Por: Dr. Abdelaziz Tarekji
Periodista de investigación y analista en violaciones a los derechos humanos
Descripción:
Testimonio de un periodista y ciudadano argentino sobre un marketing agresivo que derivó en hostigamiento sistemático y, posteriormente, en un mensaje de contenido racista enviado desde un número oficial de Movistar, y los interrogantes legales y éticos que esto plantea sobre la responsabilidad de las grandes empresas y los límites de la rendición de cuentas.
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El hostigamiento telefónico dejó de ser un simple fastidio cotidiano para convertirse, en muchos casos, en una práctica sistemática que vulnera la privacidad y avasalla el tiempo y la tranquilidad de las personas. Sin embargo, lo ocurrido conmigo en los últimos meses fue mucho más allá: pasó del marketing agresivo a un discurso de odio emitido a través de un canal oficial de una gran empresa de telecomunicaciones.
Desde hace más de tres meses comencé a recibir llamadas comerciales reiteradas de Movistar (Movistar Argentina) en todos los horarios —mañana, tarde, noche y madrugada—, incluso en días hábiles, fines de semana y domingos. A pesar de haber solicitado de manera expresa y reiterada que cesaran los contactos, y de haber bloqueado numerosos números, el hostigamiento continuó con una frecuencia diaria, en ocasiones más de una vez por día.
Este patrón de llamadas no fue circunstancial. Impactó directamente en mi vida cotidiana, provocándome alteraciones del sueño, estrés, irritabilidad, molestias durante períodos de enfermedad y una sensación permanente de acoso. Por eso, hablar de “marketing” en este contexto resulta insuficiente: la insistencia reiterada frente a un rechazo claro priva a cualquier contacto de legitimidad.
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El hecho más grave
El 31 de enero de 2026, a las 01:29, recibí una llamada telefónica de un representante de Movistar, durante la cual solicité con claridad que no se me contactara nuevamente y di por finalizada la comunicación debido al hostigamiento.
Esa llamada está grabada y debidamente documentada.
Minutos después, y ante mi falta de respuesta a nuevos intentos de contacto, recibí un mensaje vía WhatsApp desde un número comercial oficialmente vinculado a la empresa. No se trató de un mensaje publicitario: contenía expresiones ofensivas y racistas, aludiendo al origen y la pertenencia, y fue eliminado a los pocos minutos de haber sido enviado.
La emisión de un mensaje de este tenor desde un canal oficial no puede calificarse como un “exceso individual” ni como un “arrebato momentáneo”. Cuando se utilizan herramientas corporativas y datos de clientes para comunicarse, la responsabilidad pasa a ser institucional antes que personal. La posterior eliminación del mensaje constituye un intento tardío de desentenderse de su contenido, no de anular sus efectos.
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Una ciudadanía que no se fragmenta
Escribo este testimonio en mi condición de periodista y de ciudadano argentino con plenos derechos. Sí, soy de raíces árabes, pero ese origen no disminuye mi ciudadanía ni habilita a ninguna entidad —sea cual fuere— a utilizar la procedencia o la identidad como instrumento de humillación o exclusión.
Decirle a una persona “volvé a tu país”, o cualquier formulación similar, es un discurso racista explícito, éticamente inaceptable y contrario a los valores sobre los que se asienta el Estado de Derecho en la Argentina.
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El encuadre legal del caso
Desde el punto de vista jurídico, este tipo de expresiones no constituye una mera falta ética, sino que puede encuadrarse dentro de las conductas discriminatorias prohibidas por la Ley argentina N.º 23.592, que sanciona los actos y discursos basados en la discriminación por raza, origen nacional o pertenencia étnica, y garantiza el derecho a la igualdad y a la dignidad sin excepciones.
Asimismo, la Constitución Nacional, en particular su artículo 16, consagra el principio de igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación entre los ciudadanos. Esta obligación no recae únicamente sobre los poderes públicos, sino que alcanza también a las empresas privadas que operan en el espacio público y se vinculan de manera directa con la ciudadanía.
La gravedad se acentúa cuando el mensaje discriminatorio se emite a través de canales oficiales de una empresa de gran escala, ya que no puede reducirse a un comportamiento aislado: abre la puerta a la responsabilidad institucional, especialmente cuando se utilizan datos personales y medios de contacto comerciales en un contexto que vulnera la dignidad humana.
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Borrar el mensaje no borra el hecho
Un elemento particularmente llamativo del caso es que el mensaje de contenido racista fue eliminado a los pocos minutos de haber sido enviado, y que posteriormente se bloqueó el contacto por WhatsApp.
Sin embargo, la eliminación del mensaje o el cierre del canal de comunicación no extinguen el hecho ni sus efectos legales, máxime cuando existe documentación previa del intercambio y su horario, junto con la grabación de la llamada telefónica y registros de contacto debidamente conservados.
En términos jurídicos, los hechos se evalúan en el momento en que ocurren, no por lo que sucede después. La supresión de la huella digital no convierte un discurso discriminatorio en un acto inexistente.
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¿Por qué importa a la opinión pública?
Lo que me ocurrió puede repetirse —y probablemente ya se haya repetido— con otras personas que no tuvieron la posibilidad o la voluntad de documentarlo o de reclamar. El silencio frente a estas prácticas, ya sea marketing agresivo o discurso de odio, es lo que permite su persistencia y normalización.
Las grandes empresas no se miden únicamente por la magnitud de sus servicios o sus balances, sino por la forma en que tratan a las personas, por el respeto a su dignidad y por su capacidad de hacerse cargo de la conducta de sus representantes cuando esa dignidad es vulnerada.
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¿Qué sigue ahora?
Conservo todas las pruebas documentadas relacionadas con estos hechos, incluyendo la grabación de la llamada telefónica, los registros de llamadas, los números utilizados para el hostigamiento y la documentación del mensaje que fue enviado y luego eliminado.
Estas pruebas serán puestas a disposición de la Justicia y de las autoridades administrativas competentes, a través de los canales legales correspondientes, para que se investigue la conducta, se determine la responsabilidad de la empresa y se exija el cese de estas prácticas, garantizando su no repetición.
La publicación de este testimonio no es un ajuste de cuentas, sino un llamado a la rendición de cuentas y una advertencia sobre una línea que no debe cruzarse:
entre el marketing legítimo,
el hostigamiento sistemático,
y el deslizamiento más grave hacia el discurso de odio.
Porque la dignidad no es un detalle, y porque el silencio —incluso frente a un “mensaje borrado”— puede ser el comienzo del problema, no su final.
