Por Dr. Abdel Aziz Tarekji
Periodista de investigación e investigador especializado en violaciones internacionales de los derechos humanos y derecho internacional
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La Cuestión Malvinas no es una disputa circunstancial por unas islas del Atlántico Sur, ni un legado que haya quedado sepultado con el final de la guerra de 1982.
Es una cuestión de soberanía argentina que se remonta al siglo XIX, sustentada en una continuidad histórica, en actos efectivos de soberanía y en un reclamo que nunca fue abandonado. Con el paso del tiempo, además, se consolidó como una causa constitucional profundamente arraigada en el Estado y en la conciencia nacional argentina.
El Reino Unido ejerce el control efectivo de las islas, pero control y soberanía jurídica no son lo mismo. A casi dos siglos de la imposición de la presencia británica por la fuerza, no existe una sentencia internacional que haya reconocido a Londres la soberanía sobre las islas, la Argentina nunca renunció a su reclamo y las Naciones Unidas continúan considerando la cuestión como una disputa de soberanía que requiere una solución pacífica y negociada.
1833: cuando Gran Bretaña impuso por la fuerza una situación de hecho
La relación de la Argentina con las Malvinas no comenzó en 1982.
Las islas estuvieron bajo administración española hasta 1811 y, posteriormente, el naciente Estado argentino reivindicó los derechos territoriales heredados de España conforme al principio de uti possidetis juris, además de ejercer actos efectivos de autoridad sobre las islas.
El 6 de noviembre de 1820 se izó la bandera argentina en Puerto Soledad en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1829, el Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designó a Luis Vernet al frente de ella.
El punto de quiebre llegó en enero de 1833, cuando arribó el buque de guerra británico HMS Clio. Ante la superioridad militar británica, la autoridad argentina existente fue desplazada y se impuso la bandera británica.
Gran Bretaña no obtuvo entonces las islas mediante un tratado de cesión firmado por la Argentina ni en virtud de una sentencia internacional. Lo que el buque de guerra impuso fue un control de hecho; la soberanía, en cambio, continuó siendo objeto de disputa.
Y hay un elemento fundamental: la Argentina no guardó silencio. Protestó frente al accionar británico y mantuvo su reclamo sobre las islas, lo que impide interpretar el paso del tiempo como una aceptación argentina de la situación impuesta.
Naciones Unidas: la disputa de soberanía no terminó
La Resolución 2065 (XX), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, constituye un punto central en la Cuestión Malvinas.
La resolución no otorgó la soberanía a la Argentina, pero tampoco se la reconoció al Reino Unido. Lo que hizo —y esto resulta fundamental— fue reconocer la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas, enmarcar la cuestión en el proceso de descolonización e instar a ambas partes a negociar para alcanzar una solución pacífica.
Esto basta para desmentir la pretensión de que el prolongado control británico haya puesto fin jurídicamente a la controversia.
Años después, la Resolución 31/49 de 1976 instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que implicaran introducir modificaciones en la situación mientras continuara el proceso de negociación.
Por eso, la explotación de hidrocarburos y de los recursos marítimos tiene una dimensión que excede ampliamente lo económico. Cuando la propia soberanía sobre un territorio continúa siendo objeto de una controversia internacional, la explotación unilateral de sus recursos pasa a formar parte de esa misma disputa.
De allí el rechazo argentino a las licencias y a la explotación de recursos en áreas que considera integrantes de su territorio y de sus espacios marítimos.
La Constitución argentina fijó la posición del Estado
En 1994, la Cuestión Malvinas dejó de estar sostenida únicamente por una continuidad histórica y política para quedar expresamente consagrada en la norma jurídica suprema de la República Argentina.
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
Más aún: la Constitución establece que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La Constitución argentina, por sí sola, no constituye una sentencia internacional vinculante para el Reino Unido. Pero sí define algo esencial dentro de nuestro país: Malvinas no es la posición circunstancial de un gobierno ni la consigna de un presidente.
Es una causa nacional, una política de Estado y un mandato constitucional.
Malvinas, en el corazón de la Argentina
Pero quien pretenda comprender la Cuestión Malvinas únicamente a través de textos jurídicos estará viendo apenas una parte de su verdadera dimensión.
En la Argentina, Malvinas está presente en las escuelas, en las universidades, en las plazas, en los monumentos, en los nombres de calles e instituciones; está en la memoria de los soldados, de los veteranos y de las familias de quienes no regresaron de la guerra de 1982.
La frase “Las Malvinas son argentinas” no es una simple consigna política. Forma parte de nuestra memoria colectiva y representa una de las pocas causas nacionales capaces de atravesar las profundas divisiones entre izquierda y derecha, entre oficialismo y oposición y entre gobiernos de signos políticos completamente diferentes.
Los argentinos podemos discutir prácticamente todo: la economía, los gobiernos, los partidos, los presidentes o la política exterior.
