Equipo de Redacción – Noticias Latinas
La Procuración General de la Nación aprobó una nueva guía destinada a orientar a los fiscales federales argentinos en la investigación de posibles incidentes vinculados al terrorismo antes de que se concrete un atentado, incorporando criterios para analizar procesos de radicalización, amenazas digitales, propaganda extremista y señales progresivas de riesgo.
La medida fue aprobada por el procurador general Eduardo Casal y plantea un cambio de enfoque: la investigación del terrorismo no deberá concentrarse exclusivamente en el momento del ataque, sino también en las distintas etapas que pueden precederlo, desde la radicalización en internet hasta el reclutamiento, el apoyo logístico o la preparación concreta de acciones violentas.
La guía fue elaborada conjuntamente por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), con aportes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
Las redes sociales como una de las primeras señales
Uno de los ejes centrales del documento es el análisis de los espacios digitales. Según los datos incluidos en la guía, más del 90% de los incidentes previos a un eventual atentado comienzan con publicaciones, amenazas o expresiones de glorificación de la violencia difundidas mediante redes sociales, foros o plataformas de videojuegos en línea.
Hasta ahora, algunas de esas conductas podían ser investigadas únicamente como hechos aislados o delitos comunes. El nuevo enfoque propone analizarlas dentro de un contexto más amplio para determinar si forman parte de un proceso progresivo de radicalización violenta.
La estrategia toma como referencia criterios internacionales, entre ellos los desarrollados por las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad en materia de prevención del terrorismo.
Cinco categorías para determinar el nivel de riesgo
La guía incorpora una matriz de indicadores de riesgo progresivo destinada a ayudar a los fiscales a establecer la gravedad de cada situación y definir qué tipo de respuesta judicial corresponde.
Los indicadores se agrupan en cinco categorías: teorías conspirativas y polarización social; identificación con ideologías extremistas; escalada del discurso violento y de las amenazas; extremismo violento acompañado de preparativos concretos; y movilización hacia la comisión efectiva de delitos.
A partir de la combinación de estos elementos, los casos pueden ubicarse en distintos niveles, desde riesgo medio hasta crítico. La acumulación de señales puede justificar una intensificación de la investigación, aunque la propia normativa advierte que ningún indicador aislado es suficiente para demostrar la existencia de un delito.
El documento también pone especial atención sobre los denominados “actores solitarios”, personas que pueden atravesar procesos de radicalización principalmente mediante internet sin necesariamente integrar estructuras terroristas tradicionales.
Según las estadísticas citadas en la guía correspondientes al Global Terrorism Index 2026, el 93% de los atentados terroristas fatales registrados en Occidente durante los últimos cinco años fueron perpetrados por actores solitarios radicalizados digitalmente.
Cómo puede desarrollarse un proceso de radicalización
La nueva herramienta describe la radicalización como un fenómeno gradual y no necesariamente inmediato.
Una de las primeras etapas identificadas es la denominada “apertura cognitiva”, momento en el que una persona comienza a cuestionar o rechazar instituciones, normas o referencias que anteriormente reconocía.
Situaciones de aislamiento, humillación, crisis personales o necesidad de pertenencia pueden aumentar la vulnerabilidad frente a discursos extremistas. La captación puede comenzar con propaganda abierta y continuar mediante comunicaciones personalizadas hasta trasladarse a comunidades digitales cerradas.
Desde esa perspectiva, la Procuración propone observar el terrorismo como un proceso compuesto por diferentes actividades relacionadas entre sí, incluyendo eventualmente propaganda, financiamiento, apoyo logístico, radicalización y planificación.
Videojuegos y plataformas digitales bajo análisis
Otro capítulo de la guía aborda específicamente los videojuegos en línea y otros ecosistemas digitales, debido a su utilización potencial como espacios de contacto y socialización.
El documento aclara expresamente que los videojuegos no constituyen por sí mismos un problema ni una señal de radicalización. La preocupación se concentra en el aprovechamiento que determinados actores extremistas pueden hacer de esos espacios.
Las dinámicas de pertenencia a grupos, construcción de identidad y objetivos compartidos pueden ser utilizadas para acercarse especialmente a jóvenes o adolescentes y posteriormente trasladarlos hacia canales cerrados donde circulan contenidos políticos o ideológicos más radicalizados.
Siete áreas para investigar posibles amenazas
La metodología propuesta contempla siete áreas principales para recopilar y analizar información: inteligencia financiera, análisis forense digital, vigilancia física y electrónica, investigación mediante fuentes abiertas, técnicas especiales de investigación, análisis de evidencia física y obtención de pruebas testimoniales.
Sin embargo, el documento establece un límite fundamental: ninguna de esas herramientas puede justificar por sí sola una acusación penal.
Las intervenciones más invasivas —entre ellas detenciones, secuestro de dispositivos electrónicos o determinadas formas de vigilancia— deberán estar sustentadas en evidencia contextual y suficiente y, cuando corresponda, contar con autorización judicial.
Los casos considerados de riesgo elevado podrán requerir una evaluación permanente y coordinada entre fiscales, fuerzas de seguridad y especialistas, especialmente cuando existan elementos que indiquen una posible evolución hacia una acción violenta.
La guía advierte contra la criminalización de ideas
Uno de los aspectos centrales de la normativa es la incorporación de salvaguardas destinadas a impedir que el modelo preventivo termine convirtiéndose en un mecanismo para perseguir determinadas ideas o identidades.
La guía establece que la ideología, religión, nacionalidad, origen étnico o las críticas contra las instituciones no pueden constituir por sí mismas fundamentos para atribuir responsabilidad penal.
También señala que deben preservarse la libertad de expresión, de culto, de asociación y el derecho a la intimidad.
La actuación estatal deberá respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y ningún indicador de riesgo considerado individualmente podrá habilitar automáticamente medidas intrusivas.
Otro límite se refiere a la información procedente de organismos de inteligencia argentinos o extranjeros. Estos datos podrán funcionar como punto inicial o “notitia criminis”, pero deberán ser posteriormente corroborados mediante pruebas independientes para avanzar judicialmente.
Capacitación y actualización permanente
Por disposición de Eduardo Casal, el nuevo instrumento deberá difundirse entre las fiscalías federales y estará acompañado por procesos de capacitación y actualización permanente, una cuestión considerada especialmente importante ante la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y los métodos utilizados en los entornos digitales.
La guía tendrá carácter orientador. Por lo tanto, la evaluación concreta de las pruebas y las decisiones procesales continuarán bajo responsabilidad del fiscal encargado de cada investigación.
Con este nuevo esquema, el Ministerio Público Fiscal busca anticiparse a potenciales amenazas sin esperar a que se concrete un atentado, pero estableciendo al mismo tiempo límites destinados a evitar que la prevención antiterrorista derive en la criminalización de expresiones, creencias o conductas que se encuentran protegidas por la ley.
