Equipo de Noticias Latinas
El Gobierno argentino avanzó con una nueva estrategia económica, jurídica y diplomática vinculada con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno confirmó que unas 180 compañías relacionadas directa o indirectamente con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago ya fueron notificadas y deberán decidir entre continuar participando de esas operaciones o exponerse a sanciones que podrían impedirles desarrollar negocios en Argentina.
El ministro de Relaciones Exteriores explicó el alcance de las medidas durante su participación en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones.
“Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, afirmó Quirno.
La ofensiva no se limitará a las compañías que exploten directamente hidrocarburos en las aguas que rodean las islas. También alcanzará a proveedores de servicios petroleros, compañías financieras, aseguradoras y otras firmas vinculadas con esas operaciones.
Vaca Muerta cambia el poder de negociación argentino
Una de las herramientas centrales de la estrategia es la Ley 26.659, que establece sanciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
Quirno sostuvo que el escenario económico actual es sustancialmente diferente al existente cuando comenzó a aplicarse esa legislación.
“La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, explicó.
La diferencia, según el canciller, está en el crecimiento del potencial energético argentino.
“Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, señaló.
Ahora, el Gobierno pretende utilizar las oportunidades de inversión existentes en Argentina para obligar a las compañías a evaluar el costo económico de participar en proyectos desarrollados en Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
“Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, sostuvo Quirno.
Y sintetizó la posición oficial: “Van a tener que elegir”.
Las sanciones alcanzarán también a proveedores, bancos y aseguradoras
El decreto reglamentario anunciado por el Ejecutivo busca acelerar los procedimientos sancionatorios y ampliar su alcance.
Quirno explicó que la medida contempla no solamente a las petroleras que operan en Malvinas, sino también a las compañías que hacen posible esas actividades mediante servicios complementarios.
La lista incluye prestadores petroleros, empresas financieras, aseguradoras y otros proveedores, hasta conformar el universo de aproximadamente 180 compañías identificado por el Gobierno.
El canciller aseguró que las empresas ya fueron advertidas y que aquellas que mantengan actividades alcanzadas por la legislación argentina deberán afrontar el correspondiente procedimiento sancionatorio.
El Gobierno quiere reformar la Ley 26.659
La estrategia contempla además el envío al Congreso de una modificación de la Ley 26.659.
El objetivo será ampliar la capacidad sancionatoria del Estado, pero también introducir un mecanismo que permita a las empresas abandonar las operaciones cuestionadas y posteriormente reincorporarse al mercado argentino.
Quirno explicó que el sistema vigente presenta un problema: una vez sancionada, una compañía queda excluida y pierde incentivos para modificar su comportamiento.
“Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, señaló.
El canciller ejemplificó el problema: si una compañía ya fue expulsada del mercado argentino, podría optar simplemente por permanecer en Malvinas.
Por ese motivo, el Ejecutivo pretende establecer mecanismos de entrada y salida del régimen sancionatorio para aquellas empresas que desistan de las actividades realizadas sin autorización argentina.
Una declaración jurada para ingresar al RIGI
La política sobre Malvinas también llegará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según explicó Quirno, las empresas interesadas en acceder a sus beneficios deberán presentar una declaración jurada asegurando que no se encuentran en violación de la Ley 26.659.
“Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”, afirmó.
La exigencia continuará bajo el esquema que resulte de la futura reforma legislativa.
Tierra del Fuego y una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur
El canciller vinculó estas decisiones con una estrategia más amplia destinada a fortalecer la posición argentina frente al Reino Unido y aumentar la presencia nacional en el Atlántico Sur.
Dentro de ese esquema aparece la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, otra de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei.
“Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, sostuvo Quirno.
Según explicó, el proyecto de Ushuaia busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística destinada a la Antártida, ampliar la capacidad de prestación de servicios y contribuir a la custodia del Mar Argentino.
El proyecto Sea Lion entra en el centro de la disputa
Uno de los principales focos de la estrategia argentina es Sea Lion, proyecto petrolero offshore impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Navitas controla el 65% del proyecto, mientras Rockhopper posee el 35% restante.
Ambas compañías comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera fase del desarrollo, que contempla USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el comienzo de las extracciones en 2028.
Después de los anuncios del Gobierno argentino, las acciones de Rockhopper Exploration cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas Petroleum perdió 2,3% en Tel Aviv.
Quirno interpretó esos movimientos como una primera señal del impacto económico que busca generar la nueva estrategia.
“Diplomacia ejecutiva y diplomacia económica”
El canciller definió el enfoque oficial como una combinación de herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y financieras.
“Ese es, si querés, el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica”, sostuvo.
Según explicó, Argentina pretende ejercer simultáneamente sus derechos mediante la diplomacia y utilizar instrumentos legales y financieros capaces de afectar económicamente a las compañías que participen en actividades que Buenos Aires considera ilegítimas en Malvinas.
Quirno rechazó además que las decisiones anunciadas sean medidas aisladas.
“Estas no son medidas a la marchanta y medidas para cubrir un tema que es muy caro al corazón nuestro. Estas son una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible”, afirmó.
La Cancillería también mantiene conversaciones con el sector privado y, según el funcionario, ya consiguió el respaldo de distintas cámaras empresariales.
Argentina también dialoga con Chile
Otro componente de la estrategia se concentra en los servicios logísticos utilizados para actividades hidrocarburíferas y pesqueras en el área de Malvinas.
Quirno hizo referencia a conversaciones mantenidas con Chile y aseguró que existe una coincidencia inicial con el planteo argentino respecto de evitar determinada asistencia logística destinada a esas operaciones.
El Gobierno busca así extender la presión más allá de las empresas que explotan directamente los recursos y alcanzar también la cadena de servicios necesaria para sostener las actividades económicas en las islas.
La próxima instancia clave estará en el Congreso, donde deberá debatirse la reforma de la Ley 26.659.
El proyecto pretende endurecer y ampliar las sanciones para alcanzar a compañías que presten servicios a explotaciones hidrocarburíferas realizadas en Malvinas sin autorización argentina.
Con las nuevas medidas, el Gobierno busca convertir el potencial económico de Vaca Muerta, el acceso al RIGI y al mercado argentino en instrumentos concretos de presión: para las compañías alcanzadas por el nuevo esquema, la decisión que plantea Buenos Aires será cada vez más directa: continuar vinculadas con operaciones en Malvinas o conservar la posibilidad de invertir y hacer negocios en Argentina.
