Equipo de Redacción – Noticias Latinas
Después de meses de negociaciones diplomáticas y controversias a ambos lados del río Uruguay, el proyecto de HIF Global para producir hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Uruguay se encamina hacia una relocalización dentro del departamento de Paysandú, alejándose del emplazamiento originalmente previsto frente a la ciudad entrerriana de Colón.
El proyecto representa una inversión estimada en USD 5.400 millones y, de concretarse en los términos previstos, se convertiría en la mayor inversión de la historia de Uruguay.
Una alta fuente oficial uruguaya aseguró que actualmente “la principal hipótesis es la relocalización” y señaló que el nuevo emplazamiento que se analiza pertenece al entorno empresarial de ANCAP, la petrolera estatal uruguaya.
La alternativa que tomó mayor fuerza es un terreno industrial de 48 hectáreas perteneciente a ALUR, compañía controlada por ANCAP, también ubicado en el departamento de Paysandú.
El proyecto que generó preocupación en Entre Ríos
El plan original contemplaba instalar el complejo industrial aproximadamente cinco kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, sobre la margen uruguaya del río.
Del otro lado se encuentra Colón, una de las principales ciudades turísticas de Entre Ríos, cuya economía depende en buena medida de la actividad vinculada a sus playas, termas y temporada de verano.
La ubicación prevista despertó preocupación entre autoridades y sectores de la comunidad entrerriana ante el posible impacto visual, ambiental y turístico que podía generar un complejo industrial de estas dimensiones frente a la costa argentina.
HIF Global, multinacional controlada por capitales chilenos, fue seleccionada para desarrollar un proyecto orientado a la producción de hidrógeno verde y e-combustibles, principalmente destinados a los mercados internacionales.
Aunque la inversión en infraestructura corresponde a la compañía, la iniciativa se originó desde el Estado uruguayo a través de ANCAP.
Las negociaciones entre Argentina y Uruguay
La controversia abrió un período de negociaciones en el que participaron el Gobierno de Entre Ríos, la Cancillería argentina y las autoridades de Uruguay.
Las conversaciones desembocaron en un entendimiento alcanzado en mayo, cuyo punto central establecía que Montevideo evaluaría emplazamientos alternativos para desarrollar el proyecto.
El acuerdo permitió reducir las tensiones que habían comenzado a crecer en ambas márgenes del río.
Tanto la administración del presidente uruguayo Yamandú Orsi como el gobierno argentino y la gestión entrerriana encabezada por Rogelio Frigerio buscaban evitar que el conflicto adquiriera dimensiones similares a la histórica disputa bilateral provocada por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos.
Aquel enfrentamiento, ocurrido a comienzos de este siglo en torno a la entonces empresa Botnia, generó protestas prolongadas y bloqueos en los pasos internacionales que comunican Argentina y Uruguay.
Un predio industrial de 48 hectáreas aparece como principal alternativa
La opción que actualmente concentra las mayores posibilidades es un predio de 48 hectáreas propiedad de ALUR, empresa controlada por ANCAP.
El terreno se encuentra en Paysandú, pero considerablemente más alejado de Colón que la localización originalmente proyectada.
En el lugar funciona infraestructura industrial y el área está clasificada como zona industrial, una característica relevante para la eventual instalación del complejo destinado a fabricar combustibles sintéticos.
Según las autoridades uruguayas, el nuevo emplazamiento evitaría el impacto directo sobre el paisaje turístico de la ciudad entrerriana y, al mismo tiempo, ofrecería ventajas logísticas para el proyecto.
Las ventajas que tendría la nueva ubicación
La alternativa no responde únicamente al reclamo planteado desde Argentina.
El nuevo predio se encuentra más próximo a una planta de CO₂, uno de los insumos fundamentales para la elaboración de los combustibles sintéticos proyectados por HIF Global.
También dispone de mejores conexiones con infraestructura energética, rutas y vías ferroviarias.
Estas características podrían facilitar tanto el abastecimiento energético de la planta como el transporte de insumos y productos terminados.
Desde el gobierno uruguayo indicaron que este es actualmente el lugar que se analiza con mayor firmeza.
Sin embargo, la decisión todavía forma parte de negociaciones administrativas y comerciales que no han concluido definitivamente.
HIF Global, consultada sobre la eventual relocalización, optó por no realizar declaraciones públicas mientras continúan las conversaciones con las autoridades uruguayas.
Una inversión histórica para Uruguay
La magnitud económica del proyecto explica la importancia que la negociación adquirió dentro de la política uruguaya.
Los USD 5.400 millones previstos superarían cualquier inversión individual realizada anteriormente en el país.
El complejo tiene como objetivo producir hidrógeno utilizando fuentes renovables y posteriormente emplearlo en la elaboración de combustibles sintéticos o e-combustibles, destinados principalmente a la exportación.
Este tipo de combustible busca sustituir productos derivados del petróleo en sectores difíciles de electrificar directamente, utilizando hidrógeno producido con energía renovable y dióxido de carbono dentro del proceso industrial.
HIF Global ya posee experiencia en esta tecnología a través de sus desarrollos internacionales, entre ellos instalaciones en Punta Arenas, Chile.
La relocalización abrió una disputa política en Uruguay
Mientras avanzan las conversaciones, el proyecto también quedó involucrado en una controversia entre el oficialismo y la oposición uruguaya.
La iniciativa comenzó durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y posteriormente tuvo continuidad bajo la administración de Yamandú Orsi, perteneciente al Frente Amplio.
El dirigente nacionalista Álvaro Delgado, exsecretario de Presidencia, advirtió que la inversión podría encontrarse en riesgo debido a las exigencias relacionadas con la relocalización.
Delgado cuestionó además a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, a quien acusó de obstaculizar las negociaciones, y pidió la intervención directa del presidente Orsi para evitar que HIF Global termine trasladando su inversión a Paraguay, posibilidad que describió como un riesgo latente.
El gobierno de Orsi pide no partidizar el proyecto
La respuesta llegó desde la Presidencia uruguaya.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, rechazó que una inversión de estas características sea convertida en una disputa partidaria y confirmó que existen negociaciones pendientes sobre aspectos sustanciales del acuerdo.
Según explicó, las partes vienen trabajando sobre un cronograma, pero todavía no alcanzaron consensos definitivos sobre algunas condiciones necesarias para cerrar el acuerdo de inversión.
Uno de los puntos centrales está relacionado con quién deberá financiar la infraestructura necesaria para llevar energía eléctrica hasta el futuro complejo industrial.
También se discute quién asumirá esos costos y cuál será el precio que HIF Global pagará por el suministro energético.
Estos elementos son especialmente relevantes debido al volumen de electricidad que requiere un proyecto de producción de hidrógeno verde a gran escala.
La relocalización reduce un foco de tensión con Argentina
El cambio de ubicación aparece así como una posible salida a uno de los principales obstáculos políticos y diplomáticos que rodearon al proyecto desde que se conoció su localización inicial.
Para Entre Ríos, trasladar la planta a un punto sin impacto directo sobre la costa de Colón respondería al principal reclamo formulado durante las negociaciones.
Para Uruguay, mantener el proyecto dentro de Paysandú permitiría intentar preservar una inversión estratégica de USD 5.400 millones y, al mismo tiempo, evitar un nuevo conflicto bilateral por emprendimientos industriales sobre el río compartido.
Sin embargo, la relocalización territorial no significa que todas las cuestiones estén resueltas. Uruguay y HIF Global todavía deben cerrar aspectos económicos, energéticos y de infraestructura antes de que la inversión pueda considerarse definitivamente acordada.
