Equipo de Noticias Latinas
El Gobierno de Javier Milei comenzó a desplegar una estrategia que va más allá de las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. El plan incluye inversiones militares en Tierra del Fuego y la Antártida, mayores recursos para el programa satelital argentino y el envío al Congreso de una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Las medidas fueron anticipadas por el Presidente durante su cadena nacional y comenzaron a materializarse mediante decretos y modificaciones presupuestarias.
Uno de los primeros pasos fue agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra compañías involucradas en actividades petroleras no autorizadas por Argentina en el archipiélago. Paralelamente, el Ejecutivo prepara una reforma legislativa destinada a ampliar las consecuencias económicas y jurídicas para quienes participen de esas operaciones.
La estrategia incorpora además la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida por el Gobierno como pieza central para reforzar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.
Nuevas sanciones y exclusión del RIGI
Tres medidas publicadas en el Boletín Oficial comenzaron a traducir los anuncios políticos en decisiones concretas.
Una de ellas reglamentó el régimen de sanciones y estableció que las compañías relacionadas con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas podrán quedar excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El esquema alcanza a actividades como las desarrolladas por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum mediante el proyecto petrolero Sea Lion.
Al mismo tiempo, Milei firmó un DNU que modifica partidas presupuestarias, acompañado por una Decisión Administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
$114.732 millones para comenzar la Base Naval Integrada
Una de las principales decisiones presupuestarias está dirigida a la futura Base Naval Integrada.
El canciller Pablo Quirno había anticipado que parte de las modificaciones permitirían comenzar las obras.
Mediante cambios en los créditos correspondientes al Ministerio de Defensa, el Gobierno dispuso $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, recursos que serán destinados mayoritariamente al proyecto.
La iniciativa no comenzó durante la actual administración. Su origen se remonta a marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Jorge Taiana estaba al frente del Ministerio de Defensa.
La administración de Milei redujo posteriormente los fondos destinados a la obra, aunque durante este año comenzó a evaluar su reactivación.
Una obra que podría costar hasta USD 500 millones
Las estimaciones manejadas dentro del Ministerio de Defensa ubican el costo necesario para completar la Base Naval Integrada entre USD 400 millones y USD 500 millones.
En algún momento se evaluó obtener financiamiento estadounidense.
Sin embargo, esa posibilidad fue descartada, al menos por ahora.
Una fuente gubernamental explicó que existió un ofrecimiento de Estados Unidos, pero que los recursos disponibles resultaban demasiado reducidos frente a las necesidades del proyecto.
Quirno también negó que esté prevista una presencia concreta estadounidense dentro de la futura base.
“Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés y defendiendo los intereses argentinos”, afirmó.
Tierra del Fuego como punto estratégico del Atlántico Sur
Para el Gobierno, la ubicación de Tierra del Fuego ofrece ventajas que exceden la cuestión estrictamente militar.
Quirno la definió como un “punto neurálgico del Atlántico Sur”, especialmente por su cercanía con la Antártida.
La instalación permitiría prestar servicios logísticos a países con actividad antártica y fortalecer las capacidades de monitoreo del extenso espacio marítimo argentino.
Los recursos que serán desembolsados durante los próximos años tendrán como prioridad la Base Naval Integrada, aunque el Ejecutivo también prevé aumentar el financiamiento destinado a la Base Antártica Conjunta Petrel.
El Gobierno quiere conectar Tierra del Fuego con la Base Petrel
Dentro del área de Defensa existe interés en desarrollar conjuntamente ambos proyectos.
La Base Naval Integrada y Petrel aparecen como las dos máximas prioridades dentro del denominado Plan ARMA, que contempla recursos provenientes de operaciones con inmuebles pertenecientes al ámbito de Defensa.
La intención es que ambas instalaciones avancen simultáneamente, aunque mediante diferentes etapas.
