa a Paulina, se denuncia un patrón que se repite en Campana: resoluciones exprés, informes plagados de prejuicios y discriminación hacia las mujeres pobres. “El sistema se defiende a sí mismo”, dice Paulina. “Si te animás a cuestionarlo, te aplasta”. Eso sin contar las sospechas de pedofilia y las adopciones de niños, sospechosas a lo largo y ancho de la provincia.
Y ahí aparecen los nombres que coronan la pirámide del poder local: Elisa Abella y Sebastián Abella, intendente y esposa, a quienes la mujer señala como responsables políticos del funcionamiento del Servicio Local. No es la primera denuncia que los involucra. En Campana, el organismo que debería proteger a los chicos se convirtió en un instrumento de castigo y disciplinamiento.
El caso de Paulina es, al mismo tiempo, una historia personal y un espejo institucional: muestra cómo el poder político se blinda a través de la justicia, y cómo la justicia, a su vez, se esconde detrás de la burocracia. Entre resoluciones y oficios, lo que se pierde es lo más elemental: la vida de una madre y una hija que solo pedían amparo.
Hoy, Paulina sigue peleando. Lo hace con la fuerza de quien ya perdió casi todo. Su voz, cada vez más firme, denuncia algo que trasciende su propia tragedia: que en Campana, la vulnerabilidad no se asiste, se castiga. ¿Será por todo esto que la defensoría del Pueblo activó un aparato para censurar esta información en los medios?
por elcensor
