El Gobierno oficializó este viernes un incremento promedio del 3,8% en las facturas de gas desde noviembre, que se sumará a un ajuste similar en las tarifas eléctricas previsto para el lunes, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.
Estos aumentos superan la inflación proyectada, estimada en torno al 2,5% por consultoras privadas, debido al traslado a tarifas del encarecimiento del dólar en los últimos meses, impulsado por la incertidumbre electoral.
La Secretaría de Energía, bajo la dirección de María Tettamanti, dispuso que a partir de noviembre las distribuidoras puedan contratar energía directamente con las generadoras, eliminando la intermediación de Cammesa para grandes usuarios. Sin embargo, los residenciales seguirán bajo el esquema vigente.
Además, el Gobierno nacional estableció un nuevo aumento en el recargo que financia el subsidio para usuarios de zonas frías, llevándolo de 7% a 7,2%. El costo del fluido, junto con las tarifas de transporte y distribución, determinado por esta medida, se reflejará en la tarifa final a partir de noviembre con un impacto total del 3,8 por ciento.
Estos ajustes se suman a las subas mensuales en combustibles y en el servicio de Aysa en el AMBA, que rondan el 1%, vinculadas a un incremento parcial de los impuestos incluidos en sus precios. Aún no se ha definido la magnitud del aumento que aplicarán las petroleras.
Hacia la privatización de la gestión eléctrica
“No hay mejor forma de obtener esa energía lo más barato posible que con competencia, es decir, con libre mercado y gestión privada, no gestión pública. Y los privados, para eso, necesitan, por supuesto, también tener previsibilidad en las reglas del juego”, afirmó Tettamanti a comienzos de mes en un evento organizado por EconoJournal.
Al referirse al proceso de privatización, Tettamanti explicó: “El cómo es volver a privatizar la gestión, porque nosotros salimos de una industria estatal en los años ochenta, se privatizaron los activos y la gestión. En los últimos años, la propiedad permaneció en manos privadas, pero la gestión no. La gestión fue intervenida, estatizando en la práctica el sector. Nosotros queremos volver a la privatización absoluta. Lo peor sería continuar con este régimen regulado y estatista, que ha generado un sistema descapitalizado, sin contratos previsibles entre privados y sin desarrollo a largo plazo”.
Según Tettamanti, los grandes usuarios deben asumir la gestión de su energía. Si desde Cammesa y la Secretaría de Energía se detecta que el sector privado no avanza en esa dirección, consideran necesario implementar acciones más centralizadas en los procesos de cálculo, planificación y licitación, aunque sin asumir el rol de offtaker. “No somos dogmáticos. Si en algún momento es imprescindible garantizarle al proveedor el cobro de su producción, lo vamos a hacer. Pero nuestro objetivo es que el sector privado sea el offtaker de la nueva producción de energía”, remarcó.
La funcionaria también subrayó que la política sectorial depende de la estabilidad macroeconómica, fundamental en un sector cuyos precios se fijan en dólares. La solidez fiscal y monetaria es el soporte de la reforma. “El segmento desregulado, que debe producir y vender a un segmento regulado, siente temor por experiencias pasadas: si el cliente no cumple ¿cómo va a cobrar?”, advirtió.
Tettamanti concluyó que la viabilidad de la reforma depende de respetar las reglas y mantener coherencia entre la política sectorial y la macroeconomía. Sin una economía ordenada, ningún sector puede sostener políticas públicas duraderas, ya que la inestabilidad de precios impide preservar las reglas.
El Gobierno llegó a las elecciones de medio termino con una aceleración en la inflación (el dato de septiembre fue de2,1%) aunque menor que la volatilidad en el dólar, lo que confirmó el bajo pass through del que hablan los funcionarios del Ministerio de Economía. En octubre, el indicador continuó con la misma tendencia, con saltos en rubros que pegan de lleno en los sectores de menor poder adquisitivo, como alimentos y bebidas no alcohólicas.
