Desde hace años, diputados y senadores de las más diversas identidades políticas proponen legalizar la eutanasia, con proyectos que apuntan a remover todas las barreras jurídicas para las personas que quieren terminar con su vida, ante un cuadro de salud grave o incapacitante. Emulando a otros países, Uruguay aprobó ayer un nuevo marco normativo. Argentina, en cambio, la idea está paralizada.
El país fue uno de los pioneros en 2012 en la sanción de la Ley de Muerte Digna en 2012, que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal. Se aprobó tomando como referencia el caso “Bahamondez”, donde la Corte Suprema de la Nación sentó un precedente del derecho de los pacientes a negarse a ser asistido en un tratamiento sanitario. Menos suerte tuvo la denominada “eutanasia activa”, es decir, la asistencia médica legal para morir.
Sin esta regulación, pacientes y familiares que desean poner fin al sufrimiento deben sortear un complejo y costoso camino judicial, que no siempre concluye garantizando ese derecho.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado, se presentaron en los últimos dos años 5 proyectos orientados a habilitar la eutanasia. Todos tienen estado parlamentario y llevan los nombres de “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” o “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”, entre otros.
Los autores de las iniciativas atraviesan el conjunto del campo ideológico. Llamativamente, hasta ahora no lograron consensuar un texto para darle sanción.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), hoy aliado de Javier Milei, viene presentando una propuesta desde el 2021 -el año pasado volvió a ingresarla al Congreso-, en conjunto con la senadora Mariana Juri. Define la regulación de la eutanasia activa bajo el principio de respeto a la autonomía, dignidad y libertad de las personas que padecen enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes a partir de los 16 años.
Las características salientes de ese proyecto de 20 artículos apunta a garantizar la recepción de ayuda para morir a las personas en esas condiciones, estableciendo requisitos estrictos de capacidad, consentimiento y procedimiento, y derechos como el acceso a información, trato digno, confidencialidad, y como la cobertura total de la prestación en el sistema de salud público y privado.
Además, crea una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada provincia, con funciones de control, evaluación y resolución de solicitudes; y reconoce la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud, obligando a la derivación oportuna del paciente y estableciendo sanciones por incumplimiento. Por otro lado, modifica el Código Civil y Comercial para permitir directivas médicas anticipadas que incluyan la eutanasia activa, considerando la muerte resultante como natural a efectos legales.
En junio de 2024, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) ingresó un texto de 24 páginas y 27 artículos, que también despenaliza la eutanasia activa y el suicidio asistido, en la que se comparte varios postulados del proyecto de Cornejo. Una diferencia es contar con nacionalidad argentina o una residencia no inferior a los dos años para recibir asistencia. También se agrega la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa para quienes actúen conforme a la ley.
El proyecto modifica la Ley de Derechos del Paciente y el Código Penal para permitir y despenalizar la asistencia médica para morir bajo condiciones reguladas, diferenciando estas prácticas de delitos comunes.
Desde el kirchnerismo, un conjunto de 14 diputados del bloque de Unión por la Patria introdujeron el proyecto de ley de “muerte voluntaria médicamente asistida”, que modifica también los códigos civil y comercial y penal. Encabezados por Carolina Gaillard y Gabriela Estévez, que tienen otro proyecto firmado, la propuesta es similar a las anteriores, aunque indica como requisito ser mayor de 18 años y establece un enfoque de derechos humanos, autonomía y dignidad, integrando la perspectiva de “cuidados paliativos” y experiencias internacionales. Asegura también la cobertura integral y gratuita de la prestación en todo el sistema de salud.
Otras diferencias son las características del procedimiento, que exige solicitud libre e informada, evaluación interdisciplinaria, consentimiento reiterado y revisiones por un médico consultor y comisiones especializadas, garantizando la ausencia de conflictos de interés. Además, propone crear la Comisión Nacional y Comisiones Jurisdiccionales para la Muerte Voluntaria Médicamente Asistida, integradas por profesionales de la salud, abogados y especialistas en ciencias sociales, responsables de supervisar, resolver controversias y elaborar informes sobre la aplicación de la ley.
Por su lado, en abril de 2023, con la autoría de Jimena Latorre (UCR), otro grupo de 15 legisladores radicales y del PRO -entre ellos Margarita Stolbizer, Karina Banfi, Sabrina Ajmechet, Martín Tetaz, Danya Tavela– presentaron otra iniciativa de “regulación de la eutanasia” o “buena muerte”. Entre los coautores, figura Laura Rodríguez Machado, del PRO, que ocupa la presidencia de la estratégica comisión de Legislación Penal.
Pese a la pluralidad de legisladores interesados, las urgencias del país y las eventuales presiones, obstaculizan el tratamiento en las comisiones. Fue un año donde la prioridad la tuvo el Hospital Garrahan, entre otras instituciones sanitarias. La prioridad legislativa de este año en lo que respecta a salud está puesta en la Ley de creación de ANMAT, tras la crisis por el entramado de complicidades que generó el centenar de muertes causado por el fentanilo contaminado.
“Es un tema interesante de discusión, el tema es cuándo. Siempre hay cosas más urgentes, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que no tienen garantizados los cuidados paliativos de calidad. Una cosa debería venir de la mano de la otra. La eutanasia no soluciona la falta de cuidados paliativos. Sin esto garantizado, desde lo ético es muy complicado”, sostuvo a Infobae el diputado tucumano de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública.
Yedlin agregó que la eutanasia “tiene lobby muy fuerte en contra de grupos religiosos, como los católicos, evangélicos y de judíos ortodoxos”, y que se debe considerar el contexto marcado por el ajuste. Recordó que el Gobierno nacional “achica” el presupuesto en áreas de salud, y cierra organismos como el Instituto del Cáncer, para “dejarlo todo en mano de las provincias o privatizarlo, en vez de integrar el sistema” público y privado.
Un estudio reciente del Conicet, presentado en agosto de 2023 en la Cámara de Diputados, le preguntó a profesionales de la salud sobre las prácticas de eutanasia activa. De los 745 especialistas consultados que atienden a pacientes graves, el 45% de los profesionales recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por parte de familiares de pacientes. De ese total, el 80% de los encuestados está a favor de legislar y el 15% en desacuerdo.
En la población hay un interés favorable para despenalizar la “buena muerte”. Una encuesta nacional del Observatorio Pulsar.UBA, realizada entre el 27 de mayo y 4 de junio pasado, evidenció que el 77% de los encuestados está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas.
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