Uno de los objetivos estratégicos consiste en conectar la futura base naval fueguina con la Base Antártica Conjunta Petrel, que posee capacidad de acceso tanto para embarcaciones como para aeronaves.
En abril, el astillero TANDANOR completó la estructura correspondiente al Módulo I de Petrel para avanzar posteriormente con el Módulo II.
Sin embargo, el desarrollo enfrenta un desafío presupuestario: según datos del Monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados en el informe, los fondos reales enviados por la Administración Nacional a TANDANOR registraron una variación interanual de -63,24%.
Un proyecto de al menos cuatro años
La hoja de ruta que manejan funcionarios del Gobierno contempla un período mínimo de cuatro años para avanzar con la infraestructura prevista.
Las estimaciones mencionan inversiones anuales de entre USD 100 millones y USD 150 millones.
Para financiar las obras aparecen como posibles fuentes el Plan ARMA, otras partidas presupuestarias y eventualmente el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
Sin embargo, el FONDEF quedó sin recursos dentro del diseño del Presupuesto 2026, por lo que cualquier utilización futura implicaría contemplar una restitución de fondos para 2027.
El programa satelital recibirá $117.000 millones adicionales
El componente tecnológico ocupa otro lugar central dentro de las modificaciones presupuestarias.
El DNU 867/2026 contempla un incremento de $117.000 millones en los gastos figurativos correspondientes a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Según fuentes gubernamentales, una parte importante de esos recursos estará destinada al desarrollo de satélites.
El Gobierno también informó que la próxima misión satelital argentina se encuentra en la fase final de integración y ensayos dentro de las instalaciones de INVAP.
Se trata del SABIA-Mar, cuya puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027.
El satélite incorporó una actualización tecnológica destinada a ampliar sus capacidades para producir información estratégica relacionada con producción, seguridad, investigación científica y gestión ambiental.
Una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El componente legislativo de la estrategia llegará próximamente al Congreso.
El Ejecutivo prepara el envío urgente de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, estructurado alrededor de dos grandes modificaciones.
La primera busca endurecer la Ley 26.659.
Las compañías relacionadas con operaciones no autorizadas por Argentina en las Islas Malvinas podrían quedar inhabilitadas para contratar dentro del territorio nacional, tanto con organismos públicos como con empresas privadas.
El proyecto también contempla habilitar, cuando corresponda, la figura del juicio en ausencia para los infractores.
Un Consejo de Seguridad Nacional
El segundo componente de la iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El organismo tendría competencias transversales dentro del Estado y coordinaría áreas estratégicas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
“Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, afirmó Milei.
El modelo presenta similitudes con el National Security Council de Estados Unidos.
Fuentes de la Cámara de Diputados indicaron que el proyecto se encuentra próximo a ingresar formalmente al Congreso, aunque todavía resta determinar con qué nivel de urgencia será tratado.
Martín Menem buscaría acelerar el debate
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendría especial interés en que la iniciativa avance con rapidez.
La cuestión Malvinas posee además un antecedente directamente relacionado con su familia.
Su padre, Eduardo Menem, fue uno de los impulsores de la incorporación en la reforma constitucional de 1994 de la cláusula que establece la recuperación de las Islas Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
En 1998 también promovió en el Senado un proyecto destinado a sancionar e inhabilitar a compañías que explotaran recursos en las islas sin autorización argentina.
Aquella propuesta no llegó a convertirse en ley, pero anticipó parte del criterio que posteriormente quedó incorporado en la Ley 26.659, sancionada durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La estrategia anunciada por Milei configura así un esquema que combina presión económica sobre las compañías que operan en Malvinas, fortalecimiento militar en Tierra del Fuego, infraestructura antártica, capacidades satelitales y nuevas herramientas legales e institucionales.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es aumentar la capacidad argentina de actuación en el Atlántico Sur y trasladar el reclamo de soberanía sobre Malvinas desde el terreno exclusivamente diplomático hacia una política coordinada que incorpore instrumentos económicos, tecnológicos, militares y jurídicos.