Malvinas, sin embargo, ha permanecido por encima de esas diferencias.
Por eso, la Cuestión Malvinas no puede reducirse al resultado de la guerra de 1982.
La guerra terminó. Malvinas permaneció en la conciencia nacional argentina, el reclamo quedó consagrado en la Constitución y la disputa continuó presente ante la comunidad internacional.
1982: terminó la guerra, no la disputa de soberanía
Defender los derechos argentinos sobre Malvinas no exige justificar la decisión de la dictadura militar de recurrir a la fuerza en 1982.
El Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 502, exigió el retiro de las fuerzas argentinas y el cese de las hostilidades. La guerra terminó con una victoria militar británica.
Pero la Resolución 502 no reconoció al Reino Unido la soberanía sobre las Malvinas. La disputa de soberanía ya había sido reconocida en el ámbito de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 de 1965, diecisiete años antes de la guerra.
Hay, por lo tanto, dos cuestiones que no deben confundirse: el Reino Unido ganó la guerra y recuperó el control efectivo de las islas, pero esa victoria no produjo una sentencia internacional que resolviera la soberanía a su favor.
Los cañones pueden decidir una batalla; no necesariamente resuelven una controversia jurídica.
La Argentina plantea el derecho; Londres responde exhibiendo su poder militar
El 3 de septiembre de 2026, el presidente Javier Milei volvió a afirmar en un mensaje oficial que “las Malvinas son argentinas, por la historia y por derecho”, y anunció la utilización de herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y jurídicas frente a la explotación de recursos en las áreas en disputa.
El presidente también subrayó que Malvinas constituye una causa nacional que trasciende gobiernos y divisiones políticas.
La respuesta británica llegó al día siguiente, reafirmando la posición de Londres. Pero resultó particularmente significativa la contestación de un portavoz de Downing Street cuando fue consultado sobre la capacidad de defender las islas: señaló que las Fuerzas Armadas británicas se encuentran preparadas “las 24 horas del día, los siete días de la semana” para proteger al Reino Unido y sus intereses.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, esa declaración, por sí sola, no basta para afirmar que constituye una amenaza ilícita del uso de la fuerza en los términos del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, invocar la disponibilidad militar en el contexto de una controversia que las propias Naciones Unidas instan a resolver mediante negociaciones transmite un mensaje político que no puede ser ignorado.
La respuesta argentina más sólida no consiste en entrar en una competencia de demostraciones militares, sino en aferrarse al derecho.
Recuperar Malvinas: por el derecho, no por nuevas aventuras
El camino de la Argentina hacia Malvinas no pasa por repetir la guerra de 1982, sino por acumular fortaleza jurídica y diplomática.
Ese camino comienza por sostener la Resolución 2065, exigir la reanudación de las negociaciones sobre soberanía y mantener la Cuestión Malvinas presente en las Naciones Unidas, en el Comité Especial de Descolonización y en los organismos regionales, al tiempo que se enfrentan las medidas unilaterales vinculadas con los recursos mediante todas las herramientas jurídicas, económicas y diplomáticas disponibles.
La Argentina también puede continuar explorando las vías judiciales internacionales posibles, teniendo presente que una decisión vinculante de la Corte Internacional de Justicia requiere una base jurisdiccional que permita al tribunal intervenir, mientras se profundiza la acción diplomática destinada a mantener la controversia vigente en las instituciones internacionales.
Al mismo tiempo, respetar los derechos, los bienes y el modo de vida de los habitantes de las islas no contradice el reclamo de soberanía: es una obligación expresamente contemplada por la propia Constitución Nacional.
Malvinas: un derecho que no prescribe con el paso del tiempo
A casi dos siglos de 1833, el Reino Unido puede demostrar que ejerce el control efectivo sobre las Malvinas. Lo que no puede afirmar es que exista una decisión definitiva de la comunidad internacional que haya resuelto a su favor la disputa de soberanía.
Ese es el núcleo de la cuestión.
Para la Argentina, Malvinas no es un territorio lejano en el Atlántico Sur. Es parte de su historia, de su Constitución, de su memoria nacional y una herida que permanece abierta en la conciencia de su pueblo.
La Argentina no necesita nuevos cañones para demostrarlo. Necesita unidad nacional, paciencia estratégica, fortaleza diplomática y perseverancia en el derecho internacional hasta que el Reino Unido regrese al lugar al que las Naciones Unidas vienen convocando a ambas partes desde hace décadas:
la mesa de negociaciones.
Porque una ocupación, por prolongada que sea, no debe convertirse en un premio, y la fuerza, por poderosa que sea, no puede por sí sola crear la legitimidad de la soberanía.
Malvinas seguirá siendo, en la Constitución, en la memoria y en el corazón de los argentinos, una causa nacional que no prescribe con el paso del tiempo.